Notas de Prensa

LAOPINIÓN/Málaga* : El fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ha solicitado este martes para la Fiscalía de Málaga más medios personales, en concreto personal auxiliar; y materiales, sobre todo técnicos; aunque ha incidido en las necesidades “urgentes” de los fiscales Anticorrupción, que en su opinión realizan una labor “admirable y muy rigurosa”. García Calderón, que ha acudido a una inspección ordinaria de la Fiscalía malagueña, ha indicado que las tareas de los fiscales Anticorrupción están “avaladas por el trabajo desarrollado durante años, junto a funcionarios policiales, de Hacienda o de Inspección urbanística”, aunque ha apuntado que “necesitan contar con medios suficientes a nivel telemático, espacios y personal técnico cualificado”. “Sólo su capacidad de trabajo y su esfuerzo están permitiendo que sostengamos las peticiones en los juicios orales, porque creo que necesitan urgentemente un apoyo que vamos a pedir a distintos organismos”, ha indicado el fiscal andaluz, entre los que ha citado la Junta de Andalucía, “en lo que respecta a las necesidades personales y materiales”.

Ha manifestado que “no sería descabellado una unidad policial propia, adscrita a Policía Judicial” y ha afirmado que “podemos instar el que puedan contar con apoyo de la Agencia Tributaria”. En este sentido, ha explicado que el modelo de la Fiscalía Anticorrupción cuenta con adscripciones permanentes “y podríamos buscar una solución parecida, sobre todo personas que conozcan la contratación pública y la cuestión fiscal”.

García Calderón ha recordado que la Fiscalía Anticorrupción “es también contra el crimen organizado”, materia en la que ha dicho “habría mucho trabajo que desarrollar”. Además, ha asegurado que se vincula a otros servicios de la Fiscalía, como el de la Cooperación Jurídica Internacional, que, en su opinión es también “completamente deficitario” en cuanto a medios materiales y personales.

Ha asegurado que “no es cierto” que las grandes operaciones en la Costa del Sol ya hayan pasado, sino que “se pueden estar gestando”. Cuestionado por la sentencia del caso ‘Ballena Blanca’, ha dicho no compartir las críticas a la Fiscalía y a la instrucción y ha indicado que la labor del fiscal Anticorrupción fue “suficientemente rigurosa” y “existían…

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DIARIODELANZAROTE* : El exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Tías, José A.Reyes, se sentará el banquillo de la Audiencia Provincial el próximo 27 de abril acusado de un delito de falsedad documental en un expediente sancionador a Indelasa por el que la Fiscalía solicita una condena de seis años de prisión. El origen del caso se remonta al año 2000. En septiembre de ese año, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) emite un informe en el que concluye que un depósito de áridos en suelo rústico potencialmente productivo construido por Indelasa no cuenta con calificación territorial del Cabildo ni con licencia municipal. Al mes siguiente, el Ayuntamiento de Tías abre un expediente sancionador a la empresa y ordena, entre las medidas sancionadoras que podrían llevarse a cabo, “la reposición de la realidad física alterada” como consecuencia de las obras.

Por su parte, y a la vista de que tampoco contaba la empresa con permiso de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias para la construcción de un edificio en suelo rústico, la Apmun decide suspender las obras y precintarlas el 6 de octubre del año 2000. Al mismo tiempo, da un plazo a Indelasa para que trate de legalizarlas.

En julio de 2001, la Agencia de Protección del Medio se dirige al Ayuntamiento de Tías para conocer “si se había procedido a la demolición” de las obras. La respuesta municipal la ofrece el entonces concejal de Urbanismo, según la Fiscalía, “con la palmaria intención de faltar a la verdad en el ejercicio de su cargo público”.

Reyes indica a la Agencia, en agosto de 2001, que el procedimiento sancionador a Indelasa “había finalizado con el abono de la correspondiente sanción” y que las obras “habían sido legalizadas”. Esa contestación, según el fiscal, “faltaba notoriamente a la verdad de los hechos” por cuanto las obras ni se habían legalizado ni hubieran podido legalizarse.

