Notas de Prensa

LAVOZ/Pontevedra* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dictó un mandamiento de demolición de parte del edificio nº2 de la rúa Noria. El mandamiento fue dirigido al Concello de Cangas y a la empresa constructora, propiedad de José Luis Álvarez Souto, pero aún no tuvo entrada en el registro municipal. De hecho, la alcaldesa de Cangas, Clara Millán, desconocía por completo la existencia del citado documento y no pudo ocultar su sorpresa por no haber sido informada. Había sido el Tribunal Supremo el que ratificó el fallo del TSXG que consideraba ilegal la licencia otorgada por el Concello y ya anunciaba que debía procederse al derribo de gran parte del inmueble. Transcurridos dos años después de la sentencia del Tribunal Supremo y de que la parte demandante solicitase la ejecución de la misma, todo el proceso fue devuelto al TSXG, que es el que dicta ahora el mandamiento de demolición.

Tiene fecha del día 1 de marzo y otorga al Concello y a la empresa constructora un plazo de tres meses para efectuar el derribo. Según el mandamiento, el día 1 de junio tiene que estar derribado gran parte de este edificio, la que se construyó encima del río Bouzós. Alrededor de 60 familias pueden perder sus viviendas como consecuencia de este fallo judicial. Los vecinos recibieron la noticia el lunes y no ocultaban su profundo malestar. Pese a que perdieron todas las demandas judiciales, guardaban ciertas esperanzas de que el derribo no se produjera. Ahora, la posibilidad de recurrir al tribunal de Estrasburgo, barajada en su día, le parece un poco alejada de la realidad y que no impediría la demolición. Sí es verdad que hay diferencias de criterio entre la comunidad de vecinos y la empresa constructora, respecto a cómo se debe afrontar la situación futura. No se descarta consultar casos similares como el de las Torres del Club Financiero de Vigo o el de la urbanización de la Colina de Castrelos.
La alcaldesa Clara Millán fue ayer la primera sorprendida. Hasta hace poco había estado en contacto con el letrado que defiende la legalidad del otro edificio gemelo, el Noria 4, que se encuentra en parecida situación. Éste edificio, al contrario que el número dos, carece de licencia municipal. El número 2 la tenía pero fue considerada ilegal por invadir el cauce del río. También sobre éste hay amenaza de derribo judicial. Reiteró su apoyo a los vecinos y que estaba a su disposición para encontrar soluciones que impidan el derribo de gran parte del inmueble.
El abogado de los demandantes y que es a su vez parte en el conflicto, José Carlos Lovera Núñez, aseguraba el día 1 de abril de 2009 que no había posibilidad de acuerdo y pedía ya que el Concello procediera a cortar la luz y el agua a los vecinos y a ejecutar la sentencia. El litigio surge al entender los colindantes que la construcción de estos edificios había dañado a otros dos de su propiedad. En el año 2007, el conflicto se pudo zanjar por 740.00 euros, según señala José Carlos Lovera, pero los constructores consideraron excesivo el dinero que solicitaba los demandantes, que alegaban que en esta cantidad no entraban los daños morales causados a la familia y que no había intención lucrativa de ningún tipo, simplemente se contabilizó el coste de lo que valdría tirar y levantar de nuevo los edificios de sus padres y tíos. Los distintos alcaldes desde que se inició el proceso judicial apelaron las sentencias que ganaba la parte demandante, pese a que estaba claro que los edificios invadían el cauce del río Bouzós. “Que lo tengan claro los propietarios actuales. Nosotros queremos tirar las viviendas ahora que la sentencia es favorable. ¡Después de las que nos hicieron pasar!”
Estos dos inmuebles de la calle Noria enfrentan también desde hace tiempo al líder de ACE, Mariano Abalo, y al ex alcalde de Cangas, el popular, José Enrique Sotelo. En enero de 2007, el regidor culpabilizaba a Mariano Abalo de consentir la construcción de estos inmuebles cuando fue presidente de la gestora de Cangas en el año 1990. Afirmaba que tales edificios habían sido levantados con el consentimiento de Mariano Abalo, a pesar de existir tres requerimientos judiciales para paralizar la obra. Abalo dejó claro que fue la comisión municipal de 18 de noviembre de 1999 la que otorgó la licencia para legalizar la situación del edificio Noria 2, y que la gestora de Cangas lo que sí hizo fue tratar de evitar la construcción. Abalo aportó expedientes relacionados con la denegación de la licencia cuando él ejercía como presidente de la gestora, así como los expedientes de infracciones urbanística que se le abrieron a la empresa por invadir el Río Bouzós, con fecha de diciembre de 1990.
También recordó que las licencias comenzaron a tramitarse en época de Lois Pena y mencionó que el edil de Urbanismo en época de la gestora, Marín García Cordeiro fue denunciado por impedir las citadas obras.

