Notas de Prensa

LAOPINIÓN/Málaga* : El fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ha solicitado este martes para la Fiscalía de Málaga más medios personales, en concreto personal auxiliar; y materiales, sobre todo técnicos; aunque ha incidido en las necesidades “urgentes” de los fiscales Anticorrupción, que en su opinión realizan una labor “admirable y muy rigurosa”. García Calderón, que ha acudido a una inspección ordinaria de la Fiscalía malagueña, ha indicado que las tareas de los fiscales Anticorrupción están “avaladas por el trabajo desarrollado durante años, junto a funcionarios policiales, de Hacienda o de Inspección urbanística”, aunque ha apuntado que “necesitan contar con medios suficientes a nivel telemático, espacios y personal técnico cualificado”. “Sólo su capacidad de trabajo y su esfuerzo están permitiendo que sostengamos las peticiones en los juicios orales, porque creo que necesitan urgentemente un apoyo que vamos a pedir a distintos organismos”, ha indicado el fiscal andaluz, entre los que ha citado la Junta de Andalucía, “en lo que respecta a las necesidades personales y materiales”.

Ha manifestado que “no sería descabellado una unidad policial propia, adscrita a Policía Judicial” y ha afirmado que “podemos instar el que puedan contar con apoyo de la Agencia Tributaria”. En este sentido, ha explicado que el modelo de la Fiscalía Anticorrupción cuenta con adscripciones permanentes “y podríamos buscar una solución parecida, sobre todo personas que conozcan la contratación pública y la cuestión fiscal”.

García Calderón ha recordado que la Fiscalía Anticorrupción “es también contra el crimen organizado”, materia en la que ha dicho “habría mucho trabajo que desarrollar”. Además, ha asegurado que se vincula a otros servicios de la Fiscalía, como el de la Cooperación Jurídica Internacional, que, en su opinión es también “completamente deficitario” en cuanto a medios materiales y personales.

Ha asegurado que “no es cierto” que las grandes operaciones en la Costa del Sol ya hayan pasado, sino que “se pueden estar gestando”. Cuestionado por la sentencia del caso ‘Ballena Blanca’, ha dicho no compartir las críticas a la Fiscalía y a la instrucción y ha indicado que la labor del fiscal Anticorrupción fue “suficientemente rigurosa” y “existían…

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Fuente:
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DIARIODEMALLORCA* : Balears cuenta actualmente con suelo urbanizable sin ocupar suficiente para dar cabida a más de medio millón de habitantes, y ello pese al intenso consumo de territorio que se ha registrado en las islas entre 2001 y 2008, unos años en los que las nuevas edificaciones han ocupado el equivalente a medio campo de fútbol diario. En concreto, estos terrenos vacantes permiten levantar un total de 160.180 nuevas viviendas. Estas son algunas de las conclusiones del estudio sobre suelo disponible en las islas que durante el último año y medio ha elaborado la conselleria de Movilidad y Ordenación del Territorio. En este informe se destaca que en 2001 el archipiélago disponía de 5.835 hectáreas de terrenos urbanizables sin ocupar, una extensión que en 2008 se había visto reducida hasta las 3.949 hectáreas aproximadamente.

Y la principal causa de este fuerte recorte ha sido el boom del ladrillo que se vivía durante ese periodo, y que ha generado un consumo de 1.069 hectáreas. Las 817 restantes que han desaparecido se explican por los cambios en la normativa urbanística que se han aprobado, incluida la protección que se ha aplicado sobre algunas zonas.

