Notas de Prensa

ELPAÍS* : La investigación de la trama Gürtel se ha extendido a Andalucía de manera oficial. Y deja en la picota a la exalcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz) María José García Pelayo (PP), quien hoy es vicepresidenta segunda de la mesa del Parlamento de Andalucía. Es decir, aforada. Ya está elaborado el informe que la Fiscalía Anticorrupción, con autorización del juez Antonio Pedreira, pidió a peritos judiciales para que analizasen adjudicaciones hechas “sin publicidad y con carácter urgente” a empresas de la trama Gürtel por el denominado Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPD), dependiente del Ayuntamiento jerezano y cuya presidencia recae en la figura del regidor; a la sazón García Pelayo.

Según el citado informe pericial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, “en la tramitación del expediente de prestación de servicios para el desarrollo de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) de 2004 se han vulnerado los principios de contratación pública; en concreto, los de publicidad, concurrencia y objetividad”; y además, “se han incumplido los estatutos” del IPD, ya que “ni los pliegos ni la adjudicación fue aprobada por el consejo rector” de este organismo.

Asimismo, según el informe, no debió emplearse para estas contrataciones, que suman casi 350.000 euros, el procedimiento de urgencia, puesto que el IPD ya había participado en ediciones anteriores de Fitur y el Ayuntamiento jerezano tenía certeza de que lo haría en la edición de 2004 desde “el 17 de noviembre de 2003″; es decir, un año antes. Entre otras irregularidades, el informe pericial señala: “Muchos de los documentos administrativos tienen defectos formales, no consta la fecha ni quién los firma, y es preciso destacar que prácticamente ninguno y, en especial los que afectan a notificaciones a los adjudicatarios [empresas Gürtel], así como escritos presentados por estos, carecen del correspondiente sello o membrete del registro público que garantice la fecha y veracidad de su contenido”.

Los peritos aseguran que, de momento, y por falta de documentación, no pueden valorar “el servicio” que para este evento prestó una firma de una empresa de comunicación de un exjefe de prensa del PP contratada entonces por la exalcaldesa popular.

El informe descarga parte de la responsabilidad de la adjudicación a Gürtel del estand jerezano de Fitur de 2004 en la exalcaldesa como responsable estatutaria de las contrataciones del IPD.

Si García Pelayo resultase imputada, el juez Pedreira tendría que inhibirse de esta parte del caso Gürtel a favor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y ya serían cuatro (junto a los de Valencia, Castilla y León y Madrid) los tribunales superiores de otras tantas comunidades autónomas los obligados a actuar por la implicación de aforados en el escándalo Gürtel. Los expedientes examinados fueron remitidos al juez Pedreira, para su análisis, por la actual alcaldesa de Jerez, la socialista Pilar Sánchez.

* El País – 31.03.11
Foto: Jerez, antiguo Ayuntamiento – wikanda.cadizpedia.eu

UrbanismoPatasArriba

Viñeta Forges, Gürtel pirámides – elpais 13feb11

UrbanismoPatasArriba

LAINFORMACIÓN* : El instructor del “caso Gürtel” en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha citado a declarar en calidad de imputado el próximo día 16 al actual alcalde de Boadilla del Monte, Juan Siguero, del PP. En una providencia a la que ha tenido acceso EFE, Pedreira considera a Siguero presunto autor de los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación y tráfico de influencias. Además señala que le interrogará “por su posible colaboración como cooperador necesario en los delitos que se le imputan” al exalcalde de esta localidad Arturo González Panero. El magistrado ha tomado la decisión de imputar a Siguero tras estudiar los últimos informes policiales sobre los contratos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte con empresas de la trama de corrupción presuntamente dirigida por Francisco Correa.

En uno de esos informes remitidos a Pedreira el pasado mes de agosto, la Policía pidió la detención de Siguero y otros tres exasesores del Gobierno de la Comunidad de Madrid por intervenir en la adjudicación irregular de contratos a sociedades vinculadas con la red “Gürtel”, aunque la Fiscalía Anticorrupción se opuso a esta medida.

La Unidad de Delincuencia y Económica Fiscal (UDEF) remitió al juez Pedreira los documentos intervenidos en los registros practicados en el Ayuntamiento de Boadilla, entre los que figuran facturas y contratos con varias empresas de Correa, como Servimadrid Integral y Easy Concept Comunicación.

En otro de los informes de la UDEF relacionado con la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla, que también fue adjudicada al grupo de Correa, se afirma que Siguero, entonces concejal de Hacienda, intervino en el diseño de los pliegos técnicos y administraciones y que incluso la organización le indicó “la cantidad a proveer” en los documentos.

* La Información – EFE – 10.02.11
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), ayuntamiento – diariodeboadilla.es

UrbanismoPatasArriba

PÚBLICO* : La gran fiesta de la Gürtel, la trama corrupta encabezada por Francisco Correa de cuya desarticulación se cumplen hoy dos años, dejó una costosísima factura a cuenta del contribuyente: el coste para el erario público asciende a un mínimo de 120 millones de euros, según se desprende del sumario, cuyo tronco central instruye el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira. Y ello sin contar la evasión fiscal: se trata sólo del dinero público que se evaporó de administraciones o entidades controladas por el PP en el mayor escándalo de corrupción de la democracia. En dos años, el caso sobre la cuadrilla de Don Vito, que inició el juez Baltasar Garzón tras la denuncia de un exconcejal de Majadahonda, ha producido más de 100.000 folios que retratan la tupida red creada alrededor de los feudos del PP. Pero falta todavía un peritaje global que cuantifique el monto que manejó el grupo y qué efecto tuvo en las cuentas públicas. Sin embargo, en la vasta documentación incorporada al sumario existen ya los mimbres para hacer al menos una estimación mínima del coste para el erario público: al menos 120 millones de euros (casi 20.000 millones de pesetas) entre 2000 y 2008.

La cifra incluye las adjudicaciones públicas declaradas a Hacienda aunque no por ello necesariamente legales, los contratos conseguidos a través de firmas pantalla, el dinero negro para campañas electorales, los sobornos anotados en la caja B de la trama, comisiones vehiculadas directamente en el extranjero y perjuicios adicionales para los presupuestos públicos ocasionados por determinadas operaciones (ver gráfico en la página 3).
Cifra superior

La cifra final será necesariamente superior cuando se conozcan los detalles pormenorizados de cada operación con la que se lucró la trama y se cuantifique el impacto fiscal que dejó de pagarse en las operaciones en negro. Ya ahora, una estimación de los juristas del PSOE sitúa el monto global de adjudicaciones públicas relacionadas con la trama en un mínimo de 250 millones. Pero esta cantidad incluye los pagos legales efectuados por empresas adjudicatarias que habían contado con la intermediación de la trama y, por tanto, va más allá del dinero estrictamente manejado por la Gürtel.

La parte blanqueada de esa enorme tarta de 120 millones de euros suma 48,1 millones y procede de las adjudicaciones a empresas de la trama declaradas a Hacienda a través del modelo 347, que detalla pagos y cobros a terceros. El cliente fue directamente el PP cuyos presupuestos dependen en un 90% del dinero público o administraciones bajo su control: sobre todo, el Gobierno central hasta 2004, cuando el PP perdió el poder, sus feudos autonómicos del País Valencià y la Comunidad de Madrid, y municipios de esta comunidad.

Hasta 2004, el negocio se centraba en el PP, formación para la que la trama organizaba prácticamente todos los actos y campañas. Entre el partido y la FAES, la trama declaró a Hacienda una facturación de 23,4 millones de euros. El PP, en cambio, nunca declaró la relación en el modelo 347, pese a que así lo exige la ley. El partido se escuda en que ya informa al Tribunal de Cuentas, pero según todos los expertos consultados ello no le eximía de detallar también sus proveedores a la Agencia Tributaria.

Tras la derrota electoral de 2004, y con Mariano Rajoy ya al frente de Génova, la trama reorientó su negocio hacia los dos grandes feudos autonómicos del PP: el País Valencià, donde declaró contratos por valor de 8,69 millones, y la Comunidad de Madrid, donde amasó directamente 9,5 millones en adjudicaciones públicas, incluyendo los municipios alrededor de la capital.

El hecho de que estas entradas estuvieran declaradas a Hacienda no implica que los contratos fueran necesariamente legales. La práctica de trocear actos en contratos menores de 12.000 euros para evitar la convocatoria pública y repartirlos por varias consejerías es ilegal. Pero los ingresos de estos minicontratos sí constan en las declaraciones a la Agencia Tributaria.

Los informes incorporados al sumario muestran hasta qué punto la trama tenía entrada en el conjunto de la Comunidad de Madrid. Sólo en 2007, las distintas empresas controladas por Correa lograron ingresos, que declararon a Hacienda, de al menos diez consejerías y nueve organismos dependientes del Gobierno regional. La mayoría eran teóricamente contratos menores que no exigían concurso público.

Otras adjudicaciones públicas gestionadas por la trama en Madrid ya no las declararon porque se otorgaron formalmente a otras empresas que la Gürtel utilizaba como pantalla para no llamar la atención. El sumario incluye informes específicos de al menos tres empresas que se prestaron a ello: Decoraciones CMR, el Grupo Rafael y Marketing Quality Management (MQM).

El mecanismo siempre era el mismo. Estas empresas conseguían la adjudicación y posteriormente firmaban un contrato privado con la trama en el que le cedían el encargo a cambio de una comisión, que oscilaba entre el 5% y el 15%. Estas tres pantallas obtuvieron un mínimo de 3,4 millones de euros en adjudicaciones de la Comunidad de Madrid, cifra que incluye 1,25 millones de la publicidad fantasma Made in Madrid que MQM ganó por sugerencia de Swat SL consultora coordinada con la trama y que nunca se llegó a realizar.

Este mecanismo aumentaba necesariamente el coste del servicio que pagaban los presupuestos públicos porque la comisión de la empresa pantalla se cargaba a la factura. Por ejemplo, MQM hinchó hasta un 400% determinadas facturas la Comunidad pagó en 2008 por un acto de cinco minutos en recuerdo del 11-M 118.000 euros, cuando dos años antes había costado 24.000 con idéntico formato o Decoraciones CMR llegó a cobrar el metro de moqueta a 200 euros.

Dinero opaco

La gran partida en dinero opaco fue sin embargo la de comisiones y sobornos, cuyo impacto conocido alcanza ya un mínimo de 63 millones de euros: 27 desvelados por un informe policial difundido el pasado diciembre que destripaba la caja B del documento Excel incautado al contable de la trama, y 36 en otras comisiones o perjuicios conocidos después y que, por su envergadura, no estaban incluidas en el documento anterior, como el pelotazo de Arganda (ver gráfico).

Al tratarse siempre de dinero negro, ninguno de estos fondos está incluido entre las adjudicaciones públicas citadas, que exigen declarar tanto los ingresos como los pagos. Y en el informe policial se apuntan a empresas privadas como origen de los fondos: Teconsa, Sufi, Hispánica, etc. De estos 27 millones, 14 se quedaron en la trama y los otros 13 se repartieron presuntamente entre políticos que ayudaron en las adjudicaciones.

Coste para el presupuesto

Pese a que esta enorme bolsa de dinero tiene un origen privado, acaba repercutiendo siempre en el contribuyente porque la comisión y el soborno se carga en el presupuesto. A través de dos vías posibles: o encareciendo el contrato que paga la Administración de forma que el plus equivale a la comisión o abaratando la adjudicación precisamente para justificar el pago del favor.

Un ejemplo del primer caso es el contrato ganado por Teconsa en Valencia por la visita del Papa, en 2006. Canal 9 le adjudicó la sonorización e instalación de pantallas por 6,3 millones. Como Teconsa es una constructora sin capacidad para cumplir el encargo, subcontrató a otra empresa, que cobró por el trabajo 3,1 millones. Las comisiones a repartir fueron 3,2 millones, pagadas, por tanto, por el contribuyente a través de Canal 9.

Un ejemplo del segundo caso es el pelotazo de Arganda. Una tasación municipal valoraba los terrenos en 96 millones, pero fueron adjudicados a Martinsa por sólo 77. De ellos, 11 debían abonarse en especie, pero el pago nunca se materializó. En cambio, la trama cobró en Suiza 12,8 millones por su “intermediación en un desarrollo inmobiliario en Arganda”. El perjuicio para el erario público asciende a un mínimo de 30 millones: 19 por la adjudicación a la baja y 11 por los pagos en especie reconvertidos presuntamente en el grueso de la comisión en Suiza.

La última bolsa contabilizada es el dinero vehiculado ilegalmente en campañas electorales del PP. De los informes policiales se desprende un mínimo de 4,6 millones: 1,3 en el PP de Madrid en 2003 y 2004, y 3,3 en el PP valenciano en 2007 y 2008. El origen formal vuelve a ser privado al proceder de empresas. Pero el impacto final, de nuevo, es público: los informes policiales subrayan que los donantes acaparaban muchas adjudicaciones en las administraciones dirigidas por el partido cuya campaña presuntamente financiaron al margen de la ley.

* Público – 6.02.11
Foto: Caso Gürtel, el bigotes y otros – publico

UrbanismoPatasArriba

ELPAÍS* : La Comunidad adjudicó a una firma implicada en Gürtel por 39 millones. El Servicio Madrileño de Salud adjudicó entre 2005 y 2009 ocho contratos por un importe de 11,5 millones a Constructora Hispánica, una empresa vinculada al caso Gürtel, la trama de corrupción que afectó a administraciones gobernadas por el Partido Popular. Este partido ha evitado desde entonces la fiscalización de los ocho contratos. Entre ellos se encuentra la construcción del centro polivalente de Vallecas (4,3 millones) en 2005, la del centro de salud de la Casa de Campo (3 millones) en 2006 o las obras de reforma del Hospital de la Princesa (2,6 millones) en 2006. El Gobierno del PP impide el acceso a los contratos.

La diputada socialista Livia Castillo detectó que el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) había adjudicado hasta ocho grandes contratos a Hispánica para la realización de obras de reforma, mantenimiento de diferentes instalaciones e incluso climatizaciones por un importe total de 11,5 millones (en total, las adjudicaciones de la Comunidad a Hispánica superan los 39 millones). En marzo de 2009, la parlamentaria reclamó por primera vez, una copia íntegra de todos los documentos que conformaban los expedientes. Pero el Gobierno regional esquivó el requerimiento alegando que no era posible identificar los contratos solicitados, a pesar de que se aportaba la fecha, la identificación de la empresa y el importe del mismo. El Sermas es una de las entidades regionales que, según la Cámara de Cuentas, ha dilatado más la presentación de su contabilidad. La oposición ha criticado en repetidas ocasiones la opacidad del Sermas. Esta entidad que gestiona un tercio del presupuesto de la Comunidad de Madrid (unos 7.000 millones de euros) no está obligada a fiscalizar sus cuentas en la Asamblea.

Pocos meses más tarde de la primera negativa, en noviembre del mismo año la diputada socialista Livia Castillo volvió a reclamar información sobre los contratos. En esta ocasión precisó el número del expediente de contratación, desde entonces no se ha producido ninguna comunicación formal por parte del Ejecutivo de Esperanza Aguirre, explica la parlamentaria. En diciembre, Castillo remitió un burofax al consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, reclamándole una “cita para examinar los expedientes” que afectan a los contratos con Hispánica después de ver como ignoraba sus peticiones. Hoy está previsto que el consejero intervenga en la cámara y aporte luz sobre estos contratos después de que los socialistas lo exigieran.

Los socialistas se cuestionan si realmente se ejecutaron las obras y los suministros acordados. La supervisión de los contratos es relevante porque Hispánica es una de las principales empresas salpicadas por el caso Gürtel. El que fuera su propietario, Alfonso García Pozuelo, figura en el sumario como uno de los empresarios que hacía negocios con la red corrupta. Supuestamente entregaba dinero a cambio de contratos públicos. En la documentación intervenida por la investigación figuran pagos de 4,1 millones de euros a Francisco Correa. Este empresario decidió en 2009 entregar 19,7 millones de euros a Hacienda para hacer frente a los delitos fiscales. Hispánica, que ahora se llama Assignia, ya no pertenece a García Pozuelo sino a la constructora Essentium. Un portavoz de la firma dice que la cifra de 11,5 millones “no es sustancial” ya que esta licita al año por un valor de 15.000 millones. Además, apunta que en 2008 una de las empresas de Andalucía, gobernada por el PSOE, les adjudicó una obra de 15 millones.

Fuentes del Gobierno regional niegan que sea verdad que no se haya permitido el control de los expedientes a los diputados de la oposición, y sostienen que en éstos se han seguido todos los trámites previstos por la ley. El mismo portavoz del Ejecutivo autonómico justifica su retraso de más de un año intentando endosar la culpa a la oposición: “La última petición coincidió con un cambio en Sanidad, pero hace dos semanas nos pusimos en contacto con la diputada Castillo para contestarle, pero no fue posible”, dijo.

* ElPaís – 3.02.11
Foto: Madrid, sede de la Comunidad – google

UrbanismoPatasArriba

ELPAÍS/Madrid* : El ingeniero del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón Leopoldo García ha denunciado en un juzgado haber sido sometido a presiones por parte de los responsables del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón para que certifique la recepción de una obra municipal cuya adjudicación está siendo investigada por dos jueces: el primero, el instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, y el segundo, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo. “Solo podré firmar el acta de recepción cuando el juez resuelva sobre este asunto, y en las condiciones que fije el mismo y en concreto, respecto a la fecha de inicio de la conservación del parque y el plazo de la misma, y su coste”, que pasó de 300.000 euros al año a más del doble.

Este proyecto se aprobó en el año 2005 y en marzo de 2006 se adjudicó por 4,5 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cárcavas. El grupo empresarial que conforma esa UTE está encabezado por el empresario Alfonso García Pozuelo Asins, uno de los imputados en el caso Gürtel. Con la posterior aprobación de la modificación del proyecto, la obra pasó a costar 11 millones de euros, un 110% más de lo que inicialmente se había aprobado.

El funcionario Leopoldo García presentó un escrito ante el juez en el que denunció haber sido amenazado con la apertura de un expediente disciplinario si no firmaba la recepción de las obras, con cuyos sobrecostes no estaba de acuerdo. En el escrito, este empleado municipal se lamenta también porque estas amenazas eran “un bonito broche de oro a 34 años de funcionario del Ayuntamiento”.

Según el documento que obra en poder del juzgado y que sirve de base para la imputación de los responsables municipales, el funcionario se oponía a regularizar las obras al considerar “una burrada” un acuerdo suscrito entre el alcalde de Pozuelo, Antonio Aguado, y el responsable de los trabajos, en el que acordaba fijar el precio del mantenimiento del parque en un millón de euros. Según Leopoldo García, el coste del mantenimiento era de 661.000 euros en tres años, pero con el nuevo acuerdo pasaba a ser de 661.000 euros por un año.

“En concreto”, explica este informe remitido al juzgado, “la decisión adoptada era la siguiente: que se abone la totalidad de la partida de conservación, siendo el plazo de un año”. “Mi contestación, ante una orden tan insólita y sin sentido es la siguiente: esto es una burrada, va en contra de la adjudicación. No tiene lógica ni nada que se parezca”.

La portavoz del PSM en Pozuelo, Eva Izquierdo, indicó que seis meses después de la inauguración del parque, la Junta de Gobierno municipal aprobó el modificado con el que se finalizaban las obras. “Esta aprobación se realizó con un informe contrario de la secretaria general del Ayuntamiento, un informe negativo que se sumó al que emitió el interventor municipal con relación al abono de 625.000 euros por parte del Ayuntamiento a la empresa constructora en concepto de mantenimiento del parque”, añadió.

Después de la declaración el 21 de junio del ingeniero municipal Leopoldo García, ahora jubilado, el juez de Pozuelo decidió citar como imputados al actual alcalde, Gonzalo Aguado, que declarará el 28 de febrero; al ex alcalde, Jesús Sepúlveda (también imputado en la trama Gürtel); al actual concejal de Hacienda, José María Mayo; a su predecesor, Roberto Fernández, que declarará hoy a las diez de la mañana; a la concejal expulsada del PP Yolanda Estrada (imputada en la trama Gürtel); y al jefe del departamento de Contratación.

La investigación acerca de la construcción de esta obra municipal se inició tras una denuncia presentada por el PSOE de la localidad en 2008, al considerar ilegal el incremento en el presupuesto para construir el parque,que, según los socialistas, se adjudicó por 4,5 millones de euros y terminó costando 11 millones.

En el auto de citación, el juez ordenó al Ayuntamiento que remita al juzgado copia del proyecto modificado del parque. Asimismo, pedía a la Unidad de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de la Policía Judicial que prosiga con las averiguaciones, en especial con relación al viaje de Bélgica para la adquisición de árboles. Este funcionario reconoció haber participado en un viaje a este país para adquirir un árbol centenario de 109.000 euros: “Como en Bélgica había viveros que disponían de árboles especiales, viajó a Bruselas a fin de elegirlos con el alcalde, el concejal de Urbanismo y la edil de Obras”.

* El País – 11.01.11
Foto: Pozuelo (Madrid), ayuntamiento – elpais.com

UrbanismoPatasArriba

ELPAÍS/Madrid* : El despacho del juez Antonio Pedreira, donde se investiga la mayor trama de corrupción política destapada en España desde el advenimiento de la democracia, apenas ocupa 40 metros cuadrados. Y, además, es compartido. Junto a Pedreira, en esa apretujada estancia, trabajan también sus colegas de la Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Madrid José Manuel Suárez Robledano y Emilio Fernández Castro. Impresiona ver los montones de diligencias y tomos del caso Gürtel que flanquean la mesa del juez, que se elevan desde el suelo porque no hay espacio ni armarios donde colocar la cascada de diligencias que el asunto genera a diario desde hace muchos meses. “No hay intimidad y tampoco se puede hablar a solas con el juez; sus colegas están al lado y todo se oye”, describen fuentes de la investigación que despachan a menudo con Pedreira.

Con más de 60 imputados en Madrid -sin contar los de Valencia y Castilla y León, que aún siguen bajo la lupa de Pedreira a la espera de que adquieran firmeza los autos de inhibición dictados a favor de los tribunales superiores correspondientes-, el caso Gürtel es el mayor latrocinio de dinero público de la reciente historia de España. El juez tiene impuestas fianzas que se acercan a los 200 millones de euros. Nunca hasta ahora habían aflorado tantos aforados y con pruebas tan sólidas contra ellos por haber robado tanto dinero de las arcas públicas.

Pero no es solo una cuestión de intimidad y de exiguo espacio lo que hoy traba el caso. Hay muy pocas manos para una causa que acumula ya más de 100.000 folios. Después de que el juez Baltasar Garzón, instructor inicial del caso, elevase al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) los 17.000 primeros folios que había instruido, el secretario de la Sala, Francisco de Asís González, exigió más medios para afrontar la avalancha de documentos que, como ha sucedido, se avecinaba. Por escrito y a través del presidente de la Sala, Francisco Vieira, González dio la voz de alarma. Aparte de medios tecnológicos, reclamó a la Consejería de Justicia del Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre más funcionarios; al Ministerio de Justicia, dos secretarios más aparte de él; y al Consejo General del Poder Judicial, la asignación de un juez de apoyo. Francisco Granados, consejero de Justicia, reforzó la plantilla con varios funcionarios extraídos de la bolsa de trabajo. Pero son interinos, con contratos renovables mensualmente y sin experiencia en tramitación de causas judiciales. Y menos aún en un asunto tan complejo como este, con una veintena de comisiones rogatorias en diferentes rincones del planeta en busca de los millones evadidos, y reos en manos de algunos de los mejores abogados del país.

Ahora mismo hay un único secretario en la sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior. Jamás había tenido tanto trabajo. No solo se encarga de dar fe y cursar las comunicaciones que dicta Pedreira, sino que también lleva las causas de los otros tres jueces de la Sala y el archivo del tribunal. Para colmo, ahora tendrá que expurgar los 100.000 folios y remitir al Tribunal Supremo la documentación sobre las escuchas que dictó Garzón en la cárcel entre los principales acusados y sus abogados.

Al Supremo le fue enviada toda la causa, pero el instructor, Alberto Jorge Barreiro, ha pedido que se le facilite ya depurada. Conclusión: el secretario, que está para todo, no da abasto. 20 meses después de llegar el caso al TSJM, el Ministerio de Justicia no ha ampliado el número de secretarios. Y ni visos de que lo haga. Tampoco el Poder Judicial ha accedido a otorgar un juez de apoyo a Pedreira, alegando que legalmente no era posible.

“Hay que dotar a los tribunales de muchos más medios para la lucha contra tramas tan dañinas como esta para la sociedad, y lanzar un mensaje de que el corrupto que la hace, la paga rápidamente”, subraya Ángel Galindo, abogado de José Luis Peñas, el ex edil del PP cuya denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción puso al descubierto los millonarios sobornos a altos cargos del PP que pagó la trama a cambio de contratas de obras o de actos públicos inflados de precio.

En esta carestía de medios, técnicos y humanos, es muy posible que las decenas de miles de folios del sumario abandonen en dos o tres meses la sede del TSJM para recalar en uno de los juzgados de la plaza de Castilla. ¿Por qué? El caso Gürtel tuvo que abandonarlo Garzón en cuanto vio que entre los imputados había tres diputados del PP de la Asamblea de Madrid y hasta el mismísimo presidente de Valencia, Francisco Camps. Las causas contra aforados autonómicos solo pueden instruirlas los jueces de los tribunales superiores. Es previsible que el ex consejero madrileño de Deportes Alberto López Viejo y los diputados Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco no vayan en las listas del PP de las elecciones de mayo y pierdan así su fuero. En ese momento, Pedreira se inhibirá y remitirá el asunto a un juzgado normal de Madrid. No volverá a la Audiencia Nacional, donde empezó con Garzón, ya que los aforados de otras comunidades, Valencia y Castilla y León, para entonces ya estarán previsiblemente en manos de sus respectivos tribunales superiores. Así, la investigación ya no sería supraprovincial, aunque no faltan expertos en derecho que postulan la vuelta del sumario al ex despacho de Garzón.

Pero la opinión más arraigada es que acabará en los juzgados de Madrid. Cuando llegue estará prácticamente instruido, con un auto de transformación de procedimiento abreviado por delante y concreción judicial de hechos a sus autores, y posiblemente también con una decena menos de imputados. El juicio se celebraría así en la Audiencia de Madrid. Pero todo ello si le da tiempo a la exigua plantilla judicial que, con sus penurias, tramita hoy la mayor trama de corrupción de la democracia; esto es, un juez, medio secretario y funcionarios interinos sin apenas experiencia.

* El País – 10.01.11
Foto: Gürtel, imputado cerebro Correa – elpais

UrbanismoPatasArriba

ELPAÍS* : La investigación del caso Gürtel , la más extensa trama de corrupción de la democracia vinculada al PP, alcanza el Gobierno de José María Aznar. El juez Antonio Pedreira firmó anteayer un auto en el que reclama numerosa documentación de 2001 y 2002 al Ministerio de Economía y Hacienda ; al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y a Red Eléctrica Española relacionada con contratos adjudicados a empresas vinculadas a la trama corrupta de Francisco Correa. Dentro de esta investigación también ha metido el juez a otras instituciones como los Ayuntamientos de Logroño , Zaragoza y Ador (Valencia) y la Junta de Castilla y León. El juez ha decidido iniciar estas pesquisas tras conocer un informe reciente de la policía basado en documentos incautados a la red Gürtel que probaban como Correa medió en la búsqueda de negocios para una empresa con los ministerios de Economía y Medio Ambiente.

La red Gürtel se asoció en 2001 con el Grupo Ros Roca , especializado en tratamiento de residuos, para ayudarlo en la ampliación del negocio. Correa ofreció a ese grupo empresarial su mediación para lograr subvenciones, autorizaciones o directamente contratos públicos a cambio de una participación en el negocio y comisiones para sus contactos políticos, según la investigación. El jefe de la red Gürtel tocó al menos a dos ministerios y a otros organismos, como el Instituto de Crédito Oficial y Red Eléctrica Española, para favorecer a Ros Roca, según detalla el informe policial.

El Ministerio de Economía controlaba los créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo) con los que Ros Roca pretendía construir plantas de tratamientos de residuos en países como la República Dominicana o Mozambique. El Ministerio de Medio Ambiente había sacado a concurso unos contratos de suministros de contenedores destinados a la recogida selectiva de papel y cartón que finalmente no fueron a Ros Roca.

Correa se dedicó a esta intermediación entre 2001 y 2002, cuando el PP gobernaba con una cómoda mayoría absoluta y el jefe de la red Gürtel era un personaje clave dentro del partido, ya que hacía todas las campañas y actos del entonces presidente Aznar.

Diversos faxes y documentos hallados en los registros de las empresas de Correa acreditan las gestiones políticas que hacía para el Grupo Ros Roca. En varias ocasiones se habla de “Postura 3″ o “Postura 4″, que la policía interpreta, cotejando varios documentos sobre negociaciones entre la red y el grupo, como una forma de denominar a las comisiones políticas que tendrían que pagar para obtener contratos, licencias o subvenciones. Postura 3 sería una comisión del 3%, Postura 4, del 4%.

Documentos incautados a la red que figuran en el sumario señalan que la persona clave con la que contacta la red para conseguir créditos FAD a favor del Grupo Ros Roca sería Francisco Utrera Mora (identificado como U en varias ocasiones, según la policía), entonces secretario general de Comercio Exterior, entre 2000 y 2003, y hoy senador.

Uno de los múltiples documentos es muy claro. Resume una reunión el 7 de marzo de 2001 entre representantes de Ros Roca y la red y en el punto siete aclara: “República Dominicana. Las gestiones realizadas ante el FAD han tenido su efecto. El crédito ha sido aprobado por un montante de 27 M de USD. Le gustaría ‘amarrar’ más el asunto y solicita una gestión con el Presidente, incrementando su colaboración hasta una postura 4 del total”.

La policía interpreta que Correa usa sus contactos políticos para lograr el crédito FAD español para que la República Dominicana desarrolle una planta de tratamiento de residuos, y Ros Roca solicita que utilice esos mismos contactos para presionar al presidente de este país para que adjudique la planta a este grupo. Efectivamente, el crédito se concedió el 25 de julio de 2002, y Ros Roca se llevó el concurso, según el informe.

* El País – 29.12.10
Foto: Gürtel, imputado cerebro Correa – elpais

UrbanismoPatasArriba

PÚBLICO/Madrid* : El ex vicepresidente y ex ministro conservador de Fomento Francisco Álvarez Cascos facturó 69.600 euros en 2008 a la empresa Creative Team SL, investigada en el caso Gürtel y presuntamente ligada a Guillermo Ortega, ex alcalde del PP en Majadahonda (Madrid). Cascos, aspirante a candidato del PP en Asturias, facturó esos 69.600 euros a través de Tecnas SL, sociedad presidida por él mismo y que controla accionarialmente junto con su esposa, María Porto. Su objeto social comprende desde la elaboración de proyectos urbanísticos a la emisión de informes sin campo determinado. Durante su mandato como ministro de Fomento (2000-2004), tres empresas de la red corrupta obtuvieron 2,2 millones de euros en contratos de Aena. En febrero de 2009, el supuesto jefe de la trama, Francisco Correa, declaró ante el juez Baltasar Garzón. Y dijo esto: “Paco Cascos, con el que tenía cierta relación, me dio la cuenta de Aena”.

En una breve conversación telefónica con este diario, el ex ministro rehusó ayer de manera tajante desvelar qué clase de servicios prestó Tecnas SL a Creative Team SL, compañía dedicada a la tenencia de activos, aunque su actividad real continúa bajo investigación. Al frente de Creative Team estuvieron, sucesivamente y como presuntos testaferros, los abogados Luis de Miguel Pérez y Santiago Lago Bornstein, ambos imputados en la causa. En el último año, el juez Pedreira ha ordenado rastrear los posibles contratos otorgados a Creative Team, así como las cuentas a su nombre.

Durante la charla telefónica, Cascos adujo que no tiene nada que explicar sobre “relaciones privadas” entre empresas. Lamentó los “intentos” por vincularlo con la red corrupta y negó de nuevo cualquier conexión con ella. Enfatizó que Tecnas es una empresa “honorable”. Y remachó que su compañía “no figura en el sumario”.

El listado de Hacienda

Pero la relación comercial de Tecnas con Creative Team está acreditada precisamente por el sumario, cuyo secreto levantó el juez Antonio Pedreira el pasado día 3. Su denominación social, la cantidad facturada y su CIF, el carnet de identidad de las sociedades, figuran en el listado remitido por Hacienda al juez instructor sobre las operaciones con terceros efectuadas por Creative Team en 2008. Ese listado muestra que Creative Team declaró ese año compras (es decir, pagos) a siete proveedores. Al menos dos de los siete, Castellana 168 SL y Soluci SA, tienen o han tenido como administrador a Luis de Miguel Pérez, según los datos de los registros mercantiles.

Los 69.600 euros cobrados a Creative Team situaron a Tecnas SL en el segundo puesto de la relación de proveedores de Creative Team en cuanto a volumen de facturación. Y supusieron el 9% de los ingresos anuales de Tecnas en 2008 (764.855 euros), ejercicio en el que obtuvo un beneficio neto de 41.748 euros. Las otras empresas comandadas por Cascos registraron pérdidas.

El nombre de Cascos, que nunca ha estado imputado, ha ido saltando a la palestra periódicamente desde el inicio del caso Gürtel. Una frase pronunciada por el supuesto jefe de la trama, Francisco Correa, colocó al ex ministro en el ojo del huracán apenas iniciada la instrucción: “Yo le he llevado a Bárcenas [ex tesorero del PP] más de 1.000 millones por adjudicaciones de obras de la época de Cascos”. Correa no sabía que el ex edil del PP José Luis Peñas, luego denunciante del caso, estaba grabando aquella conversación. Y su contenido acabó trascendiendo. Durante su declaración judicial, Correa alegó que sus palabras se habían “malinterpretado”. Y que lo que en realidad quería decir es que, al ofertar a la baja sus servicios, le había ahorrado al PP 1.000 millones de las antiguas pesetas. Seis millones de euros.

El ex vicepresidente y ex número dos del PP ya había negado cualquier ligazón con Correa y su grupo cuando, tras el estallido del caso, trascendió que AENA, la empresa gestora de los aeropuertos estatales, había otorgado numerosas adjudicaciones a Special Events, TCM y Pasadena Viajes, tres de firmas de la trama.

Meses más tarde, el Gobierno cifró la cuantía exacta en una respuesta parlamentaria: las tres sociedades cobraron de Aena 2,2 millones de euros entre 2000 y 2003. De ese monto, 1,2 millones se correspondían con expedientes de adjudicación. El resto, con contratos menores.
Instrucciones del alcalde

Por lo que concierne a Creative Team, los documentos incautados a la trama constatan que Luis de Miguel pedía instrucciones al entonces alcalde del PP en Majadahonda, el imputado Guillermo Ortega. Uno de esos documentos es una carta dirigida a Ortega y fechada el 27 de enero de 2004. “Adjunto le remito la declaración de IVA de la sociedad Sundry Advices SL y Creative Team SL para su presentación en Hacienda (…)”, comienza la misiva. “Estoy a su disposición para cuantas aclaraciones estime pertinentes”, dice en su segundo y último párrafo.

Este diario preguntó ayer al abogado de Ortega si su cliente ha reconocido ser propietario de Creative Team. No ha admitido nada, dijo el letrado, quien subrayó que la instrucción está “prácticamente parada”. Pero los datos recabados a instancias del juez indican una estrechísima relación de Ortega con Creative Team y con otra sociedad, Sundry Advices.

Lo que dijo Correa

El comienzo del ascenso

En su declaración ante el juez Pedreira, Francisco Correa señaló a Cascos y a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, como los artífices de su ascenso en el PP. Según Correa, que no dio fechas exactas pero citó como marco temporal el bienio 1993-1994, fue entonces cuando empezó “a trabajar regularmente en la organización de mítines para el Partido Popular”.

El secretario general

Cascos llevaba ocupando la secretaría general del PP desde 1989. Era el número dos de José Aznar. Pero, según Correa, la decisión de a quién contratar “no la tomaba siquiera el secretario general”. Había, contó el presunto jefe de la red, “un grupo de personas”. Y ese grupo, sostiene Correa, estaba integrado por Cascos, Jesús Sepúlveda, en aquellas fechas secretario electoral y luego alcalde de Pozuelo (Madrid) y Javier Arenas, que niega esa versión.

* Público – 21.12.10

Foto: facturas – Público

UrbanismoPatasArriba

ELPAÍS* : La falta de colaboración del Gobierno regional que preside Esperanza Aguirre ha obligado al magistrado encargado de la instrucción de la operación Gürtel, Antonio Pedreira, a firmar el pasado jueves una providencia en la que habilita a los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para que consigan que la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid aporte de una vez por todas las facturas de cualquiera de los departamentos autonómicos con las sociedades del conocido como Grupo Rafael: Tecnimagen, Fotomecánica, Kilda Producciones y Fotomecánica Doble. Estas empresas eran utilizadas como pantalla por el cerebro de la trama, Francisco Correa, para evitar que los contratos del Gobierno regional fueran a parar a las empresas de su grupo, y así eludir las sospechas. También estas sociedades eran utilizadas como maniobra de distracción, incluyéndolas en concursos como relleno, y consiguiendo que solo se presentaran las relacionadas con la red corrupta.

Además, el magistrado realiza en la providencia un “apercibimiento del deber de colaboración con la Administración de justicia impuesto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. El magistrado Antonio Pedreira recuerda además que los responsables de que esta documentación solicitada no se haya enviado tres meses después de haberse pedido por primera vez serán las personas físicas que actúen en nombre y representación de la Comunidad, por lo que podrían incurrir en una responsabilidad penal, tal y como prevé el artículo 31 del Código Penal.

La decisión del magistrado que instruye el caso Gürtel de requerir a la Comunidad de Madrid para que coopere con la investigación se produce después de que los agentes de la UDEF encargados de la investigación le remitieran al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el pasado 9 de diciembre, una comunicación en la que constataban la falta de cooperación de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda a la hora de enviar la documentación solicitada de las facturas de las empresas pantalla de Correa, denominadas Grupo Rafael, entre los años 2004 y 2007.

En este documento, los agentes incluyen un relato de los cuatro intentos fallidos para obtener esta información, vital para conocer la total implicación de las empresas de la trama Gürtel en la Comunidad de Madrid, ya que uno de cada cuatro euros que cobró Correa del Ejecutivo autónomo lo hizo utilizando estas empresas pantalla.

El primero de los requerimientos por parte de los policías a la Comunidad para conseguir esta documentación se produjo días después de que el magistrado Pedreira lo solicitara el pasado 1 de septiembre. Un mes después, el 7 de octubre, el Gobierno regional remite los documentos solicitados, pero de forma incompleta. Concretamente, solo aporta la documentación relativa a un contrato adjudicado a la empresa MQM y otros relacionados con las sociedades Decoraciones CMR y Sagitour 200. Pero no se adjuntan las facturas del Grupo Rafael, las que tienen una mayor presencia en la red de Correa. Ante este olvido los agentes se pusieron en contacto el 13 de octubre con el secretario que firmó la contestación de la Comunidad, asegurando en la misma esta persona que buscaría estas facturas, tal y como consta en una grabación de la Policía Judicial.

Pese a este, los agentes no han recibido estos documentos, por lo que volvieron a llamar hasta dos veces después: el 29 de noviembre y el 2 de diciembre. Pero en esta ocasión no logran contactar con el secretario, que se había comprometido a buscar estos documentos vitales para la instrucción del caso.

Ante esta falta de cooperación de la Consejería de Economía y Hacienda, los agentes se deciden a enviar al magistrado la documentación incompleta, lo que ha obligado al propio Pedreira a recordar a los responsables de la Comunidad las posibles responsabilidades penales que podrían acarrear la falta de colaboración con la justicia.

El Grupo Rafael es un conglomerado de cuatro empresas que en 2003 apenas tenía relaciones comerciales con las diferentes consejerías de la Comunidad de Madrid. Fue a partir de 2005 cuando su suerte cambió, ya que los contratos adjudicados por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre a estas empresas sufrían un aumento exponencial. Según los datos que obran en el sumario de la operación Gürtel, entre 2004 y 2008, el Grupo Rafael facturó más de un millón de euros a instituciones municipales y regionales relacionadas con el PP. En el mismo periodo estas sociedades consideradas pantalla abonaron un poco menos, unos 900.000 euros, a las empresas de Correa, especialmente Easy Concept y Good and Better. El análisis de la documentación obtenida en los registros de las empresas de la trama demuestra la estrecha vinculación entre el Grupo Rafael y las sociedades de Correa. Un correo electrónico enviado por una de las trabajadoras del Grupo Rafael a la responsable de las empresas de la trama es claro al respecto: “Espero haber cumplido los objetivos marcados”.

Además de a los organismos pertenecientes a la Comunidad, el Grupo Rafael llegó a facturar más de 100.000 euros al Ayuntamiento de Boadilla del Monte y más de 30.000 del Consistorio de Arganda del Rey.

* El País – 18.12.10
Foto: Madrid, sede de la Comunidad – google

UrbanismoPatasArriba