Notas de Prensa

LAOPINIÓN/Málaga* : El fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ha solicitado este martes para la Fiscalía de Málaga más medios personales, en concreto personal auxiliar; y materiales, sobre todo técnicos; aunque ha incidido en las necesidades “urgentes” de los fiscales Anticorrupción, que en su opinión realizan una labor “admirable y muy rigurosa”. García Calderón, que ha acudido a una inspección ordinaria de la Fiscalía malagueña, ha indicado que las tareas de los fiscales Anticorrupción están “avaladas por el trabajo desarrollado durante años, junto a funcionarios policiales, de Hacienda o de Inspección urbanística”, aunque ha apuntado que “necesitan contar con medios suficientes a nivel telemático, espacios y personal técnico cualificado”. “Sólo su capacidad de trabajo y su esfuerzo están permitiendo que sostengamos las peticiones en los juicios orales, porque creo que necesitan urgentemente un apoyo que vamos a pedir a distintos organismos”, ha indicado el fiscal andaluz, entre los que ha citado la Junta de Andalucía, “en lo que respecta a las necesidades personales y materiales”.

Ha manifestado que “no sería descabellado una unidad policial propia, adscrita a Policía Judicial” y ha afirmado que “podemos instar el que puedan contar con apoyo de la Agencia Tributaria”. En este sentido, ha explicado que el modelo de la Fiscalía Anticorrupción cuenta con adscripciones permanentes “y podríamos buscar una solución parecida, sobre todo personas que conozcan la contratación pública y la cuestión fiscal”.

García Calderón ha recordado que la Fiscalía Anticorrupción “es también contra el crimen organizado”, materia en la que ha dicho “habría mucho trabajo que desarrollar”. Además, ha asegurado que se vincula a otros servicios de la Fiscalía, como el de la Cooperación Jurídica Internacional, que, en su opinión es también “completamente deficitario” en cuanto a medios materiales y personales.

Ha asegurado que “no es cierto” que las grandes operaciones en la Costa del Sol ya hayan pasado, sino que “se pueden estar gestando”. Cuestionado por la sentencia del caso ‘Ballena Blanca’, ha dicho no compartir las críticas a la Fiscalía y a la instrucción y ha indicado que la labor del fiscal Anticorrupción fue “suficientemente rigurosa” y “existían…

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Fuente:
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EUROPAPRESS* : Más de mil viviendas de edificios y urbanizaciones de la ciudad de Vigo están afectadas por sentencia de derribo debido a irregularidades urbanísticas que tienen que ver con falta de licencia o con licencia para otras actividades, planeamientos anulados por los tribunales o problemas con alturas y edificabilidades. El caso donde se concentra un mayor número de afectados es el de la calle Rosalía de Castro -unas 500 familias-, donde varios inmuebles, así como una gasolinera y un aparcamiento subterráneo, han sido declarados ilegales por los tribunales por el uso que se dio a los entresuelos, o por estar bajo la vía pública -en caso del parking-. No obstante, y tras la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), dos de los inmuebles afectados, ya han conseguido legalizar su situación.

No será tan fácil para los propietarios de viviendas en las dos torres de Finca do Conde –unos 230–. En este caso, tanto esas torres como el gran centro comercial que hay en ese ámbito, han sido declarados ilegales por el Tribunal Supremo y, según ha reiterado el alcalde, Abel Caballero, esas actuaciones “no son legalizables”.

En lo que respecta a Finca do Conde, Caballero ha responsabilizado directamente a Corina Porro que, siendo alcaldesa, dio las licencias en contra de los informes técnicos, alegando que no había una sentencia firma de ilegalización y, por tanto, como procedimiento reglado dentro de los trámites administrativos, debía dar esos permisos.

Tras suspender las licencias en ese ámbito durante un año, el Ayuntamiento ha iniciado los trámites de modificación del PGOM para ajustar el planeamiento a la construcción de un túnel para el acceso a la futura nueva autovía Vigo-Porriño. En todo caso, si se tuviera que hacer efectiva la indemnización a los afectados por la situación de Finca do Conde, las arcas municipales tendrían que afrontar el pago de unos 300 millones de euros.

OTROS CASOS

Los propietarios de los cien pisos de la urbanización conocida como ‘Colina de Castrelos’ o ‘Piricoto’ no lo tendrán fácil para regularizar su situación. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declaró ilegal este inmueble porque, entre otras irregularidades, supone un gran impacto paisajístico al encontrarse muy próximo al Pazo Quiñones de León.