El director general de Ordenación del Territorio del Govern, Bernat Aguiló, pone de relieve que estos datos “reflejan las dos tensiones que han caracterizado los últimos años: las prisas por construir y el impulso que desde las Administraciones se ha querido dar a la protección de muchas zonas del archipiélago”.
Pero para apreciar el alcance de estos cambios, basta señalar que en 2001 el suelo residencial y turístico que ya estaba edificado tenía capacidad suficiente para albergar a 1,4 millones de habitantes. Siete años más tarde, ese potencial se ha incrementado hasta los 2,1 millones de plazas. Y ello teniendo en cuenta que la población residente en el archipiélago es en realidad de 1,1 millones de personas, a los que hay que sumar los visitantes que cada año pasan temporadas en nuestro territorio.
Como se ha indicado anteriormente, si se consumiera todo el suelo vacante que todavía queda en Balears, esa cifra de plazas se elevaría en 508.191 más, lo que supondría que las islas tendrían una capacidad para albergar a 2,6 millones de individuos.
Bernat Aguiló, pone de relieve que a partir de 2008 el consumo de suelo se ha visto prácticamente paralizado a causa de la crisis en el sector inmobiliario, pero no oculta que el ritmo con que se construía durante la etapa del boom era claramente insostenible, no solo desde el punto de vista medioambiental y paisajístico –un hecho fundamental para una comunidad autónoma que vive del turismo y, consecuentemente, de la calidad de su entorno–, sino incluso para las arcas de las Administraciones públicas.
El director general de Territorio admite que ni el Govern ni los Consells o los Ayuntamientos pueden hacer frente a la dotación de nuevas infraestructuras necesaria para dar servicio a semejante aumento de población, ya sea en materia de carreteras, centros de salud o escolares, por citar algunos ejemplos.
Porque la actual capacidad estimada de 2,1 millones de habitantes en las plazas ya edificadas no contempla aquellos casos en que un solar está ocupado por un inmueble de una o dos alturas y que realmente podría ser todavía más alto según el planeamiento urbanístico, de ahí que la cifra antes señalada podría ser incluso superior.

Crecimiento extensivo

El estudio elaborado por la Conselleria no solo analiza cuanto suelo queda y cuanto se ha consumido, sino también las características del mismo. Y uno de los aspectos que llama la atención es que un 42% de los terrenos que quedan vacantes están pensados para albergar únicamente al 14% de las futuras plazas, dado que están destinados a viviendas unifamiliares.
Según Bernat Aguiló, este hecho refleja también el desarrollo urbanístico que se ha dado durante los últimos años, con un fuerte consumo de territorio para dar cabida a una cifra baja de habitantes, y del que Marratxí se ha señalado siempre como uno de los ejemplos más claros.
Del suelo vacante que todavía queda en las islas, 1.688 hectáreas, el 42% del total, están destinadas a viviendas unifamiliares aisladas, en las que se podrá dar cabida a 68.967 personas, únicamente un 14% del total del crecimiento posible. La desproporción, según lamenta el director general de Ordenación del Territorio, es evidente. Mayor equilibrio existe en el caso de los adosados, para los que se reserva un 11% de los terrenos vacantes con el fin de albergar a un 8% del aumento poblacional.
Por contra, el suelo sin ocupar para futuras viviendas plurifamiliares alcanza una superficie de 12.080 hectáreas, alrededor de un 28% del total, pero en él tendrán cabida el 58% de los futuros residentes. El 19% de suelo restante se asigna a otras tipologías.
Por islas, Mallorca es la que tiene asignado un menor porcentaje de plazas para las construcciones de carácter unifamiliar, mientras que las Pitiüses concentran las tasas más elevadas.
“Cada núcleo de población tiene sus propias características y necesidades –apunta Bernat Aguiló–, pero como principio general es mucho mejor que el desarrollo urbanístico sea más compacto, ya que además de consumir menos territorio hace que las infraestructuras estén más cerca y reduce las necesidades de hacer uso del vehículo privado. En cualquier caso, ni es bueno el modelo de Los Angeles ni el de Hong Kong, por citar los dos extremos”.
Un aspecto que pone de relieve el representante del Govern es que este informe no contempla las construcciones que se han desarrollado en suelo rústico ni las que se pueden haber registrado en los polígonos industriales.
Por otro lado, indica que este análisis del suelo vacante ha implicado un año y medio de trabajo, una parte del cual ha supuesto analizar las fotografías aéreas tomadas en 2001 y 2008. En cambio, con el nuevo Mapa Urbanístico de Balears (MUIB) que estará operativo en pocas semanas, este informe se podrá ejecutar en cuestión de días.

* Diario de Mallorca – 17.04.11
Foto: Baleares, urbanizaciones a pie de costa – Pep Vicens (El Mundo)

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DIARIODELANZAROTE* : El exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Tías, José A.Reyes, se sentará el banquillo de la Audiencia Provincial el próximo 27 de abril acusado de un delito de falsedad documental en un expediente sancionador a Indelasa por el que la Fiscalía solicita una condena de seis años de prisión. El origen del caso se remonta al año 2000. En septiembre de ese año, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) emite un informe en el que concluye que un depósito de áridos en suelo rústico potencialmente productivo construido por Indelasa no cuenta con calificación territorial del Cabildo ni con licencia municipal. Al mes siguiente, el Ayuntamiento de Tías abre un expediente sancionador a la empresa y ordena, entre las medidas sancionadoras que podrían llevarse a cabo, “la reposición de la realidad física alterada” como consecuencia de las obras.

