Notas de Prensa

HOY* : Era esperado y demandado desde hacía 7 años y cuando entró en vigor, el 31 de marzo de 2010, lo hizo ante la atonía general del sector de la construcción, fruto de la crisis del ladrillo y del cierre del grifo de la financiación. El Plan General Municipal (PGM) acaba de cumplir su primer año de vigencia y no se ha hecho ni una sola de las 33.000 viviendas que contempla en los nuevos suelos urbanizables de de la ciudad. Un año ha pasado y no se ha movido un ladrillo. Lo que se está construyendo es parte del cupo de viviendas que proceden del Plan de Urbanismo anterior o de actuaciones extraordinarias, el caso del PIR del Junquillo. No se ha comenzado ninguna urbanización ni construido ninguno de los pisos . Tan sólo hay una intervención en fase embrionaria, en tramitación técnica. Se trata de la operación del solar de las Carmelitas, que incluye el proyecto de El Corte Inglés.

Este solar se puede desarrollar con los nuevos usos (residencial, docente y comercial) gracias a la aprobación del PGM, pero ha transcurrido un año y varios días y los promotores de la operación todavía están ultimando el plan de viabilidad que tienen que presentar en el Ayuntamiento para iniciar su estudio y poder aprobarlo. El Plan Parcial de las Carmelitas debe contemplar la ordenación de la parcela, con las edificaciones, viales y espacios que transformarán estos 12.000 metros cuadrados del centro de la ciudad. Los promotores tienen que construir primero el nuevo colegio de las Carmelitas antes de poder comenzar la obra del centro comercial y podrían adelantar la edificación de los 100 pisos que se autorizan.
Esta operación urbanística está en marcha y sus promotores consideran viable el proyecto, pero lo cierto es que llega seis años después de que presentaran la propuesta en el Ayuntamiento, en abril de 2005. Eran tiempos de bonanza económica y de ‘boom’ inmobiliario y de la construcción y sin el menor atisbo de cicatería bancaria en créditos.
Ahora, la operación de El Corte Inglés está desbloqueada y autorizada en tiempos de cierre del grifo financiero y de retroceso o cambio de tendencias en la demanda de viviendas. No parecen tiempos propicios para comprar pisos de lujo. En todo caso, la operación está a las puertas de poder ser actividad en la tramitación de los proyectos técnicos, aunque pasará un tiempo hasta que los cacereños puedan ver las máquinas en el solar.
También está en fase de proyecto técnico la ordenación de Charca Musia, como núcleo industrial y residencial. El plan de actuación urbanística lo abordarán los propietarios junto con el Ayuntamiento.
Ferial
Una de las prioridades que se marcó el Ayuntamiento y así fue recogida en el PGM es el nuevo sector urbanizable del antiguo campo de aviación, con más de 4.000 viviendas. Es un sector de prioridad 1 y además con ordenación detalladas, de tal manera que se podía comenzar de forma más o menos rápida, tras la aprobación del correspondiente Plan Parcial. Sin embargo, la crisis del sector hace evidente su dilatación en el tiempo y, de hecho, no se ha hecho ningún trámite, más allá de reuniones de los propietarios entre ellos y con el Ayuntamiento, y debido al interés de la ciudad por contar con un centro de ocio y el pabellón para ferias y muestras comerciales.
Al final, para adelantar tiempo, el Ayuntamiento ha optado por pro promover un Proyecto de Interés Regional (PIR) para levantar el pabellón de muestras junto al Hípico al margen del desarrollo de la urbanización, pero con una previsión de encajar esta pieza (el pabellón) en el futuro diseño del residencial. De momento, no se ha diseñado ni adelantado nada para ningún centro de ocio, aunque es otra previsión que se mantiene para este sector urbanizable, además de la reordenación del recinto para las atracciones y casetas de las ferias de San Fernando.
Matadero
Si este año de vigencia del PGM no ha servido para poner un solo ladrillo, sí sirve para poder hacer cambios en lo ya planificado. La normativa exige que tenga que transcurrir un año desde que se aprueba el planeamiento para poder autorizar cambios en el mismo. Y es lo que ya se ha hecho en la parcela del antiguo matadero, con el fin de permitir doblar el uso comercial en la misma y ofrecer así mayor rentabilidad a los promotores de un centro de ocio y comercial (ver HOY del pasado día 6 de marzo).
También se ha tenido que esperar un año para poder tramitar la modificación puntual del PGM en unos terrenos por donde construir el vial de conexión de Cáceres el Viejo con el residencial Gredos ya que es suelo calificado como verde y docente.
Asimismo se ha modificado el PGM para permitir la reforma de locales de hostelería a nuevos usos (como café-concierto) en lo relativo a superficies mínimas ya que el PGM exigía más de los 100 metros que autoriza la ordenanza municipal. Otra modificación puntual aprobada es para autorizar las casas unifamiliares en Antonio Canales, donde por error sólo se recogían en el PGM viviendas en bloques.