* La Voz de Galicia – 9.03.11
Foto: El edificio número 2 de la calle Noria, de Cangas, situado al lado del número 4, de iguales características y sobre el que también pesa una demanda – lavoz

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ELALMERÍA* : La Dirección G. de Costas anticipa este martes los primeros trabajos para la prolongación del paseo marítimo de la capital con el derribo de las viejas casas de la playa que aún quedan en pie. La demolición de los chalés afectados por la 1ª fase del proyecto dejará expedito el litoral de edificaciones, aunque la ejecución del proyecto, aún en fase administrativa y sin fecha concreta para el inicio del grueso de las obras, tardará meses en llegar. El objetivo de este primer paso es evitar que las viviendas sean ocupadas por personas sin techo. A primera hora de la mañana, agentes de la Policía Local se personarán en las últimas cinco viviendas situadas en el primer tramo de terrenos que el Ayuntamiento de Almería ha conseguido adquirir, en sintonía con el acuerdo alcanzado con el Gobierno central para dividir el proyecto de prolongación del paseo marítimo en dos fases. Esta primera se extiende hasta el Centro Municipal Zoosanitario, donde todavía quedan esas cinco casas, después de que Urbanismo procediera hace dos años a la demolición de otros dos chalés.

La operación responde a la petición que el concejal de Urbanismo, Juan Megino, hizo al subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés Heras, y a la Dirección Provincial de Costas, apremiándoles a abordar el derribo de las edificaciones de la playa para evitar la entrada de indigentes, mientras que no empiecen las obras de prolongación de la primera fase.

Heras mantuvo los pertinentes contactos e informó hace apenas dos semanas sobre la intención de Costas de proceder al derribo “lo antes posible”, una vez que el Ayuntamiento pudo certificar que había conseguido la titularidad del suelo mediante el pago de indemnizaciones a sus antiguos propietarios.

El Consistorio capitalino ha invertido más de cinco millones de euros en la consecución de estos terrenos , una cantidad que supera el coste total de las obras, valoradas e n cuatro millones cuando en 2002 Costas presentó el proyecto.

Si bien la Dirección General ha atendido con inmediatez la solicitud municipal, se desconoce por el momento cuándo el Gobierno central comenzará la ampliación del paseo marítimo. Queda pendiente, además, la obtención del suelo afectado por la segunda fase del proyecto. Le compete al Ayuntamiento, pero el proceso de expropiación se presenta más que complicado.

Engloba once parcelas, que se encuentran en manos de un único propietario, con 60 hectáreas y una gasolinera en funcionamiento, que ha reclamado ante los tribunales el pago de 70 millones de euros aproximadamente por la expropiación. El inicio del expediente está en marcha, pero Urbanismo no oculta la complejidad del mismo, por lo que será la siguiente Corporación la que tenga que continuar los pasos emprendidos para permitir la extensión del paseo marítimo hasta la punta del río. En total, el proyecto contempla una ampliación de 770 metros, más otros 660 correspondientes a la senda del Bobar.

* El Almería – 2.03.11
Foto: El Ayuntamiento ya derribó con anterioridad dos de las viviendas afectadas por el proyecto.- elalmeria

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LEVANTE* : La conselleria concedió el año pasado más subsidios de los previstos por el Gobierno central porque pensaba cubrir el desfase con el cupo de 2011. Tienen las ayudas concedidas pero ya no queda dinero. El Ministerio de la Vivienda ha suprimido la ayuda directa a la compra de vivienda de segunda mano para 2011 y 2012 a cambio de hacer más flexibles las condiciones para que los jóvenes accedan a una hipoteca. Sin embargo, esta medida ha supuesto que 800 valencianos se queden sin cobrar una subvención que oscila entre 5.000 y 12.000 euros, según fuentes del ministerio. El Estado ha cerrado el grifo y la Conselleria de la Vivienda no recibirá la cuantía necesaria para cubrir el desfase que se ha producido al conceder más subvenciones de las contempladas en el plan Estatal. El Gobierno central realizó un plan de vivienda y rehabilitación que reflejaba el cobro de una ayuda directa a la entrada (AEDE) para quien comprara una vivienda usada y cumpliera los requisitos. Por regla general, la concesión era de 8.000 euros para aquellos compradores con ingresos anuales inferiores a 15.975 euros. Ahora bien, si los compradores eran jóvenes, la subvención podía superar los 11.000 euros por vivienda.