Por su parte, y a la vista de que tampoco contaba la empresa con permiso de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias para la construcción de un edificio en suelo rústico, la Apmun decide suspender las obras y precintarlas el 6 de octubre del año 2000. Al mismo tiempo, da un plazo a Indelasa para que trate de legalizarlas.

En julio de 2001, la Agencia de Protección del Medio se dirige al Ayuntamiento de Tías para conocer “si se había procedido a la demolición” de las obras. La respuesta municipal la ofrece el entonces concejal de Urbanismo, según la Fiscalía, “con la palmaria intención de faltar a la verdad en el ejercicio de su cargo público”.

Reyes indica a la Agencia, en agosto de 2001, que el procedimiento sancionador a Indelasa “había finalizado con el abono de la correspondiente sanción” y que las obras “habían sido legalizadas”. Esa contestación, según el fiscal, “faltaba notoriamente a la verdad de los hechos” por cuanto las obras ni se habían legalizado ni hubieran podido legalizarse.

En ese sentido, el fiscal recuerda en su escrito de acusación que el Cabildo denegó en 2004 la calificación territorial. Y que el acusado envió a la Agencia de Protección del Medio una documentación que no tenía nada que ver con las obras “construidas ilegalmente por Indelasa” sino con una solicitud de “vallado y plantación de palmeras”.

“Maniobra de engaño”

La Fiscalía considera que está clara “la manipulación subrepticia efectuada por el acusado” y añade que “con esta maniobra de engaño se pretendía, en definitiva, hacer ver a la Apmun que por parte de la Corporación municipal de Tías se había hecho el conveniente uso de la potestad sancionadora en defensa de la legalidad urbanística”.

Así, añade el fiscal en su escrito de acusación, lo que supuestamente hizo el entonces concejal de Urbanismo y hombre fuerte del PSOE de Tías fue impedir “la actuación sancionadora de la Agencia y la reparación del orden jurídico menoscabado”.

Por ello, el Ministerio Fiscal solicita que sea condenado por un delito de falsedad documental a una pena de seis años de prisión, inhabilitación por el mismo tiempo y una multa de 14.400 euros.

* Diario de Lanzarote – 16.04.11
Foto: Tías (Lanzarote) – clubrural

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ELMUNDO* : Vender o atenerse a las consecuencias. El Banco de España (BE) envió una circular el pasado verano a las entidades financieras animándoles a limpiar sus balances de resultados, demasiado enfangados por la presencia de activos inmobiliarios “potencialmente problemáticos”, 181.000 millones de euros, según el regulador. Este organismo presiona a bancos y cajas para que se desprendan de sus pisos embargados en un plazo inferior a 24 meses. De lo contrario, tendrán que provisionar hasta el 30% del valor de adjudicación de las viviendas. Ante este ultimátum, los expertos vaticinan que la banca, la gran inmobiliaria de la crisis, deberá asumir pérdidas ajustando aún mucho más a la baja los precios de sus casas en 2011. La nueva normativa del BE, emitida en la Circular 3/2010 de 29 de junio y en vigor desde el 30 de septiembre, castiga a las entidades financieras que mantengan viviendas en sus carteras.

Éstas deberán provisionar inmovilizar grandes cantidades económicas en forma de garantía como cobertura del riesgo de los créditos por los pisos ejecutados desde un 10% a un 30% respecto a su valor de adjudicación dependiendo del tiempo que lleven en su poder.

Si se trata de viviendas embargadas desde hace menos de 12 meses, un 10%; entre 12 y 24 meses, un 20%; y más de 24 meses, un 30%. Hasta ahora, el BE no exigía directa ni oficialmente estas duras provisiones y los plazos oscilaban entre los 24 y los 72 meses. Más bien, eran los propios bancos y cajas los que se las imponían a sí mismos pensando en sus auditorias y en arrojar resultados más saneados.