PROYECTOS Y CAMBIOS
EN SU CONTEXTO

33.000
Es el número de viviendas que contempla el nuevo PGM de Cáceres, distribuidas por los nuevos sectores de suelo urbanizable localizados en casi todas las entradas y salidas de la ciudad. Son tres plazos: 24.000 viviendas a cinco años; 7.000, a diez, y 1.500 a 15 años más las de Arroyo-Malpartida y Valdesalor.

2010
El nuevo Plan General Municipal (PGM) entró en vigor el 31 de marzo de 2010, al día siguiente de ser publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) tras ser aprobado por la Junta de Extremadura después de haber recibido el visto bueno de la comisión regional de Urbanismo el 29 de enero.

100
Es la extensión aproximada de suelo que el Ayuntamiento obtiene en la Montaña como sistemas generales y cuyos propietarios obtienen derechos de edificación en los nuevos sectores urbanizables de la ciudad. El PGM también contempla la Charca Musia y las Capellanías como enclaves industriales.

* Hoy – 19.04.11
Foto: Cáceres, obras Plaza Mayor (archivo) – regiondigital.com

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LNE/Asturias* : Los expertos en derecho urbanístico auguran una «lluvia de pleitos» y de reclamaciones patrimoniales como consecuencia de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Llanes, ratificada hace dos meses por el Tribunal Supremo. Los participantes en el debate «SOS Llanes: 20 años después», celebrado ayer en el Club Prensa Asturiana de LNE, dibujaron un negro panorama para el urbanismo llanisco, tras la anulación de todos sus planeamientos anteriores. El acto, organizado en colaboración con la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), contó con la participación de la secretaria de este colectivo, María José Rodríguez; Javier Calzadilla Pérez, ex decano del Colegio de Arquitectos de Asturias; Gerardo de la Iglesia Guerra, letrado especialista en urbanismo; Jorge Álvarez de Linera Prado, letrado de Andecha Astur en la sentencia que anuló el último planeamiento de Llanes, y Olga Álvarez, abogada de AVALL para el recurso contra el plan de Llanes.

María José Rodríguez señaló al delegado del Gobierno y anterior alcalde de Llanes, Antonio Trevín, como «autor y madre poderosa del engendro» urbanístico. Aseguró que el anunciado régimen provisional de cooperación con la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) que permitirá seguir concediendo algunas licencias en el concejo es, «dicho en cristiano, una retirada de competencias». Con la ayuda de fotografías aéreas ejemplificó el «deterioro» y la «destrucción» de diversas zonas del municipio. Y habló abiertamente de «tremendo pelotazo» cuando detalló las sucesivas ventas de La Talá, una de las actuaciones «estrella» del plan de Llanes, desde que, en 1990, la adquirieron en 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros) dos inversores madrileños, hasta que Cajastur la compró al Grupo Nózar, en 2008, en 47 millones de euros, según las cuentas que ofreció Rodríguez.

Gerardo de la Iglesia indicó que el urbanismo llanisco es «la historia del empecinamiento y del engaño político continuado y doloso». Aseguró que a partir de ahora llegará «el vacío total y absoluto», pues las competencias del Ayuntamiento «son cero» y «todo depende del Principado». Advirtió sobre las responsabilidades patrimoniales del Ayuntamiento, al que «le lloverán pleitos». Por ejemplo, los ciudadanos afectados por la anulación podrán exigir al Ayuntamiento «la devolución de los pagos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los últimos cuatro años, más los intereses correspondientes».

Javier Calzadilla relató el «pintoresco» proceso urbanístico de Llanes, desde que, en 1988, el Ayuntamiento llamó a participar en el avance a «inversores reales y comprometidos», en lugar de a todos los ciudadanos, como exige la ley. Calzadilla recordó que el Colegio de Arquitectos alegó en contra de aquel planeamiento, al considerarlo «altamente especulativo», «técnicamente confuso», «absolutamente irrespetuoso con el medio ambiente» y «lleno de defectos procedimentales». Desde entonces, Ayuntamiento y Principado se han dedicado a «sostenella y no enmendalla», lo que ha desembocado en la «calamitosa situación actual», según Calzadilla.

Olga Álvarez criticó el empeño de las autoridades en «tirar p’alante» pese a las continuas sentencias condenatorias y advirtió sobre un «grave problema»: las autoridades han aprobado planes después de las sentencias anulatorias; entre ellos, los de La Portiella-La Llavandera, Los Barquitos, La Talá, La Huertona y Los Altares. Esta circunstancia deja, en su opinión, en el aire el futuro de estas actuaciones, algunas de ellas ya desarrolladas.

Jorge Álvarez de Linera destacó los numerosos «errores de bulto» cometidos durante la tramitación por el Ayuntamiento y el Principado y señaló que los últimos veinte años de urbanismo en Llanes han sido «un homenaje a la chapuza» y un «despropósito hecho a propósito». Anunció que ya se ha investigado el patrimonio de los miembros de la CUOTA que dieron «luz verde» al plan de Llanes, con vistas a la petición de «responsabilidades económicas personales» por el «altísimo coste» que tendrá la anulación del plan general, que, en su opinión, implicará «derribos» en algunas zonas, como La Talá.