La previsión era que el plan estatal fuera efectivo hasta 2012. El ministerio pagaba y las comunidades autónomas tramitaban y gestionaban las ayudas.
Sin embargo, en la Comunitat Valenciana el plan estatal de la vivienda se ha desmadrado ya que, para 2010, el ministerio de la Vivienda había pactado la financiación de 650 objetivos en materia de vivienda usada, pero en el mes de abril la Generalitat Valenciana ya había sobrepasado el cupo previsto al autorizar las ayudas a 1.260 familias. En cuatro meses, la conselleria concedió casi la misma cuantía de subvenciones que durante todo 2009 (se subvencionaron 1.320 objetivos) con la intención de drenar el excedente de vivienda usada y revitalizar el mercado.
El número de ayudas se disparó y la Generalitat solicitó al ministerio aumentar el cupo otorgado. El Gobierno cedió y las subvenciones se triplicaron hasta alcanzar las financiación para 1.850 valencianos.
Sin embargo, la Comunitat Valenciana siguió reconociendo ayudas hasta agosto confiando en poder pagar con la partida económica que el Gobierno destinase para 2011.
Según el ministerio de la Vivienda son 800 los valencianos que tienen un documento de la Generalitat Valenciana donde se les reconoce una ayuda que no podrán cobrar porque no hay dinero para ello.

Tres meses para presentar otra solicitud
El 14 de febrero la Conselleria de Vivienda publicó una orden en la que reconoce que no todo el mundo que tiene concedidas las ayudas las va a cobrar. El texto informa sobre las medidas que la Generalitat va a adoptar tras la modificación del plan estatal de la vivienda y abre un nuevo plazo para que quien esté en esta situación presente otra solicitud para acceder al préstamo convenido. Esta medida implica, sin embargo, anular el derecho a cobrar las ayudas directas a la entrada (AEDE) que ya tiene aprobada. Ahora bien, los afectados tienen tres meses de plazo para hacer el cambio ya que “si no se cumplimenta dicho trámite se producirá el archivo del expediente”. La conselleria explica que debe modificar la concesión de ayudas porque el Estado no destina este año presupuesto alguno para ayudas directas a la entrada de la compra de una vivienda y acusa al ministerio de modificar un plan que fijaba los objetivos para cuatro años.

* Levante – 21.02.11
Foto: Un grupo de personas frente al edificio del PROP donde se gestionan las ayudas.- levante

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HOY/Badajoz* : Hace 20 años, Castelar era un foco de problemas. A cualquier hora del día, los pacenses temían ir a un parque donde se habían hecho fuertes quienes vivían al margen de la sociedad. Incluso se cometió un crimen en este céntrico espacio, una muerte que ahuyentó aún más a las familias normales. Pero en 1998, el Ayuntamiento de Badajoz decidió derribar el muro de piedra exterior del parque. Desde entonces, Castelar comenzó a convertirse en el rincón preferido de los pacenses. De aquello han pasado 13 años, pero la Asociación de Criminólogos de Extremadura (Crimex) sigue utilizando este ejemplo para ilustrar la importancia que tiene el urbanismo. «Existen estudios criminológicos que tienen en cuenta la opinión de los delincuentes, y los delincuentes dicen que los sitios cerrados a la vista son más vulnerables», explica Juan Antonio López Casas, vicepresidente de Crimex.

Por este motivo, la asociación que representa a los criminólogos ha ofrecido su experiencia a la Delegación del Gobierno en Extremadura en asuntos tan cruciales como la lucha contra la marginalidad y la delincuencia en las barriadas más conflictivas.
Esa colaboración se traducirá en un estudio serio, pero los componentes de Crimex ya manejan algunas claves. «La simple estructura de una barriada, el alumbrado y la limpieza pueden influir en la delincuencia. No tiene sentido construir bloques con interminables portales sin luces», añade Lorenzo Cuevas, miembro de Crimex.
Pero la asociación de criminólogos no se limita a constatar que las plazas cerradas rodeadas de viviendas, la abundancia de bares y la escasez de tiendas contribuyen a la marginación, sino que propone otro tipo de medidas que también pueden ayudar a terminar con este problema. «La gente que cuida los jardines de esos barrios debe vivir allí, y lo mismo debe ocurrir con quienes barren esas calles. Hacer responsables a los propios vecinos hace que la gente sea más respetuosa con su entorno», remacha Enrique Díez de Baldeón Carrasco, presidente de los criminólogos.
La batería de medidas propuestas se completa con la ampliación de la plantilla de trabajadores sociales, la contratación de educadores de calle que estén en contacto permanente con los vecinos y, sobre todo, la búsqueda de una salida laboral para los vecinos.
Los representantes de Crimex creen que este tipo de aportaciones pueden resultar muy útiles en multitud de ámbitos, por eso valoran el esfuerzo de los 350 extremeños que se han decantado por la criminología como campo de formación. Entre ellos hay policías, guardias civiles, policías locales, funcionarios de prisiones, abogados, jueces, psicólogos, trabajadores sociales y cada vez más jóvenes que eligen la criminología como primera opción. «Uno de los principales cometidos del criminólogo es la prevención del delito y el apoyo a la víctima. Hay colectivos que combaten el delito y buscan al delincuente. Sin embargo, la víctima también necesita ayuda y en muchos casos no encuentra ese apoyo», lamentan.
Pero no es solo la utilidad pública lo que hace atractiva esta formación. A partir de ahora los estudios de criminología tendrán validez académica, puesto que Crimex acaba de ser informada de que la Universidad de Extremadura ha homologado el título de Experto Universitario en Criminalidad y Seguridad Pública, un logro que permitirá a muchos funcionarios contar con un título universitario para subir de categoría.