Recientemente, el subgobernador del banco regulador, Javier Ariztegui, ha justificado este ultimátum afirmando que la adquisición de inmuebles por parte de la banca como pago de deudas “no puede derivar en que los activos inmobiliarios se encajen en los balances de forma indefinida”. Ariztegui ha señalado que con la nueva norma se persigue “la supervisión detallada de estas operaciones” y que “los activos estén valorados a precios próximos al mercado, quedando disponibles para ser enajenados a la mejor oportunidad”.

Al margen de la lectura oficial de la nueva orden del BE, los expertos la interpretan como un mensaje claro: la banca debe ajustar lo máximo posible el valor de sus viviendas y venderlas en el menor plazo posible si no quieren pagar una sustanciosa multa. “Las casas embargadas se han convertido en una patata caliente para los bancos, que están preparando a sus equipos para vender en los próximos meses todos los activos inmobiliarios que puedan. En el caso contrario, verán peligrar sus cuentas de resultados”, afirma Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera de la Universidad CEU-San Pablo.

Ejemplos de esta delicada situación son Banco Santander y BBVA, que han tenido que cargar en sus balances en materia de provisiones 472 y 198 millones, respectivamente, por el impacto de la aplicación de la nueva normativa.

Según Córdoba, el objetivo del BE “presionando vía resultados” está más que claro: “El ‘desenladrillamiento’ de los bancos y cajas”. Para lograr esta meta, en su opinión, el camino más rápido seguirá siendo la rebaja de precios: “La burbuja aún no se ha desinflado y tendrá que hacerlo otro 15% o 20%, en general, y hasta un 30% en la costa”.

Manuel Romera, director del Sector Financiero del IE School, va más lejos aún: “Las entidades financieras deben asumir pérdidas ahora para dar salida a sus activos con un ajuste de precios aún bastante pronunciado [al menos, otro 30%], ya que se exponen a perder más en el futuro”. “Tienen que darles salida de manera rápida”, asegura.

Ejercicio de prudencia

Este economista ve en la actitud del BE un ejercicio de prudencia y transparencia que busca evitar males mayores a corto y medio plazo. “De aquí en adelante valorarán mejor los riesgos y tendrán más cuidado a la hora de conceder hipotecas a interés variable y plazos extremadamente largos”, prevé. “La medida era necesaria, aunque un poco tardía”, apunta Ignacio Jiménez de Laiglesia, experto de negociación y estrategia inmobiliaria. “Los países anglosajones ya hicieron este ejercicio de transparencia hace dos años y ello implicó la quiebra de muchas entidades en EEUU y Gran Bretaña. Sin embargo, hoy cuentan con más credibilidad. Aquí no se quiso hacer lo mismo por cálculos políticos”, explica.

Jiménez de Laiglesia interpreta la circular como una “nueva vuelta de tuerca que hará que las entidades de crédito se empleen más y mejor para quitarse de encima sus inmuebles”. “La urgencia por vender les obligará a campañas más agresivas en precios, ya que en financiación ya no tienen margen para reducir los pagos. Para cualquier banco o caja es mejor vender con la rebaja de la provisión y recuperar la liquidez para volver a prestar”, aclara. En este sentido, adelanta que “los pisos seguirán bajando” y que el margen para estas bajadas es aún “del 20% o 25%”.

Esta visión es incluso compartida por los propios implicados. SU VIVIENDA ha hablado con un analista de una entidad financiera. “El objetivo del BE con esta circular es poner en precio los inmuebles, que se han depreciado ya y se depreciarán aún más. La norma es todo un incentivo para acelerar las ventas y el ajuste del mercado inmobiliario. Tener que provisionar el 30% obliga a no esperar y asumir una pérdida lo antes posible”, apunta esta fuente.

* El Mundo – 24.12.10(2011)
Foto: Madrid, Banco-España – attac

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LAMAÑANA/Lleida* : El Col·legi d’arquitectes de Lleida acogió ayer una jornada técnica sobre la disciplina urbanística en suelo rústico con la participación de técnicos y políticos relacionados con esta problemática. Se llegó a la conclusión, según el consultor ambiental Ramon Queralt, de que “esta competencia municipal es muy difícil de llevar desde un ayuntamiento”, por lo que el centenar de asistentes se comprometieron a “dedicar esfuerzos y mejorar la coordinación entre los Mossos d’Esquadra, agentes rurales, municipios, Seprona y los inspectores de la Dirección General de Urbanismo”. Son muchas las localidades que tienen dificultades para afrontar los casos de viviendas implantadas ilegalmente. Desde el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB), señalan como ejemplos a l’Horta de Lleida, Alcarràs, Balaguer, Golmès, les Borges Blanques, Cervià de les Garrigues y Juneda.