* La Nueva España – 16.04.11
Foto: Llanes (Asturias), urbanización La Talá – elcomerciodigital.com

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ELDÍA* : El Alto Tribunal obliga a Urbanismo y a la Junta a volverlo a tramitar por no contener una programación detallada en materia económica. Una sentencia de la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo ha anulado en su totalidad el plan especial tramitado por la Gerencia Municipal de Urbanismo para permitir la construcción del parque logístico de Córdoba, una iniciativa que ya es propiedad de la Junta tras la venta de las acciones de Procórdoba y que se ha integrado en una mercantil autonómica, Red Logística de Andalucía. La sentencia contraviene lo dispuesto en su momento por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que consideró en su día que el plan especial, aprobado en 2005, había tenido una tramitación totalmente correcta.

El fallo es fruto de un pleito entablado por unos titulares que se consideraban agraviados por la valoración de los terrenos expropiados por el Ayuntamiento. En contraprestación, iniciaron una batalla legal que no le ha servido, de momento, para que se le reconozcan las cantidades que se reclamaban, tan altas que una sentencia condenatoria hubiera supuesto para el Consistorio un problema de suma gravedad.

Los propietarios, que recurrieron a los tribunales cada uno de los pasos dados en este sentido, han conseguido una satisfacción anulando el proceso de aprobación del plan especial. Los efectos dependen, fundamentalmente, de lo que se tarde en enmendar la situación y de los planes que existan para el centro logístico. En estos momentos, Urbanismo y la Junta están hablando sobre la aplicación de la sentencia, dijo ayer el delegado de Obras Públicas de la Junta, Francisco García, pero no parece probable que se puedan autorizar licencias o permisos de ningún tipo ni para la construcción de nuevas instalaciones ni para el desarrollo de nuevas fases. El Gobierno andaluz metió en sus presupuestos para 2011 toda la ampliación del complejo que van unidas a la mejora de la terminal de mercancías de El Higuerón por el sistema público privado. Red Logística de Andalucía dispone además de una oferta continuada de suelo y espacio en la nave multimarca para la captación de empresas. Francisco García señaló que no cree que los efectos sean muy importantes.

De los tres motivos de casación expuestos en el recurso de los privados sobre el plan especial, sólo ha prosperado uno, a juicio del tribunal. El Supremo entiende que, según el Reglamento de Planeamiento, es de obligado cumplimiento la existencia de un informe económico financiero como parte del plan especial que garantice las fuentes de financiación de las que se nutrirá el desarrollo de la actuación. Recuerda la sentencia que toda la jurisprudencia en esta materia exige que todos los planes urbanísticos, “desde los más importantes hasta los más modestos”, cuenten con un desarrollo que garantice no tanto las cifras exactas como la procedencia del dinero que se va a utilizar en una inversión inmediata. “Tales previsiones del ordenamiento jurídico han determinado que la jurisprudencia haya requerido, entre la documentación de los planes, la necesaria previsión del capital exigido por las actuaciones en él previstas y la de sus fuentes de financiación, para concluir que su ausencia vicia el plan, al convertirlo en mera apariencia, fuente de inseguridad jurídica y de desprestigio normativo”, afirma el fallo.

La realidad es que el equipo redactor no se quebró demasiado la cabeza en este aspecto del plan del centro de transportes. Dice la sentencia, y se puede comprobar en el texto íntegro del plan (disponible en www.gmucordoba.es) que el documento económico ocupa un folio y es una mera enumeración genérica “ayuna de cualquier indicación de su sentido y si existen -o no- las fuentes de financiación que posibilitarían su ejecución práctica y la expropiación forzosa de los suelos”. “Mal puede evaluarse la viabilidad económica del plan especial cuando no se incluye una partida de gasto tan importante como el coste de la expropiación de los terrenos”, dice el fallo. El Supremo ha rechazado que la inexistencia del plan funcional, anulado por una sentencia anterior, sea una cuestión anulatoria. Del mismo modo, se rechaza que la existencia de una supuesta vulneración del dominio público hidráulico del arroyo Cantarranas implique un vicio sustancial del instrumento de planeamiento en tanto la urbanización respete unas medidas correctoras.

* El Día Córdoba – 19.03.11
Foto: Instalaciones del Parque Logístico de Córdoba, en la carretera de Palma del Río.- eldia

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INFORMACIÖN/Alicante* : Indicios de un delito de negociaciones y actividades prohibidas y un delito de tráfico de influencias. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de San Vicente ha ordenado el procesamiento del exedil de Urbanismo de El Campello Juan Lorenzo Giner, por su participación en la tramitación del plan urbanístico El Barranquet, para abrir juicio oral y esclarecer si cometió alguna ilegalidad, según el auto al que ha tenido acceso este medio. El juez ha concluido las diligencias iniciadas en 2002, cuando admitió a trámite la querella interpuesta por PSOE y EU por la participación de Giner en la tramitación del plan, denominado UA/13, en el que él y su familia tenían terrenos afectados por el proyecto. En las diligencias realizadas por el magistrado se tomó declaración en 2003 tanto al propio Giner, en calidad de imputado, como al alcalde Juan Ramón Varó, como testigo.