* Hoy – 14.02.11
Foto: La concepción urbanística de Los Colorines, con patios casi cerrados, no contribuye a la normalización. :: HOY

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ELPAÍS/Pontevedra* : Al día siguiente de poner fin a su primera etapa en la Xunta, en enero de 2004, el ahora jefe territorial de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas en Pontevedra fichó para una empresa a la que adjudicó obras, en su calidad de delegado provincial de las consellerías de Medio Ambiente y de Agricultura. Antes de recorrer al menos 13 sociedades relacionadas con Sedesa, grupo que aparece implicado en el sumario del caso Gürtel por presunta financiación ilegal del Partido Popular, José Luis Díez Yáñez fichó por Ploder Uicesa, también tocada por las ramificaciones de la Gürtel. A ella adjudicó al menos dos contratos: el primero, en octubre de 1987, y el segundo, en septiembre de 2001 y en UTE con Audeca, por 64,92 y 25,38 millones de pesetas, respectivamente.

Díez Yáñez dejó la Administración autonómica el 14 de enero de 2004, después de haber pasado por dos delegaciones provinciales y por la Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental. El 15 de enero, fichó por Ploder Uicesa, a la que había adjudicado un concurso para el sellado del vertedero de O Saviñao y una red de caminos de servicios y obras en una zona de concentración parcelaria de Cerdedo. En Ploder permaneció hasta el 17 de febrero de 2005, cuando inició su periplo por las compañías de Sedesa. Como representante de este grupo, el ahora responsable de Urbanismo en Pontevedra presentó un contencioso contra el Ayuntamiento de Sanxenxo para reclamar 4,8 millones de euros, como consecuencia de un polémico acuerdo firmado dos semanas antes de que Telmo Martín dejara la alcaldía.

Ploder Uicesa, que acabó en quiebra, está relacionada de forma indirecta con la Gürtel, por la adjudicación de obras millonarias por Administraciones del PP. La más relevante, la construcción y explotación de un hospital de Vallecas que se adjudicó en unión con el imputado José Luis Ulibarri. Ploder estaba presidida por el suegro del entonces concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Sigfrido Herráez. El sumario del caso Gürtel desvela que la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid, presidida por Herráez, amañó un contrato en 2004 de 153.000 euros a la empresa Special Events, de Francisco Correa. Herráez también mantuvo negocios con Francisco Bravo, un polémico constructor relacionado con el tamayazo.

El nombramiento de Díez Yáñez fue debatido ayer en el Parlamento, donde el secretario general de la consellería, José Antonio Fernández, apeló a la ley de incompatibilidades para avalar las actividades privadas del jefe territorial. “Presentó un escrito que demuestra que causó baja

con anterioridad al ingreso”, afirmó, para concluir: “Por tanto, no hubo incompatibilidad”. Preguntado por el diputado socialista José Manuel Lage sobre la ética del nombramiento, el portavoz de la consellería replicó: “Las normas éticas ya están incluidas en las de incompatibilidades, y a ellas hay que remitirse, no yendo más allá”.

La compatibilidad de Díez Yáñez con su reingreso en la Xunta está también plagada de incógnitas. El ahora jefe territorial regresó a la Administración gallega el 7 de junio de 2010, pero no firmó el acta de renuncia a sus poderes en las empresas de Sedesa hasta el 2 de agosto, ni consta que formulara solicitud de compatibilidad alguna, según confirmaron fuentes de la consellería que dirige Agustín Hernández. La ley de incompatibilidades exige a los funcionarios un reconocimiento previo de compatibilidad para ejercer cualquier actividad privada, que en ningún caso puede estar relacionada con su departamento. Antes de ser nombrado jefe territorial, entre junio y agosto pasado, Díez Yáñez permaneció como funcionario en la Consellería de Presidencia. Su nombre todavía figura en el registro mercantil como apoderado de Mirador de Zapateira, del grupo Sedesa.
El anterior delegado abandonó el cargo “ante las suspicacias”

El antecesor de Díez Yáñez en la jefatura provincial de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Evaristo Juncal, mantuvo negocios con testaferros de narcotraficantes, levantó un chalé ilegal y permaneció 24 años sin pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles. Pero la consellería solo lo destituyó “para evitar suspicacias”, según afirmó ayer en comisión parlamentaria el secretario general de la Consellería, José Antonio Fernández.