Según el COAMB, es un problema ambiental que se intuye pero no se valora en la medida real hasta que los problemas para los ayuntamientos empiezan a aflorar de formas diversas, como la demanda de servicios, conflictividad administrativa o dificultad de control sobre la población. A esto se añaden una serie de impactos colaterales, como son la distorsión del mercado del precio de la tierra, la inseguridad o los vertidos incontrolados de escombros y de aguas residuales.
El objetivo de la jornada era poner de relieve la problemática y la normativa existente, además de mostrar el caso del Consorcio para la protección de la legalidad urbanística de Menorca, que desde el 2006 ha abierto 380 expedientes y ha conseguido frenar e incluso revertir este fenómeno en la zona.
Queralt, uno de los conferenciantes de la jornada, señaló al respecto que, aunque este fenómeno viene de antiguo, “se va incrementando si no se pone freno”.

* La Mañana – 9.04.11
Foto: Alcarràs (Lleida), aérea – turismorural

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ELPAÍS/Valencia* : El plan municipal que prolonga la avenida de Blasco Ibáñez está suspendido y el conflicto judicial sigue sin resolverse, pero aun así el Ayuntamiento de Valencia -a través de una sociedad pública- gastó el año pasado ocho millones de euros en comprar y expropiar 50 casas en el barrio de El Cabanyal destinadas al derribo. Estas 50 viviendas se ubican en la zona donde está proyectada la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar. Según la memoria de actuaciones de la sociedad encargada de llevar adelante la prolongación, la antigua Cabanyal 2010, la firma tiene ya en sus manos 485 viviendas en este barrio, de las que 115 están derribadas, y 370 a la espera de ser demolidas.

Vicente González Móstoles, concejal socialista de Valencia, quien hizo públicos estos datos, reclamó al Consistorio que rehabilite las casas, “en lugar de proseguir con el empeño de abrir avenidas absurdas e innecesarias e impropias de un urbanismo de este siglo”.

La actividad de la sociedad propiedad del Ayuntamiento y del Instituto de Vivienda “ha supuesto una transgresión de la declaración de expolio de finales de 2009 por parte del Ministerio de Cultura”. El Consistorio actúa “precisamente en las unidades que causan expolio por la apertura de la avenida y el bulevar de San Pedro”, denunció González Móstoles.

“Gastarse ocho millones de fondos públicos para comprar viviendas con el único objetivo de derribarlas, y hacerlo además en un año de austeridad donde se han reducido drásticamente las inversiones, es un despropósito”, lamentó el edil de la oposición.

Los socialistas invitan a la alcaldesa a que rehabilite en lugar de derribar y con ello aproveche los 10 millones de euros de ayudas consignadas por el Gobierno español para restaurar las viviendas del barrio. Ayuntamiento y Generalitat trabajan únicamente en dos viviendas situadas en las calles del Progreso y del Arzobispo Company. “Solo dos rehabilitaciones en marcha frente a 50 adquisiciones para derribo”, criticó.

Y para el futuro de El Cabanyal trabaja también la Universitat de València. La comisión creada en su día por acuerdo del consejo de gobierno universitario arrancó el pasado viernes con una visita al barrio. Este grupo de trabajo elaborará un documento final cuyo objetivo es identificar las necesidades del barrio y cómo la Universitat puede contribuir a su mejora. La comisión la componen los decanos de las facultades de Geografía e Historia, Derecho, Ciencias Sociales y Ciencias de la Actividad Física.

* El País – 5.04.11
Foto: Valencia, barrio Cabanyal – publico.es

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EUROPAPRESS* : La Comisión Europea ha propuesto una norma cuyo objetivo es frenar la concesión de préstamos hipotecarios “irresponsables” como los que han provocado la burbuja inmobiliaria en países como España o Irlanda. Precisamente, España se encuentra, junto con Dinamarca, Estonia, Bulgaria y Letonia, entre los países de la UE donde más ha aumentado la tasa de morosidad hipotecaria debido a la crisis, ya que ha pasado del 0,72% en 2007 al 2,88% en 2009. Las ejecuciones hipotecarias se han incrementado en el mismo periodo un 260% (de 25.943 a 93.319), según los datos de Bruselas. “En Europa, el nivel de excesos no ha sido tan dramático como en EE.UU., pero también hemos visto casos graves de créditos irresponsables, que han sido en parte la causa de burbujas inmobiliarias y después de los inevitables estallidos, por ejemplo en Irlanda o España”, ha explicado la portavoz de Mercado Interior, Chantal Hughes.