Los técnicos del Ayuntamiento tienen de plazo hasta finales de abril para presentar ante el tribunal un proyecto de demolición parcial del inmueble, con el fin de adecuarlo a la ley.

También se encuentra en trámite el proceso de legalización del edificio de A Pastora, donde los dueños de 56 pisos esperan obtener una licencia en el marco del nuevo planeamiento urbanístico, que admite las alturas construidas.

En pleno proceso judicial está el caso de dos de los edificios de aparthoteles de Samil, declarados ilegales porque la licencia que se les concedió en su día era para la actividad hotelera y acabaron por convertirse en unas 200 viviendas. Los propietarios han conseguido que el tribunal aplace la orden de demolición en tanto no se resuelva un recurso que habían presentado y, mientras, intentan conseguir una licencia municipal mediante la creación de una sociedad a la que ceden la gestión de sus apartamentos.

Los propietarios de los 50 apartamentos de la urbanización ‘Gran Lar’ de Navia se enfrentan a la posible demolición de los edificios, después de que el TSXG ratificase una sentencia anterior de derribo. Al igual que en el caso de Samil, el problema aquí está en el uso que se ha dado a los apartamentos, ya que la licencia otorgada era para residencia de estudiantes.

A estos casos, se suman los de otros edificios que están en situación de ilegalidad por diversos motivos, como una docena de chalets en Canido, un edificio de diez alturas en la zona de Churruca, otro edificio de más de cien viviendas en A Florida y otros ejemplos en Fragoso o A Seara.

LEGALIZADOS

En la otra cara de la moneda, están los casos de las torres Ifer de García Barbón, y el edificio de Jacinto Benavente próximo a la tienda Toys ‘r Us. En el primer caso, el TSXG aceptó la pretensión del Ayuntamiento de que se declarase inejecutable la sentencia, en tanto que las torres –con unas 170 viviendas– habían obtenido licencia municipal por estar ajustadas al nuevo PGOM.

Esas torres, en cuyos bajos está instalada la sede del Círculo de Empresarios de Galicia-Club Financiero Vigo, tenían una sentencia de demolición desde 1996 y se consideraban ilegales porque estaban anulados el estudio de detalle de ese ámbito y las licencias concedidas.

También los 180 propietarios de los pisos de Jacinto Benavente respiran más tranquilos desde que, en julio de 2009, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Vigo aprobó su licencia, en el marco del nuevo PGOM.

PLAN GENERAL DE 1993

La mayoría de los edificios declarados ilegales por los juzgados se construyeron al amparo de un planeamiento que fue, asimismo, anulado por los tribunales: el Plan General de 1993, aprobado por unanimidad por 26 concejales –uno del PP estuvo ausente en la votación–. Esa corporación estaba presidida por el alcalde socialista Carlos Príncipe y era concejal de Urbanismo Dolores Villarino, además, también eran concejales los actuales ediles José Manuel Figueroa (PP) y Xulio Calviño (PSOE).

En la ciudad olívica, prácticamente todas las denuncias por irregularidades tienen en común al denunciante, Eduardo Canabal, un técnico proyectista especializado en asesorar sobre cuestiones urbanísticas. Desde hace 15 años, este asesor mantiene en jaque a los servicios jurídicos del Ayuntamiento, ya que ha llegado a denunciar hasta 25 actuaciones del plan del 93.

* Europa Press – 21.04.11
Foto: Vigo, torres Finca do Conde -cope.es

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DIARIODEMALLORCA* : Balears cuenta actualmente con suelo urbanizable sin ocupar suficiente para dar cabida a más de medio millón de habitantes, y ello pese al intenso consumo de territorio que se ha registrado en las islas entre 2001 y 2008, unos años en los que las nuevas edificaciones han ocupado el equivalente a medio campo de fútbol diario. En concreto, estos terrenos vacantes permiten levantar un total de 160.180 nuevas viviendas. Estas son algunas de las conclusiones del estudio sobre suelo disponible en las islas que durante el último año y medio ha elaborado la conselleria de Movilidad y Ordenación del Territorio. En este informe se destaca que en 2001 el archipiélago disponía de 5.835 hectáreas de terrenos urbanizables sin ocupar, una extensión que en 2008 se había visto reducida hasta las 3.949 hectáreas aproximadamente.

Y la principal causa de este fuerte recorte ha sido el boom del ladrillo que se vivía durante ese periodo, y que ha generado un consumo de 1.069 hectáreas. Las 817 restantes que han desaparecido se explican por los cambios en la normativa urbanística que se han aprobado, incluida la protección que se ha aplicado sobre algunas zonas.