En su comparecencia para explicar los negocios privados de Juncal y Díez Yáñez, el representante de Medio Ambiente evitó hablar de cese. “Fue la no prórroga de una comisión de servicios para evitar suspicacias”, manifestó, por la “existencia de vínculos entre su negocio y su actividad pública”. Fernández rebajó al máximo las competencias del jefe territorial, al asegurar que “no tiene facultades resolutorias”. El cargo de jefe territorial de la consellería de Agustín Hernández lleva aparejadas competencias en Urbanismo como la presidencia de la Comisión Provincial de Vivienda y del Instituto Galego de Vivenda e Solo. Díez Yáñez fue de hecho el instructor del recurso presentado por la empresa del exalcalde de Sanxenxo Telmo Martín, Construcuatro, contra la sanción por cobrar sobreprecios en viviendas protegidas de Navia, en Vigo.

El secretario general de Medio Ambiente negó “incompatibilidades” de Juncal, ya que se le aplica la ley que afecta a los funcionarios, no a los altos cargos. El socialista José Manuel Lage, autor de la pregunta parlamentaria, se preguntó si “la ética que pregona [el presidente de la Xunta] Feijóo es compatible” con las “suspicacias”. Lage acusó a Hernández de “poner a los zorros a cuidar de las ovejas”.

* El País – 17.02.11
Foto: Santiago, Xunta Galicia – skycrapercity

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DIARIODEMALLORCA* : Los informes tenían que salir como fuera. Con esa contundencia se lo dijo el conseller de Educación de Jaume Matas, Francesc Fiol, a los arquitectos y responsables técnicos del Govern que debían avalar la contratación de Santiago Calatrava. Se trataba de elegir a Calatrava y solo a Calatrava. Para ello el ex president y su conseller pagaron 11.600 euros públicos a una asesoría privada, a la que se encargó que elaborasen un informe jurídico en el que se respaldase la elección sin concurso público del reputado arquitecto. Según se detalla en los 27 folios del escrito de petición de fianza redactado por la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular del Govern por una de las piezas en las que se ha dividido el sumario del caso Palma Arena, Matas se había reunido con el famoso arquitecto ya en 2006, pero el proyecto pagado con dinero público que el expresident pretendía convertir en el golpe de efecto que le llevase a la reelección no tomó forma hasta principios de 2007. Fue entonces cuando, según los fiscales, el expresident “decide de forma unilateral que durante la siguiente campaña electoral va a presentar un gran proyecto (…) con la única y exclusiva finalidad de favorecer sus intereses propios como candidato”.

Tomada la decisión y designado a dedo su prestigioso ejecutor, Matas negocia los pormenores con Calatrava: le pagará 1,2 millones de euros públicos por presentarle un anteproyecto, un vídeo y dos maquetas de un edificio destinado a albergar una ópera junto al Moll Vell de Palma. Con la adjudicación a dedo ideada, solo falta ejecutarla. Matas encarga de ello al exconseller y actual diputado autonómico del PP Francesc Fiol. La misión es compleja: se trata, según la Fiscalía, de “otorgar apariencia de legalidad a la decisión [de Matas], revistiéndola de las formalidades jurídicas necesarias”. Y hay que hilar fino: según la Fiscalía, Matas pretendía además “ocultar su participación en la decisión y consecución del proyecto”. ¿Cómo hacerlo? Siempre según el relato de los fiscales, Fiol y Matas ponen los ojos en el Ibisec, una empresa pública fundada para la construcción de colegios. ¿Por qué? “Al tratarse de una empresa pública los controles de legalidad no son exhaustivos”, opinan los fiscales en su escrito.