En el auto de procesamiento, fechado el 24 de febrero y notificado el pasado miércoles, se explica que “se han practicado en la causa todas las diligencias encaminadas a esclarecer los delitos y averiguar las personas responsables”, resaltando la existencia de indicios de que “Juan Lorenzo Giner, en su condición de concejal de Urbanismo y Contratación del Ayuntamiento de El Campello y durante la tramitación de los proyectos de urbanización y reparcelación de la UA/13, se aprovechó de tal circunstancia para participar de los beneficios del mismo, no sólo mediante la venta de una porción de terreno que el mismo ostentaba en propiedad e incluida en el referido plan al que había informado sobre cuestiones técnicas, sino incidiendo en la marcha del desarrollo del mismo sobre el resto de los miembros del Consistorio a los efectos de asegurarse el mayor beneficio posible en la referida venta”.
Por ello advierte que “los citados hechos pueden ser constitutivos de un delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios del art. 439 CP y un delito de tráfico de influencias del art. 428 CP respecto a Juan Lorenzo Giner”, por lo que procede continuar con las diligencias. Del mismo modo archiva la causa respecto a su exsocio Antonio Pastor, al no hallar indicios de delito en su actuación.
Por ello ha instado a que en el plazo de diez días el Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas, en su caso PSOE y EU, presenten los pertinentes escritos de acusación para proceder a la apertura de juicio oral, o que pidan el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
La edil de Esquerra Unida Erundina Gutiérrez anunció ayer que presentarán escrito de acusación para proceder a la apertura de juicio oral por unas irregularidades que la oposición viene denunciando desde el año 2000, cuando Giner participó en una votación del pleno sobre este proyecto. Gutiérrez destacó que “hay que depurar responsabilidades y aunque la justicia llega diez años después, al final siempre llega”. El portavoz del PSOE Pepe Varó se mostró en la misma línea y señaló que van a seguir con la denuncia presentada por sus compañeros del PSOE en 2002 y pedir la apertura de juicio oral.
Por su parte Giner manifestó ayer que desconocía el auto judicial e insistió en que la citada votación en la que tomó parte fue nueve meses después de haber vendido la parcela afectada, de 6.600 m2, contando además con el respaldo de la entonces Conselleria de Obras (Coput), que en un escrito señalaba que si había vendido los terrenos ya no tenía que abstenerse. En ese pleno se aprobó por unanimidad la exposición al público del plan, por lo que su voto tampoco fue decisivo.
El exedil del PP, que entre 1999 y 2003 fue responsable de Urbanismo y entre 2004 y 2007 de Personal e Infraestructuras, ya no están en el Ayuntamiento y estuvo imputado por un supuesto cobro de comisiones precisamente en este plan, siendo archivada la causa en 2005 al no hallarse pruebas.

Centro social y 800 casas
El plan de El Barranquet se desarrolla en la zona del mismo nombre, entre el centro urbano tradicional y el barrio del Carrerlamar. Esta actuación prevé siete edificios con unas 860 casas, de las que de momento hay construidas cerca de la mitad. Además en la zona se ubica el Parque Central y el Centro Social, entre otras dotaciones.

* Información – 5.03.11
Foto: El Campello (Alicante), puerto – elcampello.es

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QUÉ/Madrid* : IU critica que un operador privado y sin un centímetro de suelo en el ámbito consiga plusvalías por valor de 3.000 millones de euros. El Pleno de la Casa de la Villa ha aprobado este viernes –con los votos a favor de PP y PSOE y la oposición de IU– el Plan Parcial de la Prolongación de la Castellana, que supondrá la generación de 88.000 empleos y 7.200 millones de euros de valor añadido en 2022, como ha detallado la delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez. De este modo se desbloqueaba la conocida en su origen como ‘Operación Chamartín’ tras 20 años desde su inicio y todo gracias a lo que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, ha definido como el “acuerdo más importante” al suponer “la modificación del futuro de los madrileños en el sentido de hacer la gran capital soñada”.

Martínez ha aprovechado su intervención para explicar por qué una operación de estas dimensiones ha estado parada durante dos décadas. En su opinión, todo se debe a un “error inicial de diseño” del que ha acusado indirectamente al equipo del entonces ministro de Fomento, el socialista Josep Borrel.

Y es que el plan se diseñó “como una operación ferroviaria, no como una operación de ciudad”. A eso se sumó que se trasladó a las administraciones “el grueso de los costes de las infraestructuras y no, como es justo, a los propietarios del suelo”, al tiempo que se introdujo un operador privado (DUCH, integrado por el BBVA y la constructora San José) “como actor relevante en la negociación”.

“Y finalmente se llevó a cabo la negociación sin hacer públicas unas cuentas que pusieran negro sobre blanco quién ganaba qué y quién perdía con la operación Chamartín”, ha subrayado la edil después de indicar que las soluciones han llegado en esta legislatura por medio de “una visión más amplia de las oportunidades que encierra el ámbito”.

LA NUEVA CITY DE MADRID

El objetivo es crear “la nueva City de Madrid”, según Martínez, un nuevo distrito económico y de actividades terciarias que incrementarán la capacidad económica y competitiva de la ciudad, además de un cambio en la especialización productiva.