En ese sentido, el fiscal recuerda en su escrito de acusación que el Cabildo denegó en 2004 la calificación territorial. Y que el acusado envió a la Agencia de Protección del Medio una documentación que no tenía nada que ver con las obras “construidas ilegalmente por Indelasa” sino con una solicitud de “vallado y plantación de palmeras”.

“Maniobra de engaño”

La Fiscalía considera que está clara “la manipulación subrepticia efectuada por el acusado” y añade que “con esta maniobra de engaño se pretendía, en definitiva, hacer ver a la Apmun que por parte de la Corporación municipal de Tías se había hecho el conveniente uso de la potestad sancionadora en defensa de la legalidad urbanística”.

Así, añade el fiscal en su escrito de acusación, lo que supuestamente hizo el entonces concejal de Urbanismo y hombre fuerte del PSOE de Tías fue impedir “la actuación sancionadora de la Agencia y la reparación del orden jurídico menoscabado”.

Por ello, el Ministerio Fiscal solicita que sea condenado por un delito de falsedad documental a una pena de seis años de prisión, inhabilitación por el mismo tiempo y una multa de 14.400 euros.

* Diario de Lanzarote – 16.04.11
Foto: Tías (Lanzarote) – clubrural

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PÚBLICO* : La situación de Francisco Camps y su núcleo duro en la Generalitat y el PP valenciano se vio ayer agravada tras difundirse el escrito en que la Fiscalía Anticorrupción pide al Tribunal Superior valenciano (TSJCV) que investigue la presunta financiación ilegal del partido a través de la trama Gürtel, que a su vez recibió no menos de 14 millones en contratos, y de una batería de adjudicatarios públicos que, según la Policía y Hacienda, pagaron gastos electorales del PP por casi 900.000 euros en 2007 y 2008. La Fiscalía implica de forma expresa en delitos de corrupción penados con cárcel a nueve cargos del PP y, de forma tácita, al propio Camps. Ahora, el TSJCV debe decidir si asume o no la investigación tras dos años dando largas al asunto.

En su escrito al TSJCV, Anticorrupción apunta a Camps al conectar los contratos multimillonarios (14 millones) que recibieron las empresas ligadas a la red con los trajes que sus responsables regalaron al president. Y al subrayar que alguno de los contratos otorgados a Orange Market requirió la “preceptiva autorización por el Gabinete del presidente”.

A Camps, Anticorrupción no le cita por su nombre. Sí lo hace con los otros nueve cargos conservadores cuya imputación reclama. Entre ellos se cuenta el vicepresidente Vicente Rambla, a quien atribuye dos delitos electorales por falsear las cuentas del PP valenciano. Y la actual presidenta de Les Corts valencianas y exconsejera de Turismo, Milagrosa Martínez. A esta última, el Ministerio Público la considera presunta autora de un delito de prevaricación por los supuestos contratos amañados en favor de Orange Market para los stands de Fitur en 2005 y 2006.

La lista de cargos del PP implicados por la Fiscalía se completa con varios aforados ante el TSJCV y otros cargos: David Serra, vicesecretario general del PP valenciano; Yolanda García, tesorera del partido; Ricardo Costa, ex secretario general y hoy coordinador de Economía del PP en Les Corts; Cristina Ibáñez, administradora de las autonómicas de 2007; Pedro García Gimeno, ex director general de Canal 9; Rafael Betoret, exjefe de gabinete de Turismo; y Luis Bárcenas, extesorero estatal del PP y administrador de la campaña de las municipales en 2007. Ese año, y según informes policiales y de Hacienda, el PP ocultó al fisco 2,5 millones de euros.
Soborno y prevaricación

En total, Anticorrupción enumera seis delitos: dos electorales, en 2007 y 2008; contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación y cohecho. Los electorales, la prevaricación y el cohecho se atribuyen a los dirigentes políticos. El delito fiscal, a los seis miembros de la trama cuya imputación pide la Fiscalía, encabezados por Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez.