Vistiendo el contrato
Pero aunque no haya controles exhaustivos, sigue habiendo leyes que cumplir. Se lo advierten al propio Fiol el entonces director general de Presupuestos de la Conselleria de Economía y los abogados del Govern. Así que el exconseller y aún diputado del PP busca avales a la adjudicación a dedo de Matas fuera del Govern y de los funcionarios contratados para evaluar este tipo de cuestiones, como recalca la propia Fiscalía Anticorrupción: “¿Para qué si no se contratan numerosos profesionales para integrar las asesorías jurídicas de los organismos públicos?”, reflexionan los fiscales, que exponen la razón del comportamiento de Matas y Fiol:”Se pretendía contar con el respaldo de una consultora externa de prestigio para la apariencia de legalidad con la que se pretendía cubrir la contratación de Santiago Calatrava”.
¿Y a quién se contrata? Pues a Landwel-Pricewaterhousecoopers, firma también conocida por haber puesto en nómina a Matas cuando perdió el poder en las urnas. Pero, pese a pagar 11.600 euros por ello, el aval pretendido para la adjudicación a dedo no es total: la consultora explica que al Govern que, para que la adjudicación tenga lo que lo fiscales llaman “apariencia de legalidad” , “el contrato deberá perfilar las características empresariales, personales, materiales y operativas del contrato a licitar, justificando su concurrencia exclusivamente en el adjudicatario”.
Dicho y hecho: Fiol persevera en el encargo de Matas y “ante las evidentes carencias del expediente de contratación dada la falta de justificación de la adjudicación directa pretendida” (dicen los fiscales), reclama al jefe de Arquitectura de Vicepresidencia, que “textualmente manifieste que en su opinión el arquitecto Calatrava es el único que puede ejecutar el objeto del contrato”. Pero el arquitecto se niega, salvo que antes firmen los arquitectos del Ibisec.
A ellos acuden Fiol y su hombre en el Ibisec, Andreu Obrador. Este es el que les pide a cuatro arquitectos que firmen lo que exige Fiol, pero les tranquiliza: si no lo hacen “no tomará represalias”. Menos tibio se muestra Fiol, que cuando se incorpora a la reunión “exige a los presentes que los informes de los arquitectos tienen que salir como sea”. La presión funciona. Los arquitectos firman un escrito que dice textualmente:”Calatrava es el que presenta el perfil más idóneo a las características del encargo”. Fiol ya lo tiene: el Ibisec ordena la contratación de Calatrava, articulada, según la fiscalía, “con desprecio total de las normas administrativas y legales de actuación pública”. ¿Lo sabían Fiol y Matas? Según la fiscalía, sí. De hecho, pese al visto bueno de los arquitectos, la abogada del propio Ibisec advierten de que no cuela, como constata Anticorrupción: “No avala la adjudicación directa que se pretende”. Pese a ello, días después, Matas adjudica a Calatrava sin concurso sus 1,2 millones de euros.

* Diario de Mallorca – 24.02.11
Foto: Palma, Matas con Calatrava – diariodemallorca

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DIARIODEMALLORCA* : El juez Castro volverá a llamar a declarar al expresident Jaume Matas, de nuevo como imputado. Y lo hará para que esta vez explique la intervención personal que tuvo en la contratación del arquitecto Santiago Calatrava, cuyos trabajos de diseño para transformar la principal entrada marítima de Mallorca costaron 1,2 millones de euros que se abonaron con fondos públicos. Matas ya tuvo la oportunidad de referirse a este tema en su primera comparecencia ante el juez, de la que salió con una fianza de tres millones de euros para evitar que ingresara en prisión. El expresident, al ser preguntado sobre este asunto, solo mencionó una frase: “Lo volvería a hacer”. Sin embargo, cuando se le interrogó sobre el anteproyecto que elaboró Calatrava, el juez aún no había reunido toda la documentación sobre el expediente de contratación que realizaron los técnicos del Govern. No se conocían, por ejemplo, las reuniones previas que había tenido Matas con el arquitecto, ni los métodos que empleó para vestir administrativamente su contratación.

El arquitecto explicó el viernes ante el juez que conoció a Matas en un hotel de Roma. El editor Pere Serra actuó de enlace, pero el arquitecto asegura que en este encuentro en ningún momento se habló de elaborar un estudio para transformar el aspecto del Moll Vell de Palma. En la conversación solo se habló de realizar futuros proyectos de colaboración entre el arquitecto y el Govern balear, pero no se concretó ninguno de ellos.
No fue hasta el mes de febrero de 2007, aprovechando la visita de Calatrava a Palma para inaugurar una estatua en es Baluart cuando Matas mantuvo una larga entrevista con el reconocido arquitecto. En esta reunión, que duró más de tres horas, Matas le mostró personalmente el terreno del Moll Vell donde había planeado realizar una gran obra, y le habló del edificio de la ópera.
La fiscalía Anticorrupción interpreta que Matas utilizó al arquitecto con un fin únicamente electoral, y que pretendía que el anteproyecto que mostraba la gran transformación de la bahía de Palma iba a servir como un gran reclamo electoral, que le iba a beneficiar como candidato del PP a la presidencia del Govern. La actuación de la Junta Electoral, tras la denuncia del PSOE, impidió que Matas pudiera cumplir su sueño electoral. Calatrava se enteró de que se había prohibido su presentación pública cuando ya había pisado el aeropuerto de Palma. A las pocas horas se volvió a Suiza.
Fuentes próximas a la investigación dan por hecha la imputación de Matas en esta nueva pieza que está investigando el juez Castro, que deriva de la causa matriz del Palma Arena. En esta ocasión, el expresident podría ser acusado de delito electoral, prevaricación, fraude a la administración y cohecho. De momento no se ha fijado una fecha a su nueva declaración, pero se acordará la próxima semana.

* Diario de Mallorca – 13.02.11
Foto: Palma – maqueta Ópera Calatrava – diariodemallorca

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LAVANGUARDIA* : La bajada del precio de la vivienda, de cerca de un 18% desde los máximos que alcanzó en el año 2007, no ha beneficiado a los jóvenes que desean emanciparse. Según los datos del Observatorio Joven de la Vivienda en España, aunque ahora la cuota de la hipoteca consume sólo el 36% del sueldo del hogar cuando está formado por dos personas que trabajan (y es un porcentaje muy similar al 34% que ya supone pagar un alquiler), la necesidad de aportar el 30% del importe de la vivienda como entrada impide comprar a los jóvenes. “La entrada impide la adquisición de una vivienda, libre o protegida, incluso demostrando una regularidad de ingresos corrientes con los que asumir el pago mensual de las cuotas”, señala el estudio, que recuerda que ahora la entrada media equivale al salario de 2,5 años de una pareja… y que no hay vías alternativas al ahorro previo para financiarla. La entrada debe cubrir el 20% del precio de la vivienda que no cubre la hipoteca y el 10% de gastos asociados a la compra.

Para una pareja joven (cuyos miembros tengan menos de 34 años), el precio de una vivienda asumible es de unos 153.000 euros y deben aportar de entrada, por tanto, más de 55.000 euros. “Antes, en contextos de bonanza económica, la red de apoyo intergeneracional permitió a menudo que los familiares más cercanos sufragaran total o parcialmente la entrada. Bajo la forma de donación directa o créditos más o menos informales. En periodos de recesión y disparo del ahorro, estos flujos monetarios son más restrictivos”, señala el estudio.

Los bancos, por su parte, que antes estaban más abiertos a financiar más del 80% del valor de tasación de la vivienda, son “cada vez más exigentes, debido a su estrategia de asegurar al máximo la viabilidad de sus operaciones”. Y en esa prudencia tiene un impacto tremendamente negativo la precariedad laboral de los jóvenes: el 37,4% de los menores de 34 años que hoy trabajan tiene un contrato temporal, frente al 16,4% de los que superan esa edad.

El estudio recuerda que la principal barrera para la emancipación de los jóvenes es ahora mismo el empleo, cuando antes de la crisis, por el contrario, era la carestía de la vivienda.Y es que ahora trabaja sólo el 57,4% de los menores de 34 años, cuando hace dos años estaban empleados más del 70% de ellos. No sólo se ha disparado el número de jóvenes en paro (ya son 2,2 millones, el 26,3% del total), sino que otros 40.000 que hace un año trabajaban ahora, tras perder el empleo, han reemprendido los estudios.

Así, señala el Observatorio Joven de la Vivienda, por primera vez desde que se elabora el estudio ha caído la tasa de emancipación, es decir el porcentaje de jóvenes que han dejado de vivir en casa de sus padres, y ha pasado de casi el 47% que se alcanzó antes de la crisis al 45,8%. Ahora hay 264.000 jóvenes más que hace un año viviendo en casa de sus padres, un fenómeno que ha afectado sobre todo a los nacidos en los años ochenta: casi un 10% de los jóvenes de entre 22 y 30 años ha vuelto con su familia. El estudio señala que además de las multiplicaciones de “trayectorias residenciales truncadas” por la crisis, en la reducción del número de jóvenes emancipados ha influido también la emigración de algunos fuera del país, generalmente en busca de empleo.

* La Vanguardia – 7.02.11
Foto: Vivienda Digna, pancarta (archivo)- tener una casa es un derecho

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LAVOZDIGITAL/Cádiz* : Malas noticias para el exalcalde de la Línea, Juan Carlos Juárez (PP). La Fiscalía ha mantenido la acusación por prevaricación y cohecho para el ex regidor y para el ex concejal de Urbanismo, Carlos Ruiz Calama, en el juicio por el caso Roseworld. Ayer mismo quedó visto para sentencia en la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial y pronto habrá noticias sobre las penas que se le imponen. Según han indicado a Europa Press fuentes cercanas al caso, la Fiscalía también ha mantenido los cargos para el administrador de la empresa Roseworld, Anil Takhurdas, para el que solicita cuatro años de prisión por un delito de corrupción. Además, para Ruiz Calama solicita también condena por un delito contra la Hacienda Pública.

Las cosas han ido mucho mejor para el resto de imputados en el caso. Han sido retiradas las acusaciones contra el representante del Grupo Lábaro, el exsecretario del Ayuntamiento linense y contra el exinterventor municipal. Igualmente, la Fiscalía ha retirado las acusaciones contra los concejales Mari Cruz Atienza, Juan Montero y Francisco Muñiz.
El juicio ha quedado visto para sentencia y dada la complejidad del caso, los letrados de las partes implicadas calculan que la decisión del juez de la Audiencia Provincial podría darse a conocer en un plazo de un mes.
Declaración polémica
El exalcalde de La Línea, Juan Carlos Juárez, declaró el día 18 de enero, y aseguró a la fiscal Anticorrupción que «no estaba ni en la mesa de contratación ni en el Pleno» que adjudicó las parcelas municipales a la empresa y en cuyo proceso se cometieron, presuntamente, delitos de al menos cohecho y prevaricación.
Juárez no quiso contestar a las acusaciones particulares y manifestó que sí «concedió plazos a Roseworld para el abono de las cantidades correspondientes por las parcelas» e incluso abrió la posibilidad de «resolver el contrato si no se aprobaba el Plan General de Urbanismo».
Asimismo, aseguró que todo lo hizo porque nadie le decía que no. Así de tajante se mostró, aunque luego lo suavizó al alegar que «seguía las recomendaciones de los técnicos municipales».
El popular Carlos Juárez negó además que su intención fuese beneficiar a la empresa Roseworld en perjuicio de otras que aspiraban a la concesión de las parcelas municipales en el año 2005. «En todo caso lo que hice era lo que me decían los técnicos municipales de la Mesa de Contratación», declaró.
El ex alcalde linense se enfrenta a cuatro años de prisión por prevaricación y cohecho y una multa de 500.000 euros, así como una pena de inhabilitación especial para el empleo de cargo público durante ocho años y medio.

* La Voz Digital – 2.02.11
Foto: La Línea de la Concepción (Cádiz), ayuntamiento – flickr.com

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LAOPINIÓN/Málaga* : La construcción de un tren litoral que conecte Málaga con Estepona es como la yenka, se mueve para todos los lados, pero sin avanzar. La falta de financiación para este proyecto, valorado en 4.500 millones de euros, es uno de sus principales obstáculos, pero no el único por el retraso acumulado por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Fomento para constituir la comisión que impulse el proyecto. La consejera de Obras Públicas de la Junta, Josefina Cruz, subrayó que la entrada de financiación privada en este proyecto público es la única vía para impulsar la infraestructura y que su falta está lastrando su desarrollo. En este sentido, puso sus esperanzas en la experiencia positiva de las primeras obras públicas con apoyo financiero privado, que podría animar a las entidades bancarias y de ahorro a entrar en este proyecto. Sin embargo, Cruz reconoció: «No es lo mismo una actuación de 70 millones o de 250 millones de euros que ésta, con más de 4.000 millones de euros de presupuesto».

Para facilitar la entrada de capital privado están trabajando en dividir el proyecto en varios tramos y «afinar la demanda muy bien» para presentarlo a los inversores y que valoren su rentabilidad. Para ello, está en marcha un estudio de demanda con más de 60.000 encuestas entre los usuarios.

La presencia de inversores privados complementaría la participación del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que sí ha mostrado su interés en aportar fondos para su construcción, que ascendería hasta la mitad del presupuesto de obra.

De forma paralela, tanto el Ministerio de Fomento como la Consejería de Obras Públicas llevan desde mediados de 2009 negociando la constitución de una comisión mixta entre ambas instituciones y que se encargará de poner en marcha el tren litoral, pese a que estaba prometida para fines de 2009. Josefina Cruz afirmó ayer que a principios de este año se reunió con el Ministerio para abordar todavía el borrador de convenio, aunque reconoció que la principal preocupación es obtener la financiación «en este momento, que no es fácil».

La consejera reiteró que existe «una firme voluntad» de la Junta y del Ministerio de Fomento para construir esta infraestructura, ya que «la Costa del Sol necesita un modo de transporte público masivo para dar respuesta a los temas de movilidad que hay».

Sin avance

El desarrollo de este proyecto es peculiar, ya que cuenta con un tramo adjudicado en marzo de 2009 entre Las Lagunas y La Cala de Mijas. Sin embargo, las empresas que recibieron la adjudicación, con un presupuesto de 163,7 millones de euros, no pudieron empezar la obra ante la paralización ordenada por la Junta de Andalucía para replantear el proyecto.

La construcción del AVE hizo cambiar el planteamiento inicial, que era una ampliación del Cercanías entre Málaga y Fuengirola. Ahora se plantea como una línea rápida y de gran capacidad, paralela al actual Cercanías y con menos paradas. Así, la vía en servicio atendería al movimiento metropolitano, mientras que la nueva red conectarían Málaga con Estepona por una vía alternativa, con pocas paradas, velocidades de hasta 160 kilómetros por hora y 55 minutos de recorrido.

* La Opinión – 27.01.11
Foto: El futuro tren litoral servirá para reforzar el Cercanías que presta servicio entre Málaga y Fuengirola – laopinion

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