La delegada ha revelado que el impacto a corto y medio plazo en la economía supondrá una inversión de 11.100 millones de euros, 690 millones de euros en el PIB de la capital y 1.584 en el nacional así como 20.000 puestos de trabajo sólo durante el proceso de urbanización y edificación. A largo plazo los impactos serán mayores ya que, cuando esté concluido, se incorporarán 88.000 trabajadores al ámbito y se generará un valor añadido bruto de 7.236 millones en 2022.

Por otro lado, el nuevo convenio “reasigna” las cargas infraestructurales a los propietarios del suelo “ahorrando más de 450 millones a las administraciones”, ha detallado la concejala, que ha apuntado que también se cubrirá la M-30 (sin referirse al by-pass norte), concretamente entre el Hospital de Paz hasta la carretera de Burgos.

Para hacer frente a las críticas de IU, Pilar Martínez ha asegurado que el patrimonio municipal no sólo no se reduce sino que se “refuerza”, de modo que la valoración de la posición patrimonial del Ayuntamiento es de 1.018 millones de euros. Asimismo se mejora la ubicación de los equipamientos públicos y zonas verdes, se integra mejor el transporte público y se incorpora una red de carriles bici, entre otras cuestiones.

Por su parte, el portavoz socialista, David Lucas, ha señalado que con este Plan se eliminarán las barreras de la zona generando una mayor competitividad para la ciudad, sin olvidar el trabajo conjunto hecho con la Administración central. Sí que ha planteado dudas sobre qué pasará con el by-pass norte, un túnel que ha tenido un gran rechazo por los vecinos de Monforte de Lemos, al tiempo que ha planteado que la Colonia de la EMT debería haber sido integrada en el ámbito para su mayor protección.

CRÍTICAS DE IU

Los únicos reproches han venido de la mano del portavoz de IU, Ángel Pérez, que le ha dado una “lectura política” crítica al hecho de que unos 3.000 millones de euros en plusvalías irán a manos privadas. “El BBVA gana 3.000 millones sin tener un centímetro de suelo en el ámbito. Cuando pedimos que ayuden a las gentes que duermen en los bancos no nos referimos a esos bancos”, ha ironizado el concejal.

Ya a finales de 2009, cuando las tres administraciones reactivaron la operación el 23 de diciembre de ese año, el portavoz municipal de IU y candidato a la Alcaldía, Ángel Pérez, tildaba de “escándalo” esta “forma de esquilmar el patrimonio público”, una opinión que ha mantenido al salir de la comisión de Urbanismo.

La coalición de izquierdas recuerda que la venta de suelo superaría los 10.000 millones de euros y que de ese total habría que restar algo más de 3.000 destinados a las infraestructuras. De los 7.000 restantes la proporción, en función de la cantidad de suelo aportado, sería la siguiente: 4.429 millones de euros para el Ministerio de Fomento por su 62,9 por ciento, 1.383 millones para los propietarios privados, 829 millones para el Ayuntamiento y 397 millones para la Comunidad de Madrid por los terrenos ocupados por el Canal de Isabel II.

“Según el acuerdo, de los más de 4.000 millones de Fomento habría que descontar 1.200 en concepto de canon que Duch pagaría a la Administración Central y los 3.000 restantes serían el resultante final de semejante pelotazo. Esto es, siendo benévolo, una primada o, siéndolo menos, todo un desfalco al patrimonio público”, han criticado.

Desde la coalición de izquierdas han defendido que el proyecto debe ser para mejora la zona norte de la ciudad “y la cuenta de resultados de las empresas” para, a renglón seguido, preguntarse “si alguien ha valorado si en la actual coyuntura del sector inmobiliario son necesarias 10.000 viviendas más cuando hay casi 200.000 vacías y están pendientes los nuevos desarrollos que no se desarrollan y la operación de la fábrica de Mahou y del entorno del Calderón”.

La ‘operación Chamartín’ supondrá la construcción de más de 16.000 viviendas en el norte de la capital, de las que 4.000 serán protegidas, y la modernización del norte de Madrid capital. Tras quince años de negociaciones infructuosas, la operación conseguía desbloquearse a través de un proceso en el que se invertirán un total de 10.953 millones de euros procedentes de los beneficios de la propia operación.

En concreto, 1.800 millones irán a urbanización e infraestructuras, mientras que 5.650 millones serán para edificios lucrativos, otros 1.100 irán destinados a dotaciones públicas y los 2.400 millones restantes se destinarán al by-pass norte, a la remodelación de Chamartín y a otras actuaciones ferroviarias del Ministerio y el Ayuntamiento.

Así, el proyecto generará 20.000 puestos de trabajo durante los doce años que se prevé dure su ejecución. Una vez finalizada la operación, se crearán 68.000 empleos estables en las oficinas y otros equipamientos terciarios que se abran en el nuevo ámbito, como hoteles, superficies comerciales y equipamientos privados.

Además, contará con una nueva línea de Metro que discurrirá subterránea a lo largo de la prolongación del actual Paseo de la Castellana. Esta línea partirá desde la estación de Chamartín en dirección norte y contará al menos con cuatro paradas a lo largo de este eje.