Y los delitos de falsedad en documento mercantil (falsificación de facturas) se atribuyen a la red y a los empresarios que supuestamente pagaron a Orange Market deudas del PP. Fuentes cercanas a la Fiscalía precisaron no obstante que el escrito no es “exhaustivo” ni en cuanto a la relación de actos ilegales ni en la de presuntos autores. Un ejemplo: la Fiscalía solicita que se incorpore a la causa un anónimo recibido por el Tribunal Superior de Madrid y que implica a otro vicepresidente valenciano, Juan Cotino.
Hechos inseparables

Las alegaciones de la Fiscalía ante el TSJCV se cierran con dos párrafos que, de forma explícita, vinculan los regalos hechos por la trama con los contratos otorgados por la Generalitat. Anticorrupción reclama al tribunal valenciano que una en un solo sumario el caso de los trajes, por el que Camps está ya con un pie en el banquillo, con el de la financiación del PP y la adjudicación de contratos amañados a Orange Market. Si el TSJCV aceptase las tesis de la Fiscalía, el juicio de los trajes se demoraría, pero la acusación contra Camps y los otros tres destinatarios de ropa (Ricardo Costa, Rafael Betoret y el exvicepresidente Víctor Campos) subiría de grado. Y pasaría a ser de cohecho sin adjetivos. O sea, de soborno en toda regla.

“Unos y otros hechos -remarca el escrito en referencia a trajes y contratos- han de ser objeto de valoración conjunta para la correcta calificación de uno de los delitos contra la Administración Pública (cohecho)”. En otras palabras, Anticorrupción remacha la idea, rechazada con uñas y dientes por el TSJCV, de que los trajes sólo fueron una pieza más en el engranaje corrupto y no un acto de generosidad espontánea por parte de Álvaro Pérez, gestor de Orange Market y “amiguito del alma” de Camps.

Que a Camps le amenazan delitos de mayor gravedad que el de cohecho impropio, la modalidad más leve de soborno y sólo castigado con multa, lo prueba lo ocurrido ayer tras difundirse el escrito de Anticorrupción. La agencia Europa Press lanzó a media mañana un despacho titulado así: “La Fiscalía excluye a Camps de delitos en sus alegaciones a la inhibición de la causa de financiación”. El PP se aferró de inmediato al titular. Y Anticorrupción tuvo que pedir a la agencia que corrigiese la noticia, que pasó a tener el titular inverso: “Anticorrupción no excluye a Camps como inculpado en la causa de financiación ilegal”.

La Fiscalía añade otro dato sobre la conexión entre los trajes y las adjudicaciones fraudulentas: el relativo a cómo el contrato que Canal 9 adjudicó a Teconsa para la cobertura de la visita papal a Valencia en 2006 se produjo cuando el canal autonómico tenía por director a Pedro García. Y “de acuerdo con la documentación intervenida, además, a Pedro García Gimeno le fueron regaladas distintas prendas de vestir adquiridas por los imputados en los mismos establecimientos en los que se compraron los entregados a los cuatro imputados” en el caso de los trajes. El contrato de Teconsa reportó a la red tres millones. Y, según la Policía, Pedro García se embolsó medio millón.
De Sedesa a Enrique Ortiz

La Fiscalía, que hace suyas las tesis esgrimidas en mayo de 2010 por el juez Antonio Pedreira cuando se inhibió en favor del tribunal valenciano, solicita la imputación de los responsables de las ocho empresas que abonaron facturas supuestamente falsas a Orange Market para camuflar gastos electorales del PP.

En esa lista de empresarios figuran los responsables de las siguientes sociedades: Sedesa, empresa entonces ligada a la familia del vicepresidente Juan Cotino; Enrique Ortiz e Hijos, Enrique Gimeno (Facsa), Lubasa, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba, Hormigones Martínez y Piaf.

* Público – 2.04.11
Foto: El Presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, el viernes en un acto. EFE

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LEVANTE* : El fiscal solicita sendas penas de ocho años de inhabilitación para el concejal de Urbanismo de Valencia, Jorge Bellver, y otros cuatro procesados por un delito de prevaricación por las obras del aparcamiento del Jardín de Monforte, según confirmaron a Levante-EMV fuentes próximas al caso. La Fiscalía ha elevado el escrito de acusación una semana después de que el magistrado José Luis Albiñana procesara a Bellver y al secretario del Ayuntamiento de Valencia Pedro García Rabasa, una arquitecta y dos jefes de servicio municipales. Fuentes cercanas a Bellver aseguraron que la decisión de la Fiscalía “es papel mojado si la Audiencia lo archiva” y mostraron su extrañeza por “la rapidez con la que ha actuado el fiscal”. Bellver mantiene la teoría de que la acusación responde a intereses políticos y electorales. El fiscal considera que el concejal y el resto de imputados podrían haber cometido un delito de prevaricación por autorizar las obras para construir el aparcamiento subterráneo existente bajo la calle Severo Ochoa sin el preceptivo informe de la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura.

