Notas de Prensa

LAOPINIÓN/Málaga* : El fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ha solicitado este martes para la Fiscalía de Málaga más medios personales, en concreto personal auxiliar; y materiales, sobre todo técnicos; aunque ha incidido en las necesidades “urgentes” de los fiscales Anticorrupción, que en su opinión realizan una labor “admirable y muy rigurosa”. García Calderón, que ha acudido a una inspección ordinaria de la Fiscalía malagueña, ha indicado que las tareas de los fiscales Anticorrupción están “avaladas por el trabajo desarrollado durante años, junto a funcionarios policiales, de Hacienda o de Inspección urbanística”, aunque ha apuntado que “necesitan contar con medios suficientes a nivel telemático, espacios y personal técnico cualificado”. “Sólo su capacidad de trabajo y su esfuerzo están permitiendo que sostengamos las peticiones en los juicios orales, porque creo que necesitan urgentemente un apoyo que vamos a pedir a distintos organismos”, ha indicado el fiscal andaluz, entre los que ha citado la Junta de Andalucía, “en lo que respecta a las necesidades personales y materiales”.

Ha manifestado que “no sería descabellado una unidad policial propia, adscrita a Policía Judicial” y ha afirmado que “podemos instar el que puedan contar con apoyo de la Agencia Tributaria”. En este sentido, ha explicado que el modelo de la Fiscalía Anticorrupción cuenta con adscripciones permanentes “y podríamos buscar una solución parecida, sobre todo personas que conozcan la contratación pública y la cuestión fiscal”.

García Calderón ha recordado que la Fiscalía Anticorrupción “es también contra el crimen organizado”, materia en la que ha dicho “habría mucho trabajo que desarrollar”. Además, ha asegurado que se vincula a otros servicios de la Fiscalía, como el de la Cooperación Jurídica Internacional, que, en su opinión es también “completamente deficitario” en cuanto a medios materiales y personales.

Ha asegurado que “no es cierto” que las grandes operaciones en la Costa del Sol ya hayan pasado, sino que “se pueden estar gestando”. Cuestionado por la sentencia del caso ‘Ballena Blanca’, ha dicho no compartir las críticas a la Fiscalía y a la instrucción y ha indicado que la labor del fiscal Anticorrupción fue “suficientemente rigurosa” y “existían…

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Fuente:
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DIARIODELANZAROTE* : El exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Tías, José A.Reyes, se sentará el banquillo de la Audiencia Provincial el próximo 27 de abril acusado de un delito de falsedad documental en un expediente sancionador a Indelasa por el que la Fiscalía solicita una condena de seis años de prisión. El origen del caso se remonta al año 2000. En septiembre de ese año, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) emite un informe en el que concluye que un depósito de áridos en suelo rústico potencialmente productivo construido por Indelasa no cuenta con calificación territorial del Cabildo ni con licencia municipal. Al mes siguiente, el Ayuntamiento de Tías abre un expediente sancionador a la empresa y ordena, entre las medidas sancionadoras que podrían llevarse a cabo, “la reposición de la realidad física alterada” como consecuencia de las obras.

Por su parte, y a la vista de que tampoco contaba la empresa con permiso de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias para la construcción de un edificio en suelo rústico, la Apmun decide suspender las obras y precintarlas el 6 de octubre del año 2000. Al mismo tiempo, da un plazo a Indelasa para que trate de legalizarlas.

En julio de 2001, la Agencia de Protección del Medio se dirige al Ayuntamiento de Tías para conocer “si se había procedido a la demolición” de las obras. La respuesta municipal la ofrece el entonces concejal de Urbanismo, según la Fiscalía, “con la palmaria intención de faltar a la verdad en el ejercicio de su cargo público”.

Reyes indica a la Agencia, en agosto de 2001, que el procedimiento sancionador a Indelasa “había finalizado con el abono de la correspondiente sanción” y que las obras “habían sido legalizadas”. Esa contestación, según el fiscal, “faltaba notoriamente a la verdad de los hechos” por cuanto las obras ni se habían legalizado ni hubieran podido legalizarse.

En ese sentido, el fiscal recuerda en su escrito de acusación que el Cabildo denegó en 2004 la calificación territorial. Y que el acusado envió a la Agencia de Protección del Medio una documentación que no tenía nada que ver con las obras “construidas ilegalmente por Indelasa” sino con una solicitud de “vallado y plantación de palmeras”.

“Maniobra de engaño”

La Fiscalía considera que está clara “la manipulación subrepticia efectuada por el acusado” y añade que “con esta maniobra de engaño se pretendía, en definitiva, hacer ver a la Apmun que por parte de la Corporación municipal de Tías se había hecho el conveniente uso de la potestad sancionadora en defensa de la legalidad urbanística”.

Así, añade el fiscal en su escrito de acusación, lo que supuestamente hizo el entonces concejal de Urbanismo y hombre fuerte del PSOE de Tías fue impedir “la actuación sancionadora de la Agencia y la reparación del orden jurídico menoscabado”.

Por ello, el Ministerio Fiscal solicita que sea condenado por un delito de falsedad documental a una pena de seis años de prisión, inhabilitación por el mismo tiempo y una multa de 14.400 euros.

* Diario de Lanzarote – 16.04.11
Foto: Tías (Lanzarote) – clubrural

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PÚBLICO* : La situación de Francisco Camps y su núcleo duro en la Generalitat y el PP valenciano se vio ayer agravada tras difundirse el escrito en que la Fiscalía Anticorrupción pide al Tribunal Superior valenciano (TSJCV) que investigue la presunta financiación ilegal del partido a través de la trama Gürtel, que a su vez recibió no menos de 14 millones en contratos, y de una batería de adjudicatarios públicos que, según la Policía y Hacienda, pagaron gastos electorales del PP por casi 900.000 euros en 2007 y 2008. La Fiscalía implica de forma expresa en delitos de corrupción penados con cárcel a nueve cargos del PP y, de forma tácita, al propio Camps. Ahora, el TSJCV debe decidir si asume o no la investigación tras dos años dando largas al asunto.

En su escrito al TSJCV, Anticorrupción apunta a Camps al conectar los contratos multimillonarios (14 millones) que recibieron las empresas ligadas a la red con los trajes que sus responsables regalaron al president. Y al subrayar que alguno de los contratos otorgados a Orange Market requirió la “preceptiva autorización por el Gabinete del presidente”.

A Camps, Anticorrupción no le cita por su nombre. Sí lo hace con los otros nueve cargos conservadores cuya imputación reclama. Entre ellos se cuenta el vicepresidente Vicente Rambla, a quien atribuye dos delitos electorales por falsear las cuentas del PP valenciano. Y la actual presidenta de Les Corts valencianas y exconsejera de Turismo, Milagrosa Martínez. A esta última, el Ministerio Público la considera presunta autora de un delito de prevaricación por los supuestos contratos amañados en favor de Orange Market para los stands de Fitur en 2005 y 2006.

La lista de cargos del PP implicados por la Fiscalía se completa con varios aforados ante el TSJCV y otros cargos: David Serra, vicesecretario general del PP valenciano; Yolanda García, tesorera del partido; Ricardo Costa, ex secretario general y hoy coordinador de Economía del PP en Les Corts; Cristina Ibáñez, administradora de las autonómicas de 2007; Pedro García Gimeno, ex director general de Canal 9; Rafael Betoret, exjefe de gabinete de Turismo; y Luis Bárcenas, extesorero estatal del PP y administrador de la campaña de las municipales en 2007. Ese año, y según informes policiales y de Hacienda, el PP ocultó al fisco 2,5 millones de euros.
Soborno y prevaricación

En total, Anticorrupción enumera seis delitos: dos electorales, en 2007 y 2008; contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación y cohecho. Los electorales, la prevaricación y el cohecho se atribuyen a los dirigentes políticos. El delito fiscal, a los seis miembros de la trama cuya imputación pide la Fiscalía, encabezados por Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez.

Y los delitos de falsedad en documento mercantil (falsificación de facturas) se atribuyen a la red y a los empresarios que supuestamente pagaron a Orange Market deudas del PP. Fuentes cercanas a la Fiscalía precisaron no obstante que el escrito no es “exhaustivo” ni en cuanto a la relación de actos ilegales ni en la de presuntos autores. Un ejemplo: la Fiscalía solicita que se incorpore a la causa un anónimo recibido por el Tribunal Superior de Madrid y que implica a otro vicepresidente valenciano, Juan Cotino.
Hechos inseparables

Las alegaciones de la Fiscalía ante el TSJCV se cierran con dos párrafos que, de forma explícita, vinculan los regalos hechos por la trama con los contratos otorgados por la Generalitat. Anticorrupción reclama al tribunal valenciano que una en un solo sumario el caso de los trajes, por el que Camps está ya con un pie en el banquillo, con el de la financiación del PP y la adjudicación de contratos amañados a Orange Market. Si el TSJCV aceptase las tesis de la Fiscalía, el juicio de los trajes se demoraría, pero la acusación contra Camps y los otros tres destinatarios de ropa (Ricardo Costa, Rafael Betoret y el exvicepresidente Víctor Campos) subiría de grado. Y pasaría a ser de cohecho sin adjetivos. O sea, de soborno en toda regla.

“Unos y otros hechos -remarca el escrito en referencia a trajes y contratos- han de ser objeto de valoración conjunta para la correcta calificación de uno de los delitos contra la Administración Pública (cohecho)”. En otras palabras, Anticorrupción remacha la idea, rechazada con uñas y dientes por el TSJCV, de que los trajes sólo fueron una pieza más en el engranaje corrupto y no un acto de generosidad espontánea por parte de Álvaro Pérez, gestor de Orange Market y “amiguito del alma” de Camps.

Que a Camps le amenazan delitos de mayor gravedad que el de cohecho impropio, la modalidad más leve de soborno y sólo castigado con multa, lo prueba lo ocurrido ayer tras difundirse el escrito de Anticorrupción. La agencia Europa Press lanzó a media mañana un despacho titulado así: “La Fiscalía excluye a Camps de delitos en sus alegaciones a la inhibición de la causa de financiación”. El PP se aferró de inmediato al titular. Y Anticorrupción tuvo que pedir a la agencia que corrigiese la noticia, que pasó a tener el titular inverso: “Anticorrupción no excluye a Camps como inculpado en la causa de financiación ilegal”.

La Fiscalía añade otro dato sobre la conexión entre los trajes y las adjudicaciones fraudulentas: el relativo a cómo el contrato que Canal 9 adjudicó a Teconsa para la cobertura de la visita papal a Valencia en 2006 se produjo cuando el canal autonómico tenía por director a Pedro García. Y “de acuerdo con la documentación intervenida, además, a Pedro García Gimeno le fueron regaladas distintas prendas de vestir adquiridas por los imputados en los mismos establecimientos en los que se compraron los entregados a los cuatro imputados” en el caso de los trajes. El contrato de Teconsa reportó a la red tres millones. Y, según la Policía, Pedro García se embolsó medio millón.
De Sedesa a Enrique Ortiz

La Fiscalía, que hace suyas las tesis esgrimidas en mayo de 2010 por el juez Antonio Pedreira cuando se inhibió en favor del tribunal valenciano, solicita la imputación de los responsables de las ocho empresas que abonaron facturas supuestamente falsas a Orange Market para camuflar gastos electorales del PP.

En esa lista de empresarios figuran los responsables de las siguientes sociedades: Sedesa, empresa entonces ligada a la familia del vicepresidente Juan Cotino; Enrique Ortiz e Hijos, Enrique Gimeno (Facsa), Lubasa, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba, Hormigones Martínez y Piaf.

* Público – 2.04.11
Foto: El Presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, el viernes en un acto. EFE

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LAOPINIÓN/Málaga* : El fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero ha mantenido este lunes en el juicio del caso ‘Malaya’ que la imputación por blanqueo de capitales en la operación inmobiliaria Crucero