Con este proyecto, el Paseo de la Castellana llegará a cruzarse con las carreteras de circunvalación M-30 y la M-40, para lo cual se ha previsto la construcción de enlaces adecuados que faciliten la circulación. Así, se crearán el Nudo Norte con la M-30 y el Nudo Fuencarral con la M-40.

Para garantizar la fluidez del tráfico y una correcta comunicación entre los barrios situados a ambos lados de la futura prolongación del Paseo de la Castellana, el proyecto ha incluido la creación de cinco grandes avenidas transversales, una de ellas subterránea, que se repartirán regularmente a lo largo de toda la vía.

* Qué – EP. – 25.02.11
Foto: Madrid. operación Chamartín – que

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LAVOZDEGALICIA* : La Xunta reclamó ayer el gobierno local que asuma «por unha vez» sus competencias en materia urbanística para evitar poner en peligro la catalogación de la torre de Hércules como patrimonio de la humanidad. La amenaza de los propietarios de los aprovechamientos urbanísticos de la parcela del Agra de San Amaro dejaron entrever su intención de reclamar judicialmente la compensación económica de sus proyectos fallidos y previamente recogidos y aprobados dentro del plan general de 1998 y el estudio de detalle del año 2002, por un importe que, según sus propias estimaciones, podría alcanzar los sesenta millones de euros». A juicio del Gobierno autonómico recordó al Ayuntamiento que el veto a la urbanización del Agra de San Amaro responde a las recomendaciones fijadas por la Unesco y que desde María Pita, «no exercicio das súas competencias en materia de planeamento urbanístico, debe solucionar este problema atopando unha ubicación alternativa para estas construcións e así non incumprir as recomendacións que antes se comprometeron a cumprir».

La concejala de Urbanismo, Obdulia Taboadela, admitió ayer la existencia de conversaciones con los propietarios, pero quiso dejar claro que «non se plantexa o pago de indemnizacións, pero en todo caso non non somos os responsables da decisión. Nós consideramos que a responsable é a Xunta». Taboadela indicó que en ningún caso supondrá merma económica para las arcas municipales, «más allá de no ingresar las cuantías económicas previstas previstas en el apartado de concesión de licencias de obra».

El delegado del Ejecutivo autonómico en A Coruña, Diego Calvo, rechazó la imputación de Taboadela y pidió «que o Concello asuma de unha vez as súas responsabilidades, xa que a competencia exclusiva de outorgar licenzas en só urbano é una competencia exclusivamente municipal».

* La Voz de Galicia – 24.02.11
Foto: A Coruña, entorno Torre Hércules – laopinioncoruna.es

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ELPAÍS/Barcelona* : El miedo de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) a que se construya más en Montjuïc tiene nombre: 6c/mj. Esta es la nueva calificación con la que el Ayuntamiento busca denominar la mayoría del área de la montaña. Según la FAVB, se trata de un “ejercicio de creatividad urbanística” con la que el Consistorio pretende “colar” más urbanización de áreas verdes. Esta es una de las alegaciones que ayer presentó la federación al proyecto de modificación del Plan General Metropolitano (PGM), con el que se reordenará el parque. Según el escrito, el Ayuntamiento equipara espacio libre a zona verde mediante la nueva denominación. Así, por ejemplo, el mirador del MNAC, la explanada de la fuentes mágica y algunas calzadas de la parte superior de la montaña contarían como tales, según la modificación prevista. Para la FAVB, “plantar árboles no cambia la naturaleza urbanística” de los espacios.

El Consistorio dice que con la modificación se aumenta en 93.691 metros cuadrados el área de parques y jardines. Muchos de esos metros cuadrados se ganan a costa de algunas carreteras de las cotas altas que dejarán de serlo y de algunos edificios de equipamientos que serán deconstruidos. Es el caso del pabellón de Italia de la Fira, que se derribará, las instalaciones del tiro olímpico y la hípica.

Ricard Fayos, de los servicios de Urbanismo, alega que la nueva clave urbanística de la que desconfían los vecinos es, en realidad, la forma de blindar la montaña de recalificaciones urbanísticas, es decir, evitar que haya “cambio de cromos” con otras zonas de la ciudad y que se pueda construir en Montjuïc. Asegura que salvo los equipamientos ya previstos, entre ellos la perrera y el centro de interpretación de los acantilados, no se levantarán más edificaciones allí. De esta afirmación desconfían profundamente los vecinos, que no han visto con buenos ojos que el Consistorio decidiera, sin debate, que la perrera irá a Montjuïc. “Ha sido un seudoproceso participativo, nos ha ocultado información técnica”, aseguró Ana Menéndez, presidenta de la asociación de vecinos de La Satalia.