El informe era necesario porque el Jardín de Monforte está declarado como Bien de Interés Cultural -BIC- desde la década de los noventa.
La Fiscalía ha asumido prácticamente por completo los argumentos del magistrado Albiñana en su auto de procesamiento. José Luis Albiñana, que fue presidente del Consell preautonómico con el PSPV antes de la victoria de Lerma, apuntó en el auto que los imputados eran conscientes de que obraban de forma irregular -hecho que castiga el delito de prevaricación- porque en otros expedientes de actuaciones similares sí que se pidió la autorización a la Conselleria de Cultura. El ejemplo más claro, según la Fiscalía y el juez instructor, son las obras de la Clínica Quirón, que están en el mismo entorno BIC. El expediente de las obras de la Quirón fue aprobado por Jorge Bellver un año antes que el del aparcamiento subterráneo y sí incluía el informe preceptivo de la Dirección General de Patrimonio. Enrique Ortiz logró la adjudicación de la construcción del aparcamiento y la licencia es de 2004.
La Fiscalía inició la investigación contra Bellver tras recibir una denuncia de la asociación cultural Cercle Obert de Benicalap. El colectivo vecinal reaccionó después de que el Ayuntamiento de Valencia decidiera derribar parte del muro que protege el Jardín de Monforte para sustituirlo por una verja de hierro alegando necesidad de aireación de las especies arbóreas. El nivel freático obligó a las empresas constructoras del aparcamiento de la calle Severo Ochoa a envolver el garaje en un cajón de hormigón que provoca la acumulación de humedad en el jardín y ocasiona serios daños en las plantas. Cercle Obert descubrió en ese momento que para la construcción del aparcamiento no se había pedido el preceptivo informe de la Dirección General de Patrimonio e interpuso la denuncia contra el concejal de Urbanismo, que en su día firmó el proyecto como teniente de alcalde del área y no como edil de Circulación.
Jorge Bellver reconoció ante el juez que no se pidió el informe de Patrimonio. El concejal aseguró que se limitó a firmar un expediente que contaba con todos los avales técnicos necesarios.
El magistrado ya advirtió en su auto de que la conducta de los imputados “es merecedora de reproche penal” porque la decisión de autorizar las obras sin el informe no puede justificarse en el desconocimiento. Albiñana incidió en el auto en que las respuestas de los imputados estaban orquestadas y consideró “insólito” que Bellver se diera por enterado de la necesidad del informe de Patrimonio el día que compareció en el juzgado para declarar. El magistrado, al igual que el fiscal, entiende que los cinco procesados prevaricaron porque obviaron la intervención de la conselleria “a sabiendas de la protección especial que tenía el entorno en donde se iban a realizar las obras”.
El magistrado puede decretar la apertura de juicio oral sin esperar a que la Audiencia de Valencia resuelva el recurso que presentó Bellver contra el procesamiento.

El concejal está convencido del archivo

El caso está ahora pendiente del recurso que presentó Bellver contra la decisión del juez de procesarlo. Fuentes judiciales confirmaron que la Sección Segunda todavía no ha recibido el escrito con los argumentos del concejal de Urbanismo, que insiste en que es objeto de una persecución por parte de la Fiscalía y del magistrado instructor. Bellver ya denunció que “el ex presidente socialista de la Generalitat” y titular del juzgado de Instrucción número Uno actuaba al dictado del Ministerio Fiscal. Fuentes cercanas al concejal insistieron ayer en que está convencido de que la Audiencia acabará por archivar la causa.

* Levante – 19.01.11
Foto: Valencia, aparcamiento junto Jardines Monforte – anna

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