Notas de Prensa

ELCORREO* : El Gobierno vasco ha decidido asumir ya en su contabilidad una pérdida de 5 millones de euros –832 millones de las antiguas pesetas–, como consecuencia de algunas «extrañas» operaciones inmobiliarias que realizó el exdirector de Sprilur, Antton Zubiaurre, sobre el que pesan al menos dos investigaciones judiciales abiertas. Sprilur, la sociedad pública de la Administración vasca dedicada a la gestión de suelo industrial, tiene en su inventario tres terrenos –uno de ellos en la localidad vizcaína de Santurtzi y otros dos en un municipio aún no desvelado de Guipúzcoa– adquiridos bajo el mandato de Zubiaurre, con calificación de rústicos y en los que no hay proyecto alguno de recalificación. Esto es, sirven para cultivar puerros –actividad no contemplada aún en el objeto social de la sociedad que depende del Departamento de Industria–, pero no para edificar talleres o almacenes.

El consejo de administración de Sprilur ha decidido esta semana asumir, sin más dilación, el impacto económico que tienen unas operaciones calificadas como «ruinosas». Por ello, ha decidido realizar una «provisión» en su cuenta de resultados de 2010 por un importe de 5 millones de euros. La cifra supone en torno al 85% del precio que se pagó por los terrenos, ya que la adquisición se hizo con tasaciones propias de terrenos industriales y no con calificación rústica. La provisión es una operación contable que, en la práctica, supone reconocer como pérdidas una cantidades que se consideran ya irrecuperables. Y ello porque Sprilur estima que no hay opciones de recalificar esos terrenos –los municipios en los que están jamás habían considerado esta posibilidad– y que, por lo tanto, no podrá darles un valor que justifique el precio de adquisición. Menos aún la posibilidad de obtener alguna plusvalía sobre ellos.

Rebajar el valor

De los cinco millones de euros que ahora se anotan como pérdidas, 1,9 millones corresponden a la adquisición de dos terrenos en Guipúzcoa. Desde la Administración vasca no se han facilitado detalles sobre los mismos ya que, apuntan, aún se está analizando la situación. El Gobierno quiere comprobar si en algún momento se estudiaron recalificaciones para esas zonas que, aunque fracasadas, hicieron pensar a los directivos de Sprilur que la promoción de un parque industrial en ellos era posible.
Los 3,1 millones de euros de pérdidas restantes corresponden a una operación que ya motivó el pasado mes de julio la presentación de una denuncia del grupo Spri ante la Ertzaintza, debido a las sospechas de que se trató de una operación «irregular». El terreno, de aproximadamente 100.000 metros cuadrados, fue adquirido en 2007, un año antes de que Zubiaurre abandonase la dirección de Sprilur argumentando «problemas de salud». Está situado en las faldas del monte Serantes, en las inmediaciones de una zona residencial conocida como ‘La Pólvora’. Cuando el nuevo equipo de Industria se hizo cargo de la gestión del grupo Spri, después de asumir el PSE la responsabilidad de formar Gobierno, realizó una revisión de los terrenos que Sprilur tenía en cartera y sobre los que se podía actuar a corto y medio plazo para promocionar parques industriales.

Irregularidades

Pero en torno al terreno de Santurtzi, todo fueron sorpresas. La calificación del suelo era la de rústico; el Ayuntamiento de Santurtzi aseguró que jamás habían existido planes para su recalificación, además de considerarlo «poco factible». Por si fuera poco, los técnicos de Sprilur llegaron a la conclusión de que el precio pagado por ese terreno, 3,54 millones de euros, podía calificarse como «desorbitado», ya que se situaba entre seis y siete veces por encima de las transacciones conocidas en esa misma zona. Por si fuera poco, la pendiente del terreno es importante lo que, según los especialistas, dificultaría su urbanización como parque industrial o, en su caso, supondría un coste extraordinario.
La investigación sobre las presuntas irregularidades en torno a este terreno está en manos de un juzgado de Bilbao. Una parte del importe de la transacción fue pagada por la Spri con un talón al portador, por importe de 460.000 euros. La investigación judicial ha permitido saber que fue cobrado por la sociedad Avalancha Proyectos, por la intermediación en la compra del terreno.
Por otra parte, Zubiaurre tiene pendiente otra investigación judicial por un supuesto espionaje en los ordenadores del grupo Spri, descubierto el pasado mes de junio por los directivos de la sociedad, asunto que provocó un enorme revuelo en el Departamento de Industria, que incluso llegó a encargar un barrido de todo el edificio que ocupan las sociedades públicas del Gobierno en la capital vizcaína.

* El Correo – 31.03.11
Foto: Antton Zubiaurre, en su etapa comodirector general de Sprilur – elcorreo

UrbanismoPatasArriba

QUÉ/Madrid* : IU critica que un operador privado y sin un centímetro de suelo en el ámbito consiga plusvalías por valor de 3.000 millones de euros. El Pleno de la Casa de la Villa ha aprobado este viernes –con los votos a favor de PP y PSOE y la oposición de IU– el Plan Parcial de la Prolongación de la Castellana, que supondrá la generación de 88.000 empleos y 7.200 millones de euros de valor añadido en 2022, como ha detallado la delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez. De este modo se desbloqueaba la conocida en su origen como ‘Operación Chamartín’ tras 20 años desde su inicio y todo gracias a lo que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, ha definido como el “acuerdo más importante” al suponer “la modificación del futuro de los madrileños en el sentido de hacer la gran capital soñada”.

Martínez ha aprovechado su intervención para explicar por qué una operación de estas dimensiones ha estado parada durante dos décadas. En su opinión, todo se debe a un “error inicial de diseño” del que ha acusado indirectamente al equipo del entonces ministro de Fomento, el socialista Josep Borrel.

Y es que el plan se diseñó “como una operación ferroviaria, no como una operación de ciudad”. A eso se sumó que se trasladó a las administraciones “el grueso de los costes de las infraestructuras y no, como es justo, a los propietarios del suelo”, al tiempo que se introdujo un operador privado (DUCH, integrado por el BBVA y la constructora San José) “como actor relevante en la negociación”.

“Y finalmente se llevó a cabo la negociación sin hacer públicas unas cuentas que pusieran negro sobre blanco quién ganaba qué y quién perdía con la operación Chamartín”, ha subrayado la edil después de indicar que las soluciones han llegado en esta legislatura por medio de “una visión más amplia de las oportunidades que encierra el ámbito”.