* El País – 24.02.11
Foto: Barcelona, aérea Montjuic – bcnhoy

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LNE/Asturias* : La situación urbanística de Llanes es «dramática», sin parangón con ninguna otra en España. Llanes se ha quedado sin plan urbanístico, pues todos los anteriores están anulados por los jueces o derogados. El Ayuntamiento conserva las competencias urbanísticas, pero carece de normativa municipal que aplicar. Así que su margen de maniobra es muy estrecho, prácticamente inexistente. Los seis expertos consultados ayer -tres prefirieron permanecer en el anonimato- coincidieron en señalar que el Ayuntamiento no podrá conceder licencias de obra mayor (construcción de nuevas viviendas, por ejemplo) hasta que cuente con un nuevo plan general. Sólo podrá otorgar licencias centradas en «la conservación y mantenimiento de lo que hay». Los urbanistas sólo ven una salida posible: suspender de inmediato la concesión de licencias, «para evitar más problemas», y redactar lo más rápido posible, «pero con todas las garantías legales» y «sin atajos», un nuevo plan de urbanismo. Cualquier otro camino «sería un suicidio».

En esos términos se expresó Gerardo de la Iglesia, abogado experto en Derecho Público y Urbanismo. Fue claro y contundente: la sentencia del Supremo es «muy buena y muy fundada en derecho», a la vez que «durísima». El Supremo ha confirmado todas las graves irregularidades observadas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y ha acusado al Ayuntamiento de «ocultación de documentos» y de «hurtar a la ciudadanía la posibilidad de alegar» sobre varias actuaciones urbanísticas, lo que supuso «quebrantar el control democrático de los ciudadanos». Algo «gravísimo», según De la Iglesia, quien incidió asimismo en las deficiencias observadas en la memoria del plan y en el estudio económico y financiero. «Pocas veces he visto una sentencia tan fuerte», añadió el jurista. El futuro es «negro», según De la Iglesia, quien asegura que la sentencia del Supremo ha dejado fuera de ordenación la mayor parte de las actuaciones urbanísticas ejecutadas en el concejo en las últimas décadas. «Será posible legalizar muchas de ellas, pero quizá no todas». Por eso a De la Iglesia no le extrañaría ver «algún derribo» en el concejo de Llanes en los próximos años.

Javier Junceda, abogado y catedrático de la Universidad Internacional de Barcelona, alabó el pronunciamiento del Supremo, que ha certificado la «solidez» de los criterios que llevaron al TSJA a anular el plan general en 2007. «La sentencia confirma punto por punto que se ha infringido el régimen de información pública en la aprobación del PGOU, que se ha vulnerado el régimen de la memoria y estudio económico financiero y que se ha intentado sortear el control jurisdiccional al llevar a un PGOU planes de desarrollo anulados con ocasión de la declaración judicial contraria a las normas subsidiarias municipales» de 1992.

Junceda defiende que el urbanismo actual está basado en el planeamiento, por lo que «no cabe urbanismo sin plan». Así que aboga por la suspensión de los procedimientos urbanísticos hasta la aprobación de un nuevo plan, que debería tramitarse «con la mayor celeridad y garantías». Junceda sostiene que el Ayuntamiento no podrá otorgar licencias de obra nueva. Lo mismo que De la Iglesia, Junceda subrayó que el Ayuntamiento puede incurrir en responsabilidad patrimonial si como consecuencia de la sentencia del Supremo se produce algún derribo u otros perjuicios a promotores o propietarios.

El abogado Javier Calzadilla, que representa a la Agrupación de Vecinos de Llanes (Avall) en el «caso La Talá», coincidió con sus colegas al señalar que el Ayuntamiento de Llanes se ha quedado sin instrumentos de ordenación urbanística. «Hoy Llanes no tiene plan de ordenación», por lo que han quedado automáticamente anulados, también, los planes parciales, entre ellos el de La Talá, al quedarse sin cobertura jurídica. Lo mismo ocurre, a su juicio, con las licencias de obra nueva. En cuanto a las obras ejecutadas al amparo de los planes anulados, habrá que examinar «caso por caso». En el caso de las actuaciones que carezcan de cobertura jurídica, habrá que estudiar, a su vez, «si son o no legalizables».

* LNE – 15.02.11
Foto: Llanes (Asturias), vista general – elcomercio

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LNE/Asturias* : Los presagios más negros se han cumplido: el Tribunal Supremo ha tumbado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Llanes vigente en el concejo desde 2003. El municipio se queda sin normativa urbanística municipal, un hecho sin precedentes en España, dado que los dos planeamientos anteriores (aprobados en 1992 y 1986) también fueron anulados por los jueces y el inmediatamente anterior (aprobado en 1976) fue derogado por el Gobierno del Principado. El Ayuntamiento, a partir de ahora, deberá otorgar licencias urbanísticas basándose en las severas normativas regionales y estatales, lo que apenas dejará margen de maniobra para conceder permisos de obra nueva, según señalaron varios expertos. A la vista de la singularidad del caso, el futuro urbanístico del municipio es una incógnita, pues sobre el nuevo Plan General que se redacta desde hace más de un año -y que los dirigentes socialistas locales pretendían aprobar antes de que llegara este fallo- pende otra sentencia judicial que anuló la adjudicación al equipo redactor.