El director general de Ordenación del Territorio del Govern, Bernat Aguiló, pone de relieve que estos datos “reflejan las dos tensiones que han caracterizado los últimos años: las prisas por construir y el impulso que desde las Administraciones se ha querido dar a la protección de muchas zonas del archipiélago”.
Pero para apreciar el alcance de estos cambios, basta señalar que en 2001 el suelo residencial y turístico que ya estaba edificado tenía capacidad suficiente para albergar a 1,4 millones de habitantes. Siete años más tarde, ese potencial se ha incrementado hasta los 2,1 millones de plazas. Y ello teniendo en cuenta que la población residente en el archipiélago es en realidad de 1,1 millones de personas, a los que hay que sumar los visitantes que cada año pasan temporadas en nuestro territorio.
Como se ha indicado anteriormente, si se consumiera todo el suelo vacante que todavía queda en Balears, esa cifra de plazas se elevaría en 508.191 más, lo que supondría que las islas tendrían una capacidad para albergar a 2,6 millones de individuos.
Bernat Aguiló, pone de relieve que a partir de 2008 el consumo de suelo se ha visto prácticamente paralizado a causa de la crisis en el sector inmobiliario, pero no oculta que el ritmo con que se construía durante la etapa del boom era claramente insostenible, no solo desde el punto de vista medioambiental y paisajístico –un hecho fundamental para una comunidad autónoma que vive del turismo y, consecuentemente, de la calidad de su entorno–, sino incluso para las arcas de las Administraciones públicas.
El director general de Territorio admite que ni el Govern ni los Consells o los Ayuntamientos pueden hacer frente a la dotación de nuevas infraestructuras necesaria para dar servicio a semejante aumento de población, ya sea en materia de carreteras, centros de salud o escolares, por citar algunos ejemplos.
Porque la actual capacidad estimada de 2,1 millones de habitantes en las plazas ya edificadas no contempla aquellos casos en que un solar está ocupado por un inmueble de una o dos alturas y que realmente podría ser todavía más alto según el planeamiento urbanístico, de ahí que la cifra antes señalada podría ser incluso superior.

Crecimiento extensivo

El estudio elaborado por la Conselleria no solo analiza cuanto suelo queda y cuanto se ha consumido, sino también las características del mismo. Y uno de los aspectos que llama la atención es que un 42% de los terrenos que quedan vacantes están pensados para albergar únicamente al 14% de las futuras plazas, dado que están destinados a viviendas unifamiliares.
Según Bernat Aguiló, este hecho refleja también el desarrollo urbanístico que se ha dado durante los últimos años, con un fuerte consumo de territorio para dar cabida a una cifra baja de habitantes, y del que Marratxí se ha señalado siempre como uno de los ejemplos más claros.
Del suelo vacante que todavía queda en las islas, 1.688 hectáreas, el 42% del total, están destinadas a viviendas unifamiliares aisladas, en las que se podrá dar cabida a 68.967 personas, únicamente un 14% del total del crecimiento posible. La desproporción, según lamenta el director general de Ordenación del Territorio, es evidente. Mayor equilibrio existe en el caso de los adosados, para los que se reserva un 11% de los terrenos vacantes con el fin de albergar a un 8% del aumento poblacional.
Por contra, el suelo sin ocupar para futuras viviendas plurifamiliares alcanza una superficie de 12.080 hectáreas, alrededor de un 28% del total, pero en él tendrán cabida el 58% de los futuros residentes. El 19% de suelo restante se asigna a otras tipologías.
Por islas, Mallorca es la que tiene asignado un menor porcentaje de plazas para las construcciones de carácter unifamiliar, mientras que las Pitiüses concentran las tasas más elevadas.
“Cada núcleo de población tiene sus propias características y necesidades –apunta Bernat Aguiló–, pero como principio general es mucho mejor que el desarrollo urbanístico sea más compacto, ya que además de consumir menos territorio hace que las infraestructuras estén más cerca y reduce las necesidades de hacer uso del vehículo privado. En cualquier caso, ni es bueno el modelo de Los Angeles ni el de Hong Kong, por citar los dos extremos”.
Un aspecto que pone de relieve el representante del Govern es que este informe no contempla las construcciones que se han desarrollado en suelo rústico ni las que se pueden haber registrado en los polígonos industriales.
Por otro lado, indica que este análisis del suelo vacante ha implicado un año y medio de trabajo, una parte del cual ha supuesto analizar las fotografías aéreas tomadas en 2001 y 2008. En cambio, con el nuevo Mapa Urbanístico de Balears (MUIB) que estará operativo en pocas semanas, este informe se podrá ejecutar en cuestión de días.