LA NUEVA CITY DE MADRID

El objetivo es crear “la nueva City de Madrid”, según Martínez, un nuevo distrito económico y de actividades terciarias que incrementarán la capacidad económica y competitiva de la ciudad, además de un cambio en la especialización productiva.

La delegada ha revelado que el impacto a corto y medio plazo en la economía supondrá una inversión de 11.100 millones de euros, 690 millones de euros en el PIB de la capital y 1.584 en el nacional así como 20.000 puestos de trabajo sólo durante el proceso de urbanización y edificación. A largo plazo los impactos serán mayores ya que, cuando esté concluido, se incorporarán 88.000 trabajadores al ámbito y se generará un valor añadido bruto de 7.236 millones en 2022.

Por otro lado, el nuevo convenio “reasigna” las cargas infraestructurales a los propietarios del suelo “ahorrando más de 450 millones a las administraciones”, ha detallado la concejala, que ha apuntado que también se cubrirá la M-30 (sin referirse al by-pass norte), concretamente entre el Hospital de Paz hasta la carretera de Burgos.

Para hacer frente a las críticas de IU, Pilar Martínez ha asegurado que el patrimonio municipal no sólo no se reduce sino que se “refuerza”, de modo que la valoración de la posición patrimonial del Ayuntamiento es de 1.018 millones de euros. Asimismo se mejora la ubicación de los equipamientos públicos y zonas verdes, se integra mejor el transporte público y se incorpora una red de carriles bici, entre otras cuestiones.

Por su parte, el portavoz socialista, David Lucas, ha señalado que con este Plan se eliminarán las barreras de la zona generando una mayor competitividad para la ciudad, sin olvidar el trabajo conjunto hecho con la Administración central. Sí que ha planteado dudas sobre qué pasará con el by-pass norte, un túnel que ha tenido un gran rechazo por los vecinos de Monforte de Lemos, al tiempo que ha planteado que la Colonia de la EMT debería haber sido integrada en el ámbito para su mayor protección.

CRÍTICAS DE IU

Los únicos reproches han venido de la mano del portavoz de IU, Ángel Pérez, que le ha dado una “lectura política” crítica al hecho de que unos 3.000 millones de euros en plusvalías irán a manos privadas. “El BBVA gana 3.000 millones sin tener un centímetro de suelo en el ámbito. Cuando pedimos que ayuden a las gentes que duermen en los bancos no nos referimos a esos bancos”, ha ironizado el concejal.

Ya a finales de 2009, cuando las tres administraciones reactivaron la operación el 23 de diciembre de ese año, el portavoz municipal de IU y candidato a la Alcaldía, Ángel Pérez, tildaba de “escándalo” esta “forma de esquilmar el patrimonio público”, una opinión que ha mantenido al salir de la comisión de Urbanismo.

La coalición de izquierdas recuerda que la venta de suelo superaría los 10.000 millones de euros y que de ese total habría que restar algo más de 3.000 destinados a las infraestructuras. De los 7.000 restantes la proporción, en función de la cantidad de suelo aportado, sería la siguiente: 4.429 millones de euros para el Ministerio de Fomento por su 62,9 por ciento, 1.383 millones para los propietarios privados, 829 millones para el Ayuntamiento y 397 millones para la Comunidad de Madrid por los terrenos ocupados por el Canal de Isabel II.

“Según el acuerdo, de los más de 4.000 millones de Fomento habría que descontar 1.200 en concepto de canon que Duch pagaría a la Administración Central y los 3.000 restantes serían el resultante final de semejante pelotazo. Esto es, siendo benévolo, una primada o, siéndolo menos, todo un desfalco al patrimonio público”, han criticado.

Desde la coalición de izquierdas han defendido que el proyecto debe ser para mejora la zona norte de la ciudad “y la cuenta de resultados de las empresas” para, a renglón seguido, preguntarse “si alguien ha valorado si en la actual coyuntura del sector inmobiliario son necesarias 10.000 viviendas más cuando hay casi 200.000 vacías y están pendientes los nuevos desarrollos que no se desarrollan y la operación de la fábrica de Mahou y del entorno del Calderón”.

La ‘operación Chamartín’ supondrá la construcción de más de 16.000 viviendas en el norte de la capital, de las que 4.000 serán protegidas, y la modernización del norte de Madrid capital. Tras quince años de negociaciones infructuosas, la operación conseguía desbloquearse a través de un proceso en el que se invertirán un total de 10.953 millones de euros procedentes de los beneficios de la propia operación.

En concreto, 1.800 millones irán a urbanización e infraestructuras, mientras que 5.650 millones serán para edificios lucrativos, otros 1.100 irán destinados a dotaciones públicas y los 2.400 millones restantes se destinarán al by-pass norte, a la remodelación de Chamartín y a otras actuaciones ferroviarias del Ministerio y el Ayuntamiento.

Así, el proyecto generará 20.000 puestos de trabajo durante los doce años que se prevé dure su ejecución. Una vez finalizada la operación, se crearán 68.000 empleos estables en las oficinas y otros equipamientos terciarios que se abran en el nuevo ámbito, como hoteles, superficies comerciales y equipamientos privados.

Además, contará con una nueva línea de Metro que discurrirá subterránea a lo largo de la prolongación del actual Paseo de la Castellana. Esta línea partirá desde la estación de Chamartín en dirección norte y contará al menos con cuatro paradas a lo largo de este eje.

Con este proyecto, el Paseo de la Castellana llegará a cruzarse con las carreteras de circunvalación M-30 y la M-40, para lo cual se ha previsto la construcción de enlaces adecuados que faciliten la circulación. Así, se crearán el Nudo Norte con la M-30 y el Nudo Fuencarral con la M-40.

Para garantizar la fluidez del tráfico y una correcta comunicación entre los barrios situados a ambos lados de la futura prolongación del Paseo de la Castellana, el proyecto ha incluido la creación de cinco grandes avenidas transversales, una de ellas subterránea, que se repartirán regularmente a lo largo de toda la vía.

* Qué – EP. – 25.02.11
Foto: Madrid. operación Chamartín – que

UrbanismoPatasArriba

ELPAÍS* : Es el aspecto que mejor refleja la ambición por crecer sin la prudencia que siempre debe acompañar al negocio financiero: las hipotecas que se concedieron por más del 80% y del 100% del valor de tasación de los pisos. Según el cuadro adjunto, los préstamos con estas arriesgadas características suman 89.819 millones de euros, pero faltan importantes entidades con las que la cifra sobrepasaría de largo los 100.000 millones. Representan casi una de cada cinco de las concedidas por las cajas y los principales bancos para la compra de vivienda y su morosidad es del 6,1%, lo que triplica la media del sistema. Estas hipotecas son lo más parecido a las subprime de Estados Unidos, como las definió Alfredo Sáenz, vicepresidente y consejero delegado del Santander. Los expertos apuntan al sector de los inmigrantes y de los jóvenes con contrato temporal, como los principales clientes de las hipotecas-bomba. El Banco de España. más allá de realizar avisos públicos y privados, no impidió esta dudosa práctica bancaria.

Entre las entidades ausentes (o que no ofrecen la información completa) están: la fusión de Caja Madrid-Bancaja y cinco pequeñas entidades más; Banco Mare Nostrum (Caja Murcia, Caja Granada, Caixa Penedès y Sa Nostra); Caja 3 (Caja Inmaculada de Zaragoza, Caja Badajoz y Círculo Católico de Burgos) y Unicaja, que no han facilitado la información de manera homogénea con la plantilla del Banco de España y dificulta su comparación.

“Compre un apartamento en Ampuria Brava y con el dinero de la hipoteca podrá adquirir un amarre y una embarcación”. Este fue el eslogan de una entidad financiera en los años de la abundancia. Un kit completo y sugerente, pero basado en una ilusión que podía convertirse en pesadilla. Primero para el que lo aceptara si ha tenido algún problema laboral porque habrá arrastrado a todos sus avalistas y aún se puede haber quedado con una deuda de propina. En segundo lugar, para la entidad que se puede haber convertido en dueña del apartamento, el amarre y el barco (tres bienes en depreciación) que generan gastos de mantenimiento. Los banqueros y cajeros dieron por buena la ilusión de que los pisos no podían bajar, incluso algo peor: que no dejarían de subir. Así que casi daba lo mismo cuánto dinero se le prestara a un cliente por su vivienda (que debe ser la principal garantía del crédito), porque el piso siempre sería suficiente para resarcir el préstamo. Pero se pinchó la burbuja y estalló el lío.

Los datos pedidos por el Banco de España a las entidades reflejan una regla de tres: la morosidad sube a medida que el crédito es más alto sobre el valor de la vivienda. En concreto, hay seis veces más morosidad cuando se da un crédito por más del 80% que cuando supone menos del 50%. Con las hipotecas de más del 100% del valor, los impagados se multiplican por 10. Entre las entidades que destacan por su arriesgada concesión, a partir del 80% del valor de tasación, están: Caja Madrid-Bancaja, con 19.221 millones; el BBVA, con 15.556 millones; el Santander, con 9.286 millones; La Caixa, con 9.232 millones; Caixa Catalunya, con 6.528 millones y Banco Base (Cajastur, CCM, CAM) con 5.810 millones. Por morosidad en esta franja, los peores son Caja Duero- España, Unnim y la Kutxa de San Sebastián. Entre los bancos, el Sabadell y el BBVA. En total las cajas suman 56.000 millones en créditos problemáticos frente a los 27.650 millones de los seis bancos principales. El resto de hipotecas, bien concedidas, suman más de 437.000 millones, cuatro veces más que las malas. Pese a la gran diferencia, sólo suman morosos por 5.801 millones.

José Ignacio Navas, notario y coordinador del Observatorio de la Vivienda, critica las hipotecas arriesgadas. “Es un espanto que muchas hipotecas se hayan valorado por encima del precio de mercado, que es el pactado entre comprador y vendedor. Creo que algunas tasaciones no se han hecho bien. Las tasadoras recibieron presiones de las entidades para elevar la valoración de la vivienda y así poder conceder un dinero que representara, entre comillas, el 80% de la tasación. Al final se convirtieron en préstamos de altísimo riesgo”. En su opinión, la razón de que las normas digan que no se debe dar más del 80% del valor de tasación es que “los intereses del préstamo van a costar, como mínimo, el 20% restante”.

Navas critica una modalidad típica de una burbuja: los créditos que se actualizaban constantemente, a medida que se amortizaban, para prestar dinero para viajes, muebles y otros destinos, con el piso como garantía. El coordinador del Observatorio recuerda que ya en 2004 advirtieron al sector financiero que la vivienda estaba sobrevalorada. En su opinión, la combinación de la caída de los precios con los créditos mal concedidos a clientes que “casi no tenían que hacer ningún desembolso inicial, han multiplicado los problemas”.

Sin embargo, Navas no es pesimista porque sostiene que el sector ya ha reducido sensiblemente los precios de los pisos y pronto pueden volver a encontrarse la oferta y la demanda. “No habrá una hecatombe”.

* El País – 7.02.11
Foto: Hipotecas, protesta – diagonalperiodico.net

UrbanismoPatasArriba

PÚBLICO* : La gran fiesta de la Gürtel, la trama corrupta encabezada por Francisco Correa de cuya desarticulación se cumplen hoy dos años, dejó una costosísima factura a cuenta del contribuyente: el coste para el erario público asciende a un mínimo de 120 millones de euros, según se desprende del sumario, cuyo tronco central instruye el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira. Y ello sin contar la evasión fiscal: se trata sólo del dinero público que se evaporó de administraciones o entidades controladas por el PP en el mayor escándalo de corrupción de la democracia. En dos años, el caso sobre la cuadrilla de Don Vito, que inició el juez Baltasar Garzón tras la denuncia de un exconcejal de Majadahonda, ha producido más de 100.000 folios que retratan la tupida red creada alrededor de los feudos del PP. Pero falta todavía un peritaje global que cuantifique el monto que manejó el grupo y qué efecto tuvo en las cuentas públicas. Sin embargo, en la vasta documentación incorporada al sumario existen ya los mimbres para hacer al menos una estimación mínima del coste para el erario público: al menos 120 millones de euros (casi 20.000 millones de pesetas) entre 2000 y 2008.

La cifra incluye las adjudicaciones públicas declaradas a Hacienda aunque no por ello necesariamente legales, los contratos conseguidos a través de firmas pantalla, el dinero negro para campañas electorales, los sobornos anotados en la caja B de la trama, comisiones vehiculadas directamente en el extranjero y perjuicios adicionales para los presupuestos públicos ocasionados por determinadas operaciones (ver gráfico en la página 3).
Cifra superior

La cifra final será necesariamente superior cuando se conozcan los detalles pormenorizados de cada operación con la que se lucró la trama y se cuantifique el impacto fiscal que dejó de pagarse en las operaciones en negro. Ya ahora, una estimación de los juristas del PSOE sitúa el monto global de adjudicaciones públicas relacionadas con la trama en un mínimo de 250 millones. Pero esta cantidad incluye los pagos legales efectuados por empresas adjudicatarias que habían contado con la intermediación de la trama y, por tanto, va más allá del dinero estrictamente manejado por la Gürtel.

La parte blanqueada de esa enorme tarta de 120 millones de euros suma 48,1 millones y procede de las adjudicaciones a empresas de la trama declaradas a Hacienda a través del modelo 347, que detalla pagos y cobros a terceros. El cliente fue directamente el PP cuyos presupuestos dependen en un 90% del dinero público o administraciones bajo su control: sobre todo, el Gobierno central hasta 2004, cuando el PP perdió el poder, sus feudos autonómicos del País Valencià y la Comunidad de Madrid, y municipios de esta comunidad.

Hasta 2004, el negocio se centraba en el PP, formación para la que la trama organizaba prácticamente todos los actos y campañas. Entre el partido y la FAES, la trama declaró a Hacienda una facturación de 23,4 millones de euros. El PP, en cambio, nunca declaró la relación en el modelo 347, pese a que así lo exige la ley. El partido se escuda en que ya informa al Tribunal de Cuentas, pero según todos los expertos consultados ello no le eximía de detallar también sus proveedores a la Agencia Tributaria.

Tras la derrota electoral de 2004, y con Mariano Rajoy ya al frente de Génova, la trama reorientó su negocio hacia los dos grandes feudos autonómicos del PP: el País Valencià, donde declaró contratos por valor de 8,69 millones, y la Comunidad de Madrid, donde amasó directamente 9,5 millones en adjudicaciones públicas, incluyendo los municipios alrededor de la capital.

El hecho de que estas entradas estuvieran declaradas a Hacienda no implica que los contratos fueran necesariamente legales. La práctica de trocear actos en contratos menores de 12.000 euros para evitar la convocatoria pública y repartirlos por varias consejerías es ilegal. Pero los ingresos de estos minicontratos sí constan en las declaraciones a la Agencia Tributaria.

Los informes incorporados al sumario muestran hasta qué punto la trama tenía entrada en el conjunto de la Comunidad de Madrid. Sólo en 2007, las distintas empresas controladas por Correa lograron ingresos, que declararon a Hacienda, de al menos diez consejerías y nueve organismos dependientes del Gobierno regional. La mayoría eran teóricamente contratos menores que no exigían concurso público.

Otras adjudicaciones públicas gestionadas por la trama en Madrid ya no las declararon porque se otorgaron formalmente a otras empresas que la Gürtel utilizaba como pantalla para no llamar la atención. El sumario incluye informes específicos de al menos tres empresas que se prestaron a ello: Decoraciones CMR, el Grupo Rafael y Marketing Quality Management (MQM).

El mecanismo siempre era el mismo. Estas empresas conseguían la adjudicación y posteriormente firmaban un contrato privado con la trama en el que le cedían el encargo a cambio de una comisión, que oscilaba entre el 5% y el 15%. Estas tres pantallas obtuvieron un mínimo de 3,4 millones de euros en adjudicaciones de la Comunidad de Madrid, cifra que incluye 1,25 millones de la publicidad fantasma Made in Madrid que MQM ganó por sugerencia de Swat SL consultora coordinada con la trama y que nunca se llegó a realizar.

Este mecanismo aumentaba necesariamente el coste del servicio que pagaban los presupuestos públicos porque la comisión de la empresa pantalla se cargaba a la factura. Por ejemplo, MQM hinchó hasta un 400% determinadas facturas la Comunidad pagó en 2008 por un acto de cinco minutos en recuerdo del 11-M 118.000 euros, cuando dos años antes había costado 24.000 con idéntico formato o Decoraciones CMR llegó a cobrar el metro de moqueta a 200 euros.

Dinero opaco

La gran partida en dinero opaco fue sin embargo la de comisiones y sobornos, cuyo impacto conocido alcanza ya un mínimo de 63 millones de euros: 27 desvelados por un informe policial difundido el pasado diciembre que destripaba la caja B del documento Excel incautado al contable de la trama, y 36 en otras comisiones o perjuicios conocidos después y que, por su envergadura, no estaban incluidas en el documento anterior, como el pelotazo de Arganda (ver gráfico).

Al tratarse siempre de dinero negro, ninguno de estos fondos está incluido entre las adjudicaciones públicas citadas, que exigen declarar tanto los ingresos como los pagos. Y en el informe policial se apuntan a empresas privadas como origen de los fondos: Teconsa, Sufi, Hispánica, etc. De estos 27 millones, 14 se quedaron en la trama y los otros 13 se repartieron presuntamente entre políticos que ayudaron en las adjudicaciones.

Coste para el presupuesto

Pese a que esta enorme bolsa de dinero tiene un origen privado, acaba repercutiendo siempre en el contribuyente porque la comisión y el soborno se carga en el presupuesto. A través de dos vías posibles: o encareciendo el contrato que paga la Administración de forma que el plus equivale a la comisión o abaratando la adjudicación precisamente para justificar el pago del favor.

Un ejemplo del primer caso es el contrato ganado por Teconsa en Valencia por la visita del Papa, en 2006. Canal 9 le adjudicó la sonorización e instalación de pantallas por 6,3 millones. Como Teconsa es una constructora sin capacidad para cumplir el encargo, subcontrató a otra empresa, que cobró por el trabajo 3,1 millones. Las comisiones a repartir fueron 3,2 millones, pagadas, por tanto, por el contribuyente a través de Canal 9.

Un ejemplo del segundo caso es el pelotazo de Arganda. Una tasación municipal valoraba los terrenos en 96 millones, pero fueron adjudicados a Martinsa por sólo 77. De ellos, 11 debían abonarse en especie, pero el pago nunca se materializó. En cambio, la trama cobró en Suiza 12,8 millones por su “intermediación en un desarrollo inmobiliario en Arganda”. El perjuicio para el erario público asciende a un mínimo de 30 millones: 19 por la adjudicación a la baja y 11 por los pagos en especie reconvertidos presuntamente en el grueso de la comisión en Suiza.

La última bolsa contabilizada es el dinero vehiculado ilegalmente en campañas electorales del PP. De los informes policiales se desprende un mínimo de 4,6 millones: 1,3 en el PP de Madrid en 2003 y 2004, y 3,3 en el PP valenciano en 2007 y 2008. El origen formal vuelve a ser privado al proceder de empresas. Pero el impacto final, de nuevo, es público: los informes policiales subrayan que los donantes acaparaban muchas adjudicaciones en las administraciones dirigidas por el partido cuya campaña presuntamente financiaron al margen de la ley.

* Público – 6.02.11
Foto: Caso Gürtel, el bigotes y otros – publico

UrbanismoPatasArriba

MICIUDADREAL* : Juan Antonio León Triviño y José Pedro Cano Martínez, quienes fueran respectivamente presidente y secretario de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, cobraron, cada uno, más de 2,2 millones de euros de la sociedad CR Aeropuertos para que presumiblemente fueran reinvertidos a su vez con el objeto de mantener un determinado “status quo” de poderes en la sociedad. Así consta en el informe concursal elaborado por los actuales administradores del Aeropuerto de Ciudad Real que estiman, además, que muchos de los socios-promotores (incluido el propio León Triviño y el empresario Domingo Díaz de Mera, entre otros) hicieron negocio de forma inmediata con la construcción del Aeropuerto. El informe, firmado por los administradores Francisco Pérez Pérez, José Joaquín Navarro Rubio y Agustín Flores Vadillo, asegura que Juan Antonio León Triviño y José Pedro Cano Martínez recibieron cada uno 2.267.489 euros en el contexto de la quinta ampliación de capital efectuada por la sociedad aeroportuaria.

Tal y como señalan los administradores en el documento que presentaron al Juzgado Número 4 de Ciudad Real, “esta ampliación de capital tiene su origen en un acuerdo privado o pacto parasocial de los socios de fecha 19 de junio de 2003 mediante el que calificaron a Juan Antonio León Triviño y a José Pedro Cano Martínez como promotores del proyecto del aeropuerto y, sin que tuvieran ninguna obligación legal de hacerlo, acordaron irrevocablemente retribuir a cada uno de ellos con la cantidad de 2.267.489 euros”.

Según detallan los administradores concursales, los socios de CR Aeropuertos y sus representantes en el Consejo de Administración se obligaron a acordar y suscribir el pago con León Triviño y Cano “en un plazo no superior a cuatro meses desde la fecha de este contrato y de forma tal que el tratamiento fiscal de las mencionadas cantidades sea lo más eficiente posible para los señores León Triviño y Cano Martínez; y que tales sumas, o bien sean abonadas lo antes posible a dichos señores, o bien se les paguen en un período más prolongado, siempre a elección de los señores León Triviño y Cano Martínez”.

El informe concursal relata que dichas cantidades se pagaron a León Triviño y a Cano Martínez, quien también fuera consejero delegado del Aeropuerto, “con tratamiento tributario de renta irregular” y en virtud de acuerdo de la Junta General de 28 de octubre de 2003. En ese encuentro también se acordó una quinta ampliación de capital (la sociedad llegó a registrar once ampliaciones) que precisamente fue desembolsada únicamente por León Triviño y Cano, “presumiblemente con el efectivo metálico que habían recibido de la sociedad”.

A juicio de los firmantes del documento, este acuerdo se inscribe en el contexto de dos pactos privados “parasociales” suscritos entre los socios del aeropuerto para configurar una sociedad “cerrada” que garantizara para cada uno de ellos una determinada participación.

Los “pagos indebidos” de José Cano

Pero no acaban ahí las llamativas valoraciones de los administradores concursales del Aeropuerto. En el mismo informe hacen constar que formularon una demanda incidental contra José Pedro Cano Martínez exigiendo la devolución del importe de unas “retribuciones que no le correspondían”.

Según los administradores, José Cano únicamente tenía derecho a percibir las retribuciones que, según los estatutos sociales, le correspondían como consejero y consejero delegado de CR Aeropuertos, pero “su contrato de trabajo suscrito con la concursada fue en todo momento nulo de pleno derecho, por lo que no tuvo derecho a percibir retribuciones salariales y debe reintegrar la diferencia entre las retribuciones que percibió y las que legalmente le correspondían”.

El informe detalla que Cano dimitió de su cargo de consejero delegado el 3 de julio de 2009, momento en el que cesó de prestar servicios para la sociedad. “Sin embargo, continuó percibiendo el salario que anteriormente tenía atribuido, pese a no trabajar en la compañía, hasta que la administración concursal dio órdenes de dejar de abonárselo. Por lo tanto, debe reintegrar todos los salarios percibidos desde el 4 de julio de 2009″.

Por todo ello, los administradores solicitaron al Juzgado que “declare la nulidad de cualquier pago efectuado por la concursada a José Pedro Cano Muñoz en los dos años anteriores a la declaración de concurso que supere la retribución que los estatutos sociales fijaban para los vocales del Consejo de Administración y los consejeros delegados y, en consecuencia, condene a dicho señor a reintegrar a la sociedad la cantidad de 200.918 euros, incrementada con los intereses legales devengados”. Asimismo, los nuevos gestores del Aeropuerto solicitaron la declaración de nulidad de cualquier pago efectuado a José Cano desde la fecha de constitución de CR Aeropuertos hasta el 31 de mayo de 2008 “que supere la retribución que los estatutos sociales fijaban para los vocales del Consejo de Administración y los consejeros delegados”. Consecuentemente, se pidió a Cano el reintegro de otros 114.892 euros, más intereses devengados.

La construcción como negocio inmediato

Otro de los aspectos en los que incide el informe concursal es la valoración de la propia fase de construcción del Aeropuerto como negocio “en sí mismo” para algunos de los propietarios. De hecho, los acuerdos “parasociales” a los que se hacía referencia anteriormente tenían como objeto “fomentar” las relaciones comerciales entre los socios y la sociedad “siempre en condiciones de mercado”.