El Supremo ha desestimado los cinco recursos de casación presentados por tres juntas de compensación, el Ayuntamiento de Llanes y el Gobierno del Principado, y ha ratificado, punto por punto, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que, en 2007, anuló el plan de Llanes. Contra esta sentencia no cabe recurso ordinario, por lo que sólo quedaría la posibilidad de solicitar amparo al Tribunal Constitucional; claro que este organismo sólo es competente en asuntos que afecten a derechos constitucionales, lo que hace muy difícil que pueda aceptar un recurso sobre este asunto.

El Supremo ha sido muy claro: la sentencia del TSJA que anuló el plan de Llanes está «debidamente motivada» y es «plenamente congruente», pues se hurtó a los ciudadanos la posibilidad de alegar sobre actuaciones urbanísticas tan importantes como las propuestas (algunas ya ejecutadas o en ejecución) para La Talá, La Huertona, La Llavandera, El Sablón o el polígono industrial de Posada. Actuaciones todas ellas que ya habían sido anuladas por los jueces anteriormente (se incluyeron en el plan de 1992, también anulado) y que el Ayuntamiento de Llanes incorporó al planeamiento después de finalizada la fase de exposición al público. La conclusión del Supremo es contundente: «No hubo información pública respecto de documentación fundamental». Otra irregularidad: el Ayuntamiento clasificó suelo como urbano sin consulta previa a los interesados y al resto de la ciudadanía. Además, el Supremo ha dado la razón al TSJA, al señalar que la memoria del Plan General y el estudio económico financiero son «insuficientes y contradictorios».

El Supremo condena a los recurrentes a pagar los honorarios del abogado de la parte denunciante, Andecha Astur, lo que obligará al Ayuntamiento, al Principado y a la junta de compensación de La Talá a pagar 2.500 euros, cada uno. Las juntas de compensación de La Portilla-Pancar y La Huertona tendrán que abonar 1.000 euros. Los cinco recurrentes, además, deberán sufragar a partes iguales los gastos de procurador de Andecha Astur.

Ni los dirigentes del Ayuntamiento de Llanes ni los mandatarios del Gobierno del Principado quisieron emitir ayer valoración alguna sobre la sentencia del Tribunal Supremo.

* LNE – 15.02.11
Foto: Actuación urbanística en Posada de Llanes, paralizada desde hace años por la quiebra de la constructora.- lne

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ELUNIVERSAL/LaGuaira* : Si en lugar de haber sido una simple promesa las 12.758 viviendas en 29 urbanismos ofertados en el marco del Plan Vargas 2005 se hubiesen construido, 80% de afectados por la última temporada de lluvias no hubiesen resultado damnificadas, pues zonas de alto riesgo declaradas inhabitables estarían desocupadas. Ello se desprende de un análisis de la Red de Ciudadanos Activos de Vargas “Nelson Mandela”, que basándose en el contenido del Instructivo Presidencial para la Operacionalización del Plan Vargas 2005, determinó que los habitantes de las zonas afectadas por la reciente vaguada como Marapa, El Piache, Mare Abajo, Santa Eduvigis, El Rincón, Montezuma, El Cojo, San Julián, El Tigrillo y Anare, serían beneficiarios de esas soluciones.

“El Plan Vargas fue bien concebido, pero quedó en el papel. Entre los 5 ejes en que se dividió el plan, uno era vivienda. Los terrenos estaban avalados por estudios de bajo impacto de riesgo y en zonas con servicios. Sorprende que en la nueva emergencia esos planes sean desechados y se concentren en un nuevo terreno en Playa Grande donde sí hay alto impacto urbano”, dice el docente Carlos Texeira, vocero de la red.

De 29 planes previstos se ejecutó uno, el urbanismo Martín Vegas, en terrenos de Minsalud en Catia La Mar. Minhábitat y Corpovargas lo ejecutaron, por 593 millardos (de los viejos). “Si las familias que hoy están en refugios hubiesen recibido casas, no habría crisis. Entre los terrenos inventariados en el Plan Vargas 2005 está uno municipal en Mamo que ocupa la Armada; allí debieron levantar 1.300 casas para gente de Marapa y El Piache. No lo hicieron; ahora hay que mudar a 613 familias y no es posible porque no hay esas viviendas. Ofrecen, a unos pocos, refugios provisionales”.

La gran incógnita son las razones por las que esta parte del plan Vargas fue relegada. “Hay dos teorías: que el monto asignado no fue entregado al ejecutante, que conllevaría a un delito y en el Gobierno no están interesados en reconocerlo. Las segunda, que después de haber suscrito el ejecútese a viviendas del Plan Vargas, el presidente decidió que en lugar de 29 urbanismos se hiciera Ciudad Caribia y desviaron recursos a ese proyecto. Todo obedece a una cuestión de recursos. Es mejor anunciar 1.900 nuevas viviendas como la gran solución, cuando desestimaste más de 12 mil”, concluye Texeira.

Desde junio de 2006 la Red de Ciudadanos ha ido a Fiscalía, a la AN y la Contraloría solicitando investigar destino de recursos asignados. Ningún organismo contralor ha respondido.

* El Universal – NADESKA NORIEGA ÁVILA – 18.12.10
Foto: La Guaira (Venezuela), puerto – gob.ve

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