* Diario de Mallorca – 17.04.11
Foto: Baleares, urbanizaciones a pie de costa – Pep Vicens (El Mundo)

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ELMUNDO* : Vender o atenerse a las consecuencias. El Banco de España (BE) envió una circular el pasado verano a las entidades financieras animándoles a limpiar sus balances de resultados, demasiado enfangados por la presencia de activos inmobiliarios “potencialmente problemáticos”, 181.000 millones de euros, según el regulador. Este organismo presiona a bancos y cajas para que se desprendan de sus pisos embargados en un plazo inferior a 24 meses. De lo contrario, tendrán que provisionar hasta el 30% del valor de adjudicación de las viviendas. Ante este ultimátum, los expertos vaticinan que la banca, la gran inmobiliaria de la crisis, deberá asumir pérdidas ajustando aún mucho más a la baja los precios de sus casas en 2011. La nueva normativa del BE, emitida en la Circular 3/2010 de 29 de junio y en vigor desde el 30 de septiembre, castiga a las entidades financieras que mantengan viviendas en sus carteras.

Éstas deberán provisionar inmovilizar grandes cantidades económicas en forma de garantía como cobertura del riesgo de los créditos por los pisos ejecutados desde un 10% a un 30% respecto a su valor de adjudicación dependiendo del tiempo que lleven en su poder.

Si se trata de viviendas embargadas desde hace menos de 12 meses, un 10%; entre 12 y 24 meses, un 20%; y más de 24 meses, un 30%. Hasta ahora, el BE no exigía directa ni oficialmente estas duras provisiones y los plazos oscilaban entre los 24 y los 72 meses. Más bien, eran los propios bancos y cajas los que se las imponían a sí mismos pensando en sus auditorias y en arrojar resultados más saneados.

Recientemente, el subgobernador del banco regulador, Javier Ariztegui, ha justificado este ultimátum afirmando que la adquisición de inmuebles por parte de la banca como pago de deudas “no puede derivar en que los activos inmobiliarios se encajen en los balances de forma indefinida”. Ariztegui ha señalado que con la nueva norma se persigue “la supervisión detallada de estas operaciones” y que “los activos estén valorados a precios próximos al mercado, quedando disponibles para ser enajenados a la mejor oportunidad”.

Al margen de la lectura oficial de la nueva orden del BE, los expertos la interpretan como un mensaje claro: la banca debe ajustar lo máximo posible el valor de sus viviendas y venderlas en el menor plazo posible si no quieren pagar una sustanciosa multa. “Las casas embargadas se han convertido en una patata caliente para los bancos, que están preparando a sus equipos para vender en los próximos meses todos los activos inmobiliarios que puedan. En el caso contrario, verán peligrar sus cuentas de resultados”, afirma Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera de la Universidad CEU-San Pablo.

Ejemplos de esta delicada situación son Banco Santander y BBVA, que han tenido que cargar en sus balances en materia de provisiones 472 y 198 millones, respectivamente, por el impacto de la aplicación de la nueva normativa.

Según Córdoba, el objetivo del BE “presionando vía resultados” está más que claro: “El ‘desenladrillamiento’ de los bancos y cajas”. Para lograr esta meta, en su opinión, el camino más rápido seguirá siendo la rebaja de precios: “La burbuja aún no se ha desinflado y tendrá que hacerlo otro 15% o 20%, en general, y hasta un 30% en la costa”.

Manuel Romera, director del Sector Financiero del IE School, va más lejos aún: “Las entidades financieras deben asumir pérdidas ahora para dar salida a sus activos con un ajuste de precios aún bastante pronunciado [al menos, otro 30%], ya que se exponen a perder más en el futuro”. “Tienen que darles salida de manera rápida”, asegura.

Ejercicio de prudencia

Este economista ve en la actitud del BE un ejercicio de prudencia y transparencia que busca evitar males mayores a corto y medio plazo. “De aquí en adelante valorarán mejor los riesgos y tendrán más cuidado a la hora de conceder hipotecas a interés variable y plazos extremadamente largos”, prevé. “La medida era necesaria, aunque un poco tardía”, apunta Ignacio Jiménez de Laiglesia, experto de negociación y estrategia inmobiliaria. “Los países anglosajones ya hicieron este ejercicio de transparencia hace dos años y ello implicó la quiebra de muchas entidades en EEUU y Gran Bretaña. Sin embargo, hoy cuentan con más credibilidad. Aquí no se quiso hacer lo mismo por cálculos políticos”, explica.