Para impedir que se repitan estos excesos, el Ejecutivo comunitario quiere que en el futuro las hipotecas se concedan “basándose en la capacidad del beneficiario de devolverlas y no en la posible subida futura de los precios de la vivienda”, ha dicho la portavoz.

De hecho, la norma obliga al banco a evaluar la evaluar la capacidad del consumidor para reembolsar el crédito, atendiendo a las circunstancias personales de éste y basándose en información suficiente. Asimismo, introduce la obligación de que el prestamista deniegue la concesión del crédito cuando los resultados de la evaluación de la solvencia sean negativos.

El objetivo es acabar con prácticas como las del mercado británico, donde el 45% de las hipotecas en 2006/2007 se concedían sin siquiera verificar los ingresos de los clientes. Además, las entidades deberán dar al consumidor toda la información sobre la hipoteca y advertirle de los riesgos si incumple el contrato de crédito.

Los bancos deberán avisar claramente de los peligros de contratar una hipoteca en una divisa extranjera si cae el valor de la moneda nacional. En la actualidad, más del 90% de las hipotecas en Letonia, Rumanía y Estonia se conceden en divisas extranjeras, y en Austria un 38% de los créditos pendientes están denominados también en otra moneda distinta del euro.

La directiva reconoce también en toda la UE por primera vez el derecho de los usuarios a reembolsar su hipoteca antes de la fecha de vencimiento del contrato en condiciones “no excesivamente onerosas”. No obstante, se deja en manos de los Estados miembros fijar el nivel de penalización. Asimismo, los bancos deberán utilizar la definición prevista en la legislación de la UE sobre la tasa anual equivalente (TAE), para que resulte más fácil a los clientes comparar hipotecas.

Mercado único hipotecario

Además de acabar con los préstamos hipotecarios irresponsables, la nueva norma pretende crear un mercado único hipotecario que sea más eficaz y competitivo. Para ello, se creará un pasaporte europeo que permita a los intermediarios de crédito autorizados en un Estado miembro ofrecer sus servicios en toda la UE, como ya ocurre por ejemplo con los fondos de inversión.

Los intermediarios tendrán derecho además a acceder de forma no discriminatoria a las bases de datos sobre historial de crédito de sus clientes.

La norma debe ser negociada ahora por los Gobiernos de los Veintisiete y la Eurocámara.

* La Vanguardia – YaEncontré – EP. – 1.04.11
Foto: Bruselas, edificio Comisión europea – elcorreo

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PÚBLICO/Madrid* : Asociaciones de consumidores, organizaciones de la sociedad civil y sindicatos como CCOO y UGT presentaron ayer una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Congreso de los Diputados para que se regule de una manera “justa” la dación en pago y, de esa manera, se acabe con una situación que, a juicio de sus promotores, sólo beneficia a la banca. Aunque la iniciativa surgió de las delegaciones catalanas de ambos sindicatos, así como de las secciones en esa comunidad de asociaciones como el Observatori DESC o la asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros Adicae, la idea cuenta con el apoyo de sus homólogos estatales. El texto, que apremia a una modificación de la vigente Ley Hipotecaria, tendrá que estar avalado por 500.000 firmas para que llegue a debatirseen las Cortes.

“Sistema menos abusivo”

Según Manuel Pardos, presidente de Adicae, la regulación de este fenómeno supondría un avance en el “drama” que sufren miles de familias y promovería un sistemas finaciero “más transparente y menos abusivo”.

Pardos denunció que desde 2007 se han producido 270.000 ejecuciones hipotecarias, aunque aventuró que este problema podría alcanzar a medio millón de familias con una eventual subida de los tipos de interés.

El presidente de la patronal de bancos, Miguel Martín, se mostró ayer “profundamente sorprendido” de la magnitud que están adquiriendo las peticiones de que se permita la dación en pago. Martín admitió que hay que atender algunos casos que son humanamente muy difíciles, pero rechazó cambiar el sistema hipotecario español.

* Público – 31.03.11
Foto: Presentación de la ILP – publico

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LEVANTE/Valencia* : La casa debe saldar la deuda hipotecaria con el banco. Esta es la premisa sobre la que parte la asociación valenciana Jueces para la Democracia para abogar por una reforma del Código Civil al que consideran “injusto”. En estos términos se expresa desde la asociación su portavoz Joaquín Bosch, quien sostiene que “los bancos no pueden pretender seguir obteniendo beneficios a costa de un endeudamiento de por vida de sus clientes, como sucede en muchos casos”. Los jueces progresistas sostienen que los bancos deben asumir sus responsabilidades sobre la crisis económica y financiera por la que atraviesa el país. Y sostienen que la dación de la vivienda como pago de la hipoteca debe ser considerado como un pago “justo”, independientemente de cómo puedan llegar a fluctuar las tasaciones y los valores de las viviendas en el mercado en situación de bonanza o de crisis. Ya que, según exponen, “el banco aceptó una tasación y en función a ella, concedió una hipoteca. Por lo tanto, esa hipoteca vale lo que vale la vivienda. No hay por qué pagar más y endeudar al máximo a una familia que ya ha perdido su hogar”, sostiene Bosch.

Sin embargo, los magistrados no ponen ahí el freno. “También habría que considerar que el nuevo texto legal, ya reformado, tuviera un carácter retroactivo. Para conseguir compensar a los ciudadanos que ya se encuentran en una situación desesperada”, sostiene.

Una interpretación flexible
La ley hipotecaria española es flexible. En opinión de los magistrados, el Código Civil español no habla de la dación en pago como modo extintivo de las obligaciones, aunque da por supuesta la institución en los artículos 1.521 y 1.636, al tratar de los retractos, y en algunas otras disposiciones. Esto significa que se recoge la figura de la dación en pago como método de saldar la hipoteca pero defiende que el banco pueda perseguir y embargar bienes y cuentas hasta que quede totalmente liquidado el préstamo hipotecario si en la subasta de la vivienda el precio que se ha pagado por ella no ha conseguido saldar, en totalidad, la deuda contraída con el banco. “Una situación muy injusta para el hipotecado” subraya el magistrado Bosch.
Así la ley, los tribunales pueden dar la razón o no, y los bancos alegan actuar amparados por la ley que les permite el cobro de la totalidad del préstamo y sus intereses. Sin embargo, la condición social y la sensibilidad hacia una situación de crisis hace que los magistrados emitan últimas sentencias favorables hacia los afectados. En enero, la Audiencia de Navarra dictó, contra todo pronóstico, una sentencia en la que consideró devolver al banco un piso hipotecado como cancelación de una hipoteca. El juez argumentó que la causa de la crisis económica viene dada por “la mala gestión del sistema financiero y las hipotecas basura”. Esa sentencia fue el inicio de un debate que ya ha llegado al Congreso. En febrero, los grupos parlamentarios de PSOE y PP confirmaron en el Pleno su rechazo a tramitar una proposición de ley de ERC, IU e ICV que reclamaba cambiar la legislación hipotecaria. Sin embargo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en un compromiso establecido con Joan Ridao (ERC) accedió esta pasada semana a que el Congreso estudie la dación del piso a cambio de saldar la deuda hipotecaria con el banco al completo. Esta nueva actitud del Gobierno sorprendió hasta a la propia ministra de Economía, Elena Salgado, quien ya se ha adelantado a advertir que este tipo de medida supondría un peligro para el sistema financiero español.

Adicae recabará apoyo para cambiar la ley

El debate sobre si es conveniente o no modificar la actual legislación sobre hipotecas ha llegado también al último eslabón, el de los usuarios. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha celebrado este fin de semana una jornada con el único objetivo de reclamar cambios en la ley hipotecaria. Durante el evento se habló de la necesidad de una reforma en el sistema para acabar con los “innumerables abusos”, como las cláusulas suelo, que hace que haya hipotecas que tengan un tipo mínimo limitado independientemente del euribor. Un extremo que ha sido también duramente atacado por las asociaciones de consumidores.
El presidente de Adicae, Manuel Pardos, indica que las más de un cuarto de millón de ejecuciones hipotecarias desde 2007 y el clamor social “creciente” contra los abusos en las hipotecas “hacen imprescindible un debate serio para lograr una regulación justa y razonable”.
Por esta razón, Pardos critica la actitud “cerril” de la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, y de las entidades financieras, que se oponen a los cambios en virtud de sus intereses “mezquinos”. La Asociación anunció que instalará cuarenta mesas informativas en veintiocho provincias de quince comunidades autónomas para recabar el apoyo de los ciudadanos a una reforma de la actual regulación hipotecaria.
En la Comunitat Valenciana, en los últimos cuatro años, más de 50.000 personas han perdido su piso por no poder hacer frente al crédito hipotecario.

* Levante – 28.03.11
Foto: Hipotecas, montaje fotos – 20minutos.es

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FARODEVIGO* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) da un ultimátum al Concello para adaptar la urbanización de O Piricoto a su entorno natural. La sala de lo contencioso-administrativo comunicó el martes a la Concejalía de Urbanismo que dispone de un plazo de un mes para cumplir la sentencia de derribo “total o parcial” dictada por el alto tribunal gallego en mayo de 2006 para rebajar el impacto paisajístico del edificio sobre el parque de Castrelos. La providencia dictada el 16 de marzo insta al gobierno local “a redactar el correspondiente proyecto de demolición según lo ordenado por esta sala en los autos de febrero y julio de 2009, [...] a fin de que en el plazo de un mes se inicien las actuaciones necesarias para la debida ejecución de la sentencia”. Los servicios jurídicos municipales analizaban ayer por la tarde la posible respuesta al auto del TSXG, pero desde el gobierno local ya se adelantó que no se presentará recurso de súplica y que se va a ejecutar la sentencia pendiente de aplicar desde hace cinco años.

Preguntado por la resolución, el alcalde, Abel Caballero, se limitó a garantizar que “este gobierno cumple siempre con la justicia. Las etapas de resistencia a la legalidad se acabaron”, puntualizó.

La resolución del Tribunal Superior no entra a valorar ninguna de las medidas correctoras planteadas por el Concello de Vigo en junio del pasado año y se ciñe a instar a la administración local a cumplir con la sentencia “de demolición total o parcial” sin concretar cual de las dos opciones debe aplicarse. El auto informa adicionalmente a los afectados de que el Tribunal Supremo rechazó el 29 de diciembre de 2010 los recursos de casación interpuestos por la comunidad de propietarios para paralizar el proceso.
Cegada esta última vía y ante el apremio del alto tribunal gallego, la Concejalía de Urbanismo empezará en los próximos días a redactar el proyecto de derribo que debe presentar en el plazo de cuatro semanas. Por ahora elude concretar los términos en que se dará cumplimiento a la orden de derribo, aunque todo apunta a que se buscará una opción que afecte lo menos posible al centenar de viviendas construidas sobre la colina de Castrelos.
La propuesta más detallada de la que disponen por ahora los técnicos municipales es la redactada por el arquitecto Javier Vizcaíno en junio de 2010 a petición del Concello y que se remitió al Tribunal Superior para que analizase si los cambios que introduce son suficientes para otorgar nueva licencia al inmueble y legalizarlo.
Su informe, sobre el cual el TSXG no se pronuncia en su último auto, propone rebajar el impacto visual del edificio, con 37.670 metros cuadrados construidos, eliminando el piso superior de la veintena de dúplex cubriéndolo con un manto vegetal y de forma complementaria liberar la planta baja que ahora ocupan garajes y trasteros y “acercar el conjunto a una edificación sobre pilotes”. Su segundo planteamiento, desaconsejado por los servicios jurídicos municipales, planteaba demoler el bloque central de los tres existentes “para dar mayor permeabilidad al inmueble”.
Con independencia de cómo se reduzca la edificabilidad de O Piricoto, el gobierno local tendrá que indemnizar a los propietarios porque el edificio recibió licencia municipal en 1991, anulada anulada por el Tribunal Superior por “inadaptación de la edificación autorizada al ambiente circundante” tras una denuncia de la asociación de vecinos de Castrelos. Desde entonces la administración local y los propietarios han presentado sucesivas iniciativas para intentar paralizar el proceso, pero han agotado la vía del Supremo y ahora también del TSXG .
Tras conocer la última resolución de este último, FARO se puso en contacto con los propietarios de las viviendas, pero estos desconocían el contenido del documento y no valorarán las novedades jurídicas hasta que hoy analicen la situación con su abogado.

* Faro de Vigo – 24.03.11
Foto: Vigo, edificio Piricoto ilegal a derribar – lavozdegalicia.es

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