Según los administradores concursales, “la subcontratación, el suministro de materiales y bienes de equipo, la consultoría y asesoramiento, suponen los primeros ingresos para parte de los socios propietarios”. “Se firman -prosiguen- contratos de empresas de socios con la sociedad aeroportuaria constituida, se forman alianzas con otras empresas. En definitiva la fase de construcción supone los primeros beneficios para los inversores, obtenidos indirectamente con cargo a la sociedad aeroportuaria a través de terceras empresas propiedad de ellos mismos”.

En este sentido, el informe concursal relata operaciones entre la sociedad aeroportuaria y sus socios, así como “actos o negocios realizados con personas físicas o jurídicas que presenten una intensa vinculación con socios de la concursada sin ostentar jurídicamente dicha cualidad”.

Este es el extracto del informe en el que se desgranan las principales operaciones:

1) La construcción de gran parte del aeropuerto fue llevada a cabo por una Unión Temporal de Empresas denominada “UTE Aeropuerto de Ciudad Real”, integrada por Sacyr y Grupo Isolux Corsán S.A. Esta última es propietaria del 3,64 % del capital de la concursada (a su vez, Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha también mantiene una participación relevante en Grupo Isolux Corsán S.A.).

2) La construcción de otra parte importante del aeropuerto y su zona de uso industrial-aeroportuario (pavimentación, viales, etc.) fue realizada por la empresa León Triviño Construcciones y Obras Públicas S.A., que es una empresa familiar del socio Juan Antonio León Triviño, presidente del Consejo de Administración de la concursada.

3) A su vez, empresas del socio Juan Antonio León Triviño fueron subcontratistas de la “UTE Aeropuerto de Ciudad Real” para el movimiento de tierras y proveedoras de áridos y asfalto.

4) Tanto el acreedor Preturbi S.L (en su caso para el Centro de Visitantes) como el socio Construcciones León Triviño S.A. (en este caso para los accesos al aeropuerto) contrataron como director de proyecto y director técnico a Tomás Herrera Mazón, persona que era director general de la concursada.

5) Montreal Montajes y Realizaciones S.A., que se encargó de actuaciones de urbanización de la segunda fase de la zona industrial e intervino en el inicio de la construcción del puerto seco (a través de la UTE Montreal Montajes y Realizaciones S.A.-Constructora Hispánica S.A.), es una empresa participada en un 51% por sociedad Ruteso Aplicaciones S.A., la cual, a su vez, está controlada por Domingo Díaz de Mera Lozano e Ignacio Barco (familia Barco).

Es posible también identificar otras vinculaciones en torno a esta contratista: Ruteso Aplicaciones S.A., accionista mayoritaria de Montreal Montajes y Realizaciones S.A. (es titular del 51% de su capital), está representada en el Consejo de Administración de Montreal por Marcelino Francisco Larrañaga Arruti, el cual, a su vez, es también consejero y apoderado general mancomunado de CR Aeropuertos SL.

Pese a todas esas vinculaciones, Montreal Montajes y Realizaciones S.A., fue la primera entidad en instar el presente concurso de CR Aeropuertos SL. Montreal Montajes y Realizaciones S.A. se encuentra también en situación de concurso necesario desde el 7 de mayo de 2.010, procedimiento que se tramita ante el Juzgado de lo Mercantil Nº 10 de Madrid.

6) La financiación bancaria de la sociedad se concertó, en su inmensa mayoría, con Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha. A su vez, Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha ha financiado a varios socios para que suscribieran o compraran participaciones de la concursada.

Como ejemplo paradigmático de operación vinculada destaca que Caja de Castilla-La Mancha avalase nueve pagarés emitidos por la concursada por importe de 5.000.000 euros cada uno, a favor de la “UTE Aeropuerto de Ciudad Real” (es decir, un socio avala a la sociedad frente a otro socio, en cuyo capital también tiene participación la avalista).

Para garantizar dicho aval se constituyó una hipoteca de máximo a favor de Caja de Castilla-La Mancha sobre la finca registral única Nº 84.579 (1.059 Ha., 90 A. y 98 Ca.), mediante escritura otorgada ante la Notaria de Ciudad Real, María Luisa García de Blas Valentín Fuentes, con fecha 2 de diciembre de 2.008 y Nº 4.487 de su protocolo, lo que supone para dicho inmueble carga real por un principal total de 45.000.000 euros, más 9.000.000 euros en concepto de los intereses generados por los avales y otros 9.000.000 euros en concepto de costas y gastos de ejecución.

7) La firma de ingeniería Gerens Management Group S.A. (Gerens Hill), que se encargó de dirigir las actividades de construcción y de elaborar proyectos técnicos, es una sociedad participada por Caja de Castilla-La Mancha.

La firma de asesoría urbanística Equipo Redactor Malt S.L., que se ha encargado y se encarga del asesoramiento técnico y jurídico en materia de urbanismo, es una sociedad participada por Caja de Castilla-La Mancha.

9) Watsegur S.A., compañía de seguridad que ha suministrado equipos y cámaras de seguridad, es una sociedad del Grupo Isolux Corsán S.A.

10) Actualmente el mantenimiento de la pista de aterrizaje y del campo de vuelos, tanto correctivo como preventivo, está contratado con el socio Construcciones León Triviño S.A.

11) La concursada se subrogó en los contratos de trabajo que las dos letradas de la sociedad y dos técnicos de administración mantenían desde hacía varios años con una empresa denominada Global Consulting Partners S.L. en la que son o han sido socios destacados la familia Barco, Domingo Díaz de Mera Lozano y la familia Sanahuja. De dichos trabajadores, la responsable de la Asesoría Jurídica, Ana Isabel Valiente, ya venía encargándose de ciertas labores jurídicas internas de CR Aeropuertos desde antes de producirse dicha subrogación.

12) Se otorgó un derecho de superficie a la empresa Aerojet Center en cuyo capital participaban el grupo de Domingo Díaz de Mera Lozano, el grupo de Ignacio Barco y el de Serafín González, éste a través de su hijo.

13) La defensa de la concursada en un gran número de litigios civiles se encargó al despacho de abogados Bufete de Abogados DM S.L., en el que es socio destacado Antonio Díaz de Mera Lozano.

14) La defensa de la concursada en un gran número de litigios contencioso-administrativos se encargó a la letrada María Esperanza Obejo Escudero, la cual es sobrina del socio y anterior consejero delegado de la concursada, José Pedro Cano Martínez, que fue quien suscribió con ella el contrato de arrendamiento de servicios profesionales.

15) Aunque no se trata de una operación concertada con la concursada, debe reseñarse también que Construcciones León Triviño S.A. y Grupo Isolux Corsán S.A. constituyeron una Unión Temporal de Empresas que construyó para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el vial que va desde la autovía A-43 hasta los terrenos del aeropuerto.

* Mi Ciudad Real – 4.01.11
Foto: Ciudad Real, aeropuerto fantasma – EFE

UrbanismoPatasArriba

ELDÍA/Tenerife* : La Gerencia Municipal de Urbanismo celebró a mediodía de ayer una sesión extraordinaria y urgente de su consejo rector para dar salida antes de que finalice el año a 29 expedientes administrativos que habían quedado pendientes de aprobación. Entre ellos, los de seis ejecuciones de sentencia dictadas por juzgados de lo contencioso-administrativo solicitando a la Gerencia que abone a la empresa constructora Dragados los intereses de demora por el retraso en el pago de certificaciones de obras ya ejecutadas y que formaban parte de varios proyectos. El importe total del pago de las certificaciones de obras ejecutadas y los consiguientes intereses de demora asciende a más de dos millones de euros. Las obras con parte de sus certificaciones impagadas corresponden a los proyectos “Acciones puntuales en barrios 2003″, “Reparación y restitución de infraestructuras dañadas por el temporal del 31 de marzo de 2002″, “Campo de tiro, gimnasio y vestuarios en la Unidad Especial de la Policía Local” y “Piscina cubierta de Añaza”.

Estas seis ejecuciones de sentencia contaron con la abstención de los ediles del PSC, José Ángel Martín y Marián Franquet, quienes criticaron que las citadas obras disponían de presupuesto cuando salieron a licitación pero que “por la mala praxis de la administración” no se pudieron pagar en tiempo y forma. Por ello, la empresa concesionaria acudió a la vía judicial, que le ha dado la razón en los seis procesos. Además, Martín recriminó que no sólo se paguen los intereses de demora sino también los intereses legales “castigando a los ciudadanos a pagar una obra dos veces más cara por no haber pagado puntualmente”.

Por otro lado, el consejo rector aprobó (con el voto negativo del PSC) tres expedientes de reconocimiento de la obligación por la prestación de servicios de asistencia sanitaria, seguridad de las dependencias y limpieza ya que al finalizar la vigencia de los contratos suscritos con las tres empresas que realizaban los citados servicios, así como sus respectivas prórrogas, la Gerencia se vio condicionada a reconocer la obligación de pago para que las empresas adjudicatarias siguieran prestando los servicios.

Así, la Gerencia reconoció la obligación de abonar los servicios prestados de enero a septiembre en el caso de la asistencia sanitaria (unos 38.000 euros), de febrero a julio en el caso de la seguridad (63.000 euros), y de febrero a abril en el caso de la limpieza (50.000 euros). El PSC tachó de “negligente” la actitud de Urbanismo por no prever la necesidad de sacar a concurso en tiempo y forma los contratos de servicios básicos.

* El Día Tenerife- 31.12.10
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento – pueblos-espana.org

UrbanismoPatasArriba

ELPAÍS* : La falta de la licencia de obras en la construcción del ambicioso complejo para yates de lujo del puerto de Tarragona ha condenado a la demolición el flamante centro que el Ayuntamiento consideró clave para impulsar la zona portuaria. Los edificios tienen un valor de mercado de 50 millones de euros. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) exige el derribo del complejo porque este se construyó sin la licencia municipal, señala un fallo firme emitido el pasado noviembre y notificado esta semana después de un vía crucis judicial que arrancó en 2005 con el centro Marina Tarraco todavía en construcción. Tras años de recursos y apelaciones, los jueces ordenan al Ayuntamiento que inicie los trámites para derribar el recinto en los próximos tres meses. El Consistorio achaca el error a la Autoridad Portuaria de Tarragona y pide que esta asuma los gastos de demolición y las correspondientes indemnizaciones.

La Autoridad Portuaria y los gestores de Marina Tarraco han declinado por ahora hacer declaraciones al respecto.

La sentencia afecta a seis edificios acristalados de baja altura y con una superficie conjunta de 15.000 metros cuadrados que acogen oficinas, establecimientos comerciales, restaurantes y una oficina bancaria, entre otros. Es una zona concebida como espacio exclusivo para atraer al centenar de yates de lujo que pueden atracar en las dársenas contiguas al complejo. Los edificios fueron inaugurados en 2006 tras una inversión privada superior a los 30 millones de euros y cuya concesión pretendía adquirir ahora una sociedad de Qatar que ya había firmado un precontrato por unos 50 millones.

El Consistorio y la Autoridad Portuaria de Tarragona, que llevaban meses manifestando públicamente su confianza en que el TSJC evitaría el derribo, anunciaron ayer que aún aspiran a salvar el complejo pese a que el fallo apenas deja margen para esa vía. “Intentaremos conservar Marina Tarraco. Tomaremos decisiones en los próximos días”, señaló el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. El fallo exige al Ayuntamiento que “en cinco días hábiles” designe a un funcionario responsable de ejecutar la sentencia y establece un margen de tres meses para iniciar los trámites para el derribo. Si se incumplen los plazos, el propio Ballesteros podría quedar imputado en la causa por un delito de desobediencia a la autoridad judicial.

El proceso judicial lo inició un constructor al que se le adeudaba parte de las obras realizadas en el complejo, Roberto Pérez. Como medida de protesta, denunció al Ayuntamiento y a la empresa responsable de los trabajos, International Marina Tarragona, por carecer de los permisos municipales para acometer la obra. Meses después, el centro se inauguró con una fiesta de gala a la que asistió alguna celebridad, el entonces alcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal (CiU), y el presidente de la Autoridad Portuaria, Josep Anton Burgasé. Un año más tarde, en 2007, un juzgado contencioso-administrativo dio la razón a Pérez, con lo que inició la cascada de apelaciones por parte de la empresa afectada y del Ayuntamiento, que el año pasado incluso modificó los usos portuarios de los muelles en los que se halla el complejo para legalizar el centro. Tras otras dos sentencias favorables al denunciante, este recurrió de nuevo para exigir que el centro construido de forma ilegal fuera derribado.

“Es una herencia maldita del pasado”, lamentó Ballesteros sobre el caso Marina Tarraco. “Es evidente que nosotros no tomamos esas decisiones”, dijo en una crítica velada al ex alcalde Nadal y al director del puerto de Tarragona entre 1996 y 2004, Lluís Badia, quien luego fue senador por Tarragona por CiU.

* El País – 29.12.10
Foto: Dos de los edificios que el TSJC exige derribar en el puerto de Tarragona.- elpais

UrbanismoPatasArriba

INFORMACIÓN/Alicante* : El ex aparejador municipal de Llíber, Amador Signes, quien está imputado por la supuesta estafa urbanística en la que también están implicados, entre otros, el ex alcalde del PP, José Mas Avellá, y el constructor Miguel Muntaner, desvió a cuentas en el principado de Andorra 2,4 millones de euros. El pasado mes de abril, la juez que investiga esta trama ordenó el bloqueo de las cuentas y el embargo de bienes de Muntaner, José Mas, Amador Signes y del constructor Trevor Bourne, que es otro de los imputados. Dictó una comisión rogatoria internacional para rastrear los posibles fondos bancarios del ex arquitecto técnico municipal en Andorra. Fuentes del caso confirmaron ayer a INFORMACION que se han encontrado depósitos por valor de 2,4 millones, que la magistrada ya ha ordenado congelar.

En su auto de abril, la juez advirtió del “cuantioso patrimonio” que los principales imputados habían logrado amasar con la construcción y venta de 300 casas ilegales. La presunta estafa se cometió entre los años 1999 y 2003. Los promotores implicados actuaban en supuesta connivencia con el entonces alcalde y con el aparejador municipal. José Mas daba las licencias de obra fraudulentas y el arquitecto técnico las informaba favorablemente y realizaba y cobraba los proyectos privados.
Cuando la juez ordenó embargar el patrimonio de los imputados, los bienes de Signes no eran nada del otro mundo comparados con los de Muntaner, quien acumulaba 100.000 metros cuadrados en terrenos repartidos por media comarca de la Marina Alta, 16 viviendas y 7 coches. El ex aparejador municipal “sólo” tenía seis fincas en Dénia que sumaban 22.000 m2. Pero los 2,4 millones localizados en cuentas en Andorra sí que constituyen un peculio importante.
La trama urbanística de Llíber se destapó hace justo ahora un año. La Guardia Civil detuvo a Muntaner, al ex alcalde del PP y al ex aparejador municipal. La juez ordenó el ingreso de los tres en prisión, pero fueron saliendo en libertad tras pagar la fianza. El último en abonarla fue Mas Avellá, quien permaneció más de dos meses en el centro penitenciario de Fontcalent.
Por esta estafa urbanística, hay, en total, 18 imputados, entre promotores, abogados e incluso un notario. También están imputados todos los ediles de la corporación de 1999 a 2003, incluido el actual alcalde, Juan Bautista Reus, del PSPV.
En la causa se han personado como acusación particular 158 propietarios de viviendas que las compraron convencidos de que eran legales. Sin embargo, con el tiempo descubrieron el fraude y, además, todavía hoy no disponen de servicios urbanísticos básicos. El suministro de luz y agua sigue siendo de obra, años después de construirse las casas en suelo no urbanizable y habitarse. Además, numerosos propietarios tienen que recurrir a placas solares y generadores.
El montante total de la estafa podría ascender a 60 millones de euros. Los afectados son, en su mayoría, jubilados extranjeros que invirtieron los ahorros de toda una vida en adquirir una casa. Pero su retiro a la Marina Alta poco ha tenido de apacible. Llevan años luchando para que se legalicen sus viviendas. De un año a esta parte, al menos han visto cómo la estafa de la que fueron víctimas ha tenido respuesta policial y judicial.
Las fuentes del caso antes citadas indicaron que la juez está a punto de terminar la instrucción y que, probablemente en enero, se iniciará ya el procedimiento abreviado. Entonces, esta causa, en la que hay indicios delictivos de estafa, cohecho y prevaricación, pasará a los juzgados de Benidorm.

* Información – 14 .12.10
Foto: Llíber (Alicante), chalés ilegales – diarioinformación.com

UrbanismoPatasArriba

El año 2010 no ha acabado, pero todos los datos apuntan a que será muy positivo para el turismo español. Así lo ratifica la encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR), perteneciente al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que establece que la llegada de turistas extranjeros a España aumenta en octubre por quinto mes consecutivo, con el 4,2% más que en el mismo mes del pasado año.

En lo que va de año, ya han llegado a España cerca de 47,2
millones de turistas extranjeros, cifra que representa un aumento del 1,2%
respecto al mismo periodo del año anterior. Los británicos y alemanes siguen siendo los principales países que nos visitan, aunque en octubre han experimentado reducciones poco significativas.

El modernismo de la ciudad de Barcelona, las playas de la Costa Brava, el Pirineo de Lleida… estos atractivos sitúan a Cataluña como la comunidad que recibió mayor número de turistas internacionales el mes pasado, con un 5,3% más que en octubre de 2009. Pero le sigue muy de cerca Canarias que, con su amplia oferta de sol y playa todo el año, atrae las miradas de visitantes de toda Europa. La tercera plaza corresponde a las Islas Baleares, que ha aumentado un 7% el número de turistas, gracias a la presencia de los ciudadanos holandeses.

Las otras dos comunidades más frecuentadas son Andalucía, que engloba magínificos tesoros en cada uno de sus rincones, y Madrid, la capital, un destino que une cultura y ocio de alta calidad, escogida, esta vez, por una mayoría de italianos. Dos comunidades eminentemente turísticas durante todo el año, que ofrecen diversión y también un turismo de incentivos con ferias y eventos para empresas. 

Los hoteles van recuperando sus reservas. Los turistas alojados en hoteles crecieron un 5,6% durante este octubre y una gran mayoría ha escogido alojamiento a través de Internet, considerado un medio seguro, rápido y eficiente… pues tienes tu viaje a medida en unos minutos con un sólo click.

Foto: tvquiero

Logitravel Blog