Jiménez de Laiglesia interpreta la circular como una “nueva vuelta de tuerca que hará que las entidades de crédito se empleen más y mejor para quitarse de encima sus inmuebles”. “La urgencia por vender les obligará a campañas más agresivas en precios, ya que en financiación ya no tienen margen para reducir los pagos. Para cualquier banco o caja es mejor vender con la rebaja de la provisión y recuperar la liquidez para volver a prestar”, aclara. En este sentido, adelanta que “los pisos seguirán bajando” y que el margen para estas bajadas es aún “del 20% o 25%”.

Esta visión es incluso compartida por los propios implicados. SU VIVIENDA ha hablado con un analista de una entidad financiera. “El objetivo del BE con esta circular es poner en precio los inmuebles, que se han depreciado ya y se depreciarán aún más. La norma es todo un incentivo para acelerar las ventas y el ajuste del mercado inmobiliario. Tener que provisionar el 30% obliga a no esperar y asumir una pérdida lo antes posible”, apunta esta fuente.

* El Mundo – 24.12.10(2011)
Foto: Madrid, Banco-España – attac

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LEVANTE* : La Comunitat Valenciana lidera la balanza de carbono de las comunidades autónomas españolas. Según el informe “Sostenibilidad en España 2010″, presentado esta semana en Madrid, la valenciana es la autonomía que más kilotoneladas de carbono al año emite a la atmósfera (casi 300) que los expertos achacan a los cambios en la ocupación del suelo experimentados entre 2000 y 2006. No obstante, en el balance neto de CO2, lo que se emite más lo que se absorbe, la Comunitat Valenciana desciende a la cuarta posición (25.000 kilotoneladas de Co2 al año) por detrás de Andalucía, Cataluña y Castilla-La Mancha. El informe “Sostenibilidad en España” se elabora desde 2005 por el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), con sede en Madrid. Los datos de la balanza de carbono los elaboran técnicos del Observatorio a partir de los datos del Corine Land Cover (la base de datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente) y del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El caso valenciano se destaca “por encima de todas las demás” comunidades en el capítulo 15 dedicado al cambio climático del Informe de Sostenibilidad 2010. El caso de la Comunitat Valenciana destaca en la “balanza de carbono” que analiza la “variación de la cantidad de carbono acumulada en las comunidades autónomas a partir de los cambios de ocupación en el suelo entre 2000 y 2006 y el balance neto de CO2 (lo que se emite menos lo que se absorbe), calculado a partir de los datos del Inventario Forestal Nacional y de las emisiones de CO2″. La Comunitat Valenciana destaca en esta balanza porque “tiene una elevada emisión de gases de efecto invernadero (GEI) debida a los cambios de ocupación del suelo muy superior al resto de comunidades”. La siguiente comunidad que más carbono emite por nivel de ocupación del suelo es Andalucía pero apenas supera las 100 kilotoneladas de carbono al año, frente a las casi 300 de la Comunitat Valenciana.
Unas cifras que quedan avaladas cuando el Informe de la Sostenibilidad 2010 realiza un análisis por provincia de las mayores extensiones de superficie artificial. Entre las cuatro primeras, dos son valencianas. “Las provincias que que presentan mayor extensión de superficies artificiales en 2006 son Madrid (110.249 hectáreas), Barcelona (85.356 ha), Alicante (49.966 ha) y Valencia (46.350 ha)”.
De Madrid y Barcelona, los técnicos del Observatorio recuerdan que “son las principales regiones metropolitanas del país, donde se concentran las actividades y donde la expansión urbana es históricamente continuada, aunque no está justificado por el aumento poblacional”. Sobre las provincias de Alicante y Valencia, los autores del estudios destacan que el “proceso intenso de artificialización está relacionado con el hecho de que son focos atractores del turismo litoral (además de constituir también áreas urbanas importantes) y basar su modelo de desarrollo turístico en la vivienda vacacional, lo que ha fomentado una fuerte expansión inmobiliaria y de infraestructuras asociadas”.
Parte de esta suelo artificial fue a costa del suelo agrícola ya que, según señala el Observatorio, cinco provincias españolas perdieron más de 4.500 ha de zonas agrícolas entre 2000 y 2006 y de nuevo dos son valencianas: Madrid (12.915 ha), Valencia (6.585 ha), Toledo (5.316 ha), Zaragoza (4.886 ha) y Alicante (4.771 ha).

* Levante – 20.01.11
Foto: Una urbanización en la Serra Calderona, con fuerte impacto en el paisaje y construida a costa de suelo forestal.- levante

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PÚBLICO* : Los macroproyectos de construcción urbanística siguen en marcha en Europa pese a la crisis que está atravesando este sector, aunque ninguna nación europea planea nada similar a lo que han puesto en marcha en China. En Portugal, la oficina de Turismo de Portugal, el ayuntamiento de la localidad de Mangualde y la empresa Live it Well Events, ha presentado el proyecto LiveBeach, en el que se planea construir una playa artificial de más de 22.500 metros cuadrados en pleno interior del país. Portugal se convertirá así en el primer país europeo que realizará un proyecto similar, según ha informado la empresa. La inauguración está prevista para el próximo mes de julio. La elección de Mangualde para recibir este proyecto se debe a las características socio demográficas del distrito. Es el más poblado del interior del país y tiene un aumento de población en verano debido al retorno de emigrantes.

La superficie de la playa artificial ocupará una extensión de 22.500 metros cuadrados, donde se construirán diferentes espacios; una playa de agua salada, un merendero con una superficie cubierta, un área de juegos infantiles y bares. En la zona de arena habrá además diferentes ‘chiringuitos’. “El proyecto LiveBeach va a lograr lo que en un principio es algo imposible”, ha afirmado Rui Braga, administrador del proyecto.

Pero el proyecto pretende también convertirse en escenario para eventos culturales y actuaciones en vivo. Luis Jardim, músico y productor es el encargado de apoyar e impulsar el evento con conciertos de artistas nacionales e internacionales, fiestas nocturnas con DJ’s y otras iniciativas. “Más que un lugar de vacaciones, LiveBeach será un gran evento con algo nuevo cada día”, asegura. “Creemos que este proyecto mejorará la ciudad, creando y atrayendo empleo y riqueza a toda la región”, concluye João Avezedo, alcalde de Mangualde.

* Público – 9.03.11
Foto: Mangualde (Portugal) – celtiberia

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LAVANGUARDIA* : La bajada del precio de la vivienda, de cerca de un 18% desde los máximos que alcanzó en el año 2007, no ha beneficiado a los jóvenes que desean emanciparse. Según los datos del Observatorio Joven de la Vivienda en España, aunque ahora la cuota de la hipoteca consume sólo el 36% del sueldo del hogar cuando está formado por dos personas que trabajan (y es un porcentaje muy similar al 34% que ya supone pagar un alquiler), la necesidad de aportar el 30% del importe de la vivienda como entrada impide comprar a los jóvenes. “La entrada impide la adquisición de una vivienda, libre o protegida, incluso demostrando una regularidad de ingresos corrientes con los que asumir el pago mensual de las cuotas”, señala el estudio, que recuerda que ahora la entrada media equivale al salario de 2,5 años de una pareja… y que no hay vías alternativas al ahorro previo para financiarla. La entrada debe cubrir el 20% del precio de la vivienda que no cubre la hipoteca y el 10% de gastos asociados a la compra.

Para una pareja joven (cuyos miembros tengan menos de 34 años), el precio de una vivienda asumible es de unos 153.000 euros y deben aportar de entrada, por tanto, más de 55.000 euros. “Antes, en contextos de bonanza económica, la red de apoyo intergeneracional permitió a menudo que los familiares más cercanos sufragaran total o parcialmente la entrada. Bajo la forma de donación directa o créditos más o menos informales. En periodos de recesión y disparo del ahorro, estos flujos monetarios son más restrictivos”, señala el estudio.

Los bancos, por su parte, que antes estaban más abiertos a financiar más del 80% del valor de tasación de la vivienda, son “cada vez más exigentes, debido a su estrategia de asegurar al máximo la viabilidad de sus operaciones”. Y en esa prudencia tiene un impacto tremendamente negativo la precariedad laboral de los jóvenes: el 37,4% de los menores de 34 años que hoy trabajan tiene un contrato temporal, frente al 16,4% de los que superan esa edad.

El estudio recuerda que la principal barrera para la emancipación de los jóvenes es ahora mismo el empleo, cuando antes de la crisis, por el contrario, era la carestía de la vivienda.Y es que ahora trabaja sólo el 57,4% de los menores de 34 años, cuando hace dos años estaban empleados más del 70% de ellos. No sólo se ha disparado el número de jóvenes en paro (ya son 2,2 millones, el 26,3% del total), sino que otros 40.000 que hace un año trabajaban ahora, tras perder el empleo, han reemprendido los estudios.

Así, señala el Observatorio Joven de la Vivienda, por primera vez desde que se elabora el estudio ha caído la tasa de emancipación, es decir el porcentaje de jóvenes que han dejado de vivir en casa de sus padres, y ha pasado de casi el 47% que se alcanzó antes de la crisis al 45,8%. Ahora hay 264.000 jóvenes más que hace un año viviendo en casa de sus padres, un fenómeno que ha afectado sobre todo a los nacidos en los años ochenta: casi un 10% de los jóvenes de entre 22 y 30 años ha vuelto con su familia. El estudio señala que además de las multiplicaciones de “trayectorias residenciales truncadas” por la crisis, en la reducción del número de jóvenes emancipados ha influido también la emigración de algunos fuera del país, generalmente en busca de empleo.

* La Vanguardia – 7.02.11
Foto: Vivienda Digna, pancarta (archivo)- tener una casa es un derecho

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ELPAÍS/Valencia* : El profesor John Adams se muestra esperanzado respecto al futuro, lo que resulta un tanto extraño. Dice allí donde va que cada vez hay más coches en el mundo, más aviones cruzando el cielo y que las previsiones de crecimiento en ambos casos le ponen los pelos de punta. “Es la hipermovilidad”, dice, “ahora nos movemos unos 30 kilómetros de media al día, mientras que hace unas décadas apenas pasábamos de cinco”. Así lo explicaba ayer este profesor emérito de la University College London, experto en movilidad. Adams, que inauguró el pasado martes el seminario Moure’s. Reinventar la ciutat, que organiza el Centre Octubre de Valencia, matiza que la gente tiende a moverse cada vez más y más lejos, a desear su propio vehículo motorizado. El daño medioambiental es lo de menos, asegura, pues la ciencia trabaja en resolverlo. El problema es que los valores de una sociedad cambian: se vuelve menos democrática, más paranoica y anónima; decae la convivencia entre los ciudadanos.

Las áreas metropolitanas crecen y crecen y la dependencia del coche es mayor. “Pero tengo esperanza”, admite. “Lugares así me dan esperanza”, se sincera.

El profesor Adams entiende que cada lugar en el mundo, cada ciudad, experimenta una etapa diferente de la hipermovilidad más o menos avanzada. “Los Ángeles es el máximo ejemplo de una sociedad hipermóvil”, apunta, “mientras que las ciudades holandesas, partes de Alemania, Suecia o Dinamarca, reflejan el lado contrario. De todas formas, allí, los medios de transporte más democráticos, ir en bici o a pie, están en declive, a paso muy lento pero también lo están, precisamente por el crecimiento de las áreas metropolitanas”.

Al profesor le extraña que con las condiciones climáticas de Valencia no haya más ciclistas por la calle. “Qué raro”, comenta. A tenor de sus palabras, la ciudad apenas pasa del aprobado: aún no somos Los Ángeles, pero tampoco Copenhague, el área metropolitana no es inasible para el ciudadano, pero el transporte público y la red de carril bici no están en su nivel óptimo. Adams advierte de que “el problema no solo se soluciona acondicionando el área urbana para ciclistas y peatones. El problema está fuera del centro, en las afueras”.

El distrito histórico de Valencia, Ciutat Vella, ha perdido 10.000 habitantes en 30 años, mientras que el crecimiento del área metropolitana resulta imparable. Ricardo Marqués, doctor en Física por la Universidad de Sevilla y próximo ponente en el Octubre, asume esta expansión tanto en su ciudad como en Valencia, pero defiende la política de movilidad en su ciudad. “En el área urbana, en cuatro años, se ha promovido el uso de la bicicleta y una peatonalización sin precedentes. Lástima que esto no se reproduzca en las zonas conurbanas mediante el transporte público y las bicicletas”. Marqués explica que en Sevilla se han instalado carriles bici en “todos” los grandes viales.

* El País – 3.02.11
Foto: Valencia, bicicletada – comunitatvalenciana

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ELPAÍS* : El juez Juli Solaz, cuestionado por su parsimonia en la investigación del saqueo del Palau de la Música, ha tomado una última resolución sobre el caso antes de marcharse a la Audiencia de Barcelona: ha abierto una investigación separada para aclarar si hubo financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de la institución. Aunque ve “indicios de delito” por el presunto cobro de comisiones ilegales, Solaz ha decidido no imputar al ex tesorero del partido Daniel Osácar ni al actual secretario de Inmigración, Àngel Colom, como solicitaba la fiscalía. El juez ha acabado haciendo lo que, tras un cambio de criterio que ha irritado a la oposición, planteó el Consorcio del Palau de la Música: que, en caso de abrirse una pieza separada, el juez no imputara a ningún cargo de CDC. El consorcio está integrado por el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, que tiene mayoría y esta semana envió al juez, de forma unilateral, dos escritos.

En el primero pedía que se diera carpetazo a la investigación. En el segundo solicitaba que, al menos, no hubiera nuevas imputaciones.

En su auto, el juez critica los vaivenes del consorcio, que bajo el tripartito siguió la estela de la fiscalía y ahora, con el Gobierno de CiU, se ha desmarcado de ella. Su posición “cambiante y particularmente confusa” sitúa al órgano rector del Palau en una “completa desorientación” que, a su juicio, “en nada facilita la investigación”. El juez recuerda que la fundación y el Orfeó se opusieron a la investigación de algunos hechos -pese a ser perjudicados por el expolio-, lo que “obedece a motivos ajenos al ámbito judicial”.

La nueva investigación se centrará en aclarar si CDC recibía pagos de la empresa Ferrovial en una trama en la que el Palau de Fèlix Millet y Jordi Montull, sus saqueadores confesos, actuó como intermediario. El juez cree que existen indicios de delito basándose en un informe de la Agencia Tributaria, que cifra en 5,9 millones de euros el dinero que fue a parar a las arcas del partido nacionalista en concepto de comisiones ilegales. Estos pagos se derivan de la adjudicación de obras públicas de envergadura, como la línea 9 del metro y la Ciudad de la Justicia. Según la fiscalía, Ferrovial aparentaba destinarlos a fines culturales.

En la trama de financiación irregular supuestamente participó “únicamente un núcleo reducido” de los imputados hasta ahora por el desfalco, por lo que el juez pide a la fiscalía que especifique quiénes son. Solaz añade que podría haber “terceras personas”, pero no concreta nombres y no se pronuncia sobre las imputaciones que pide la fiscalía.

El juez acepta la petición fiscal “de forma parcial”, ya que la pretensión de investigar todas las salidas de dinero en efectivo supondría “vaciar de contenido la causa principal”, en la que se analiza el desvío de fondos de Millet y Montull. Antes de abandonar el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, Solaz subraya que las pesquisas sobre el saqueo están “prácticamente concluidas” y confía en que la pieza separada “agilizará” la investigación.El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, compareció a mediodía y celebró la decisión del juez Solaz de abrir una pieza separada para investigar la presunta financiación irregular de Convergència. La Generalitat quiere que “se llegue al fondo de la cuestión”, dijo, y “conocer con toda profundidad y amplitud los hechos cuestionados por la fiscalía”. “Somos los primeros interesados, por razones obvias, por filosofía y por transparencia”, añadió. Homs, en cualquier caso, pidió que “se dejen de lado” los prejuicios de “algunos responsables políticos” y “se priorice la presunción de inocencia y el Estado de derecho”. Homs también defendió los servicios jurídicos de la Generalitat y dijo que “no han variado su postura” desde el pasado mes de octubre, aunque obvió las modificaciones que se han producido en los escritos que el consorcio envió al juez.

Desde la oposición, el diputado del Partit dels Socialistes (PSC) Joan Ferran instó al presidente, Artur Mas, a que “no dé excusas” y aclare la presunta financiación irregular de Convergència. Ferran corresponsabilizó al consejero de Cultura y ex militante del PSC Ferran Mascarell de las decisiones de la Generalitat en el consorcio del Palau. En un tono más conciliador, el jefe de las filas socialistas en el Parlament, Joaquim Nadal, celebró la decisión del juez y llamó a todos los partidos a “dejar que la justicia trabaje tranquila”, una petición velada de que los grupos no pidan comparecencias en el Parlament de miembros del Gobierno.

Iniciativa per Catalunya sí pidió la comparecencia en la Cámara del consejero de Cultura, Ferran Mascarell, para que dé explicaciones sobre las decisiones del consorcio. El PP señaló que la decisión de Solaz “deja en evidencia” al Gobierno de CiU, y ERC la consideró “una bofetada y un correctivo” al Gobierno.

* El País – 22.01.11
Foto: Barcelona, Palau_de_musica – wikipedia.org

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Un Poco Más Cerca De Tu Nueva Habitación

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Posteado: 04/04/2008 |Comentarios: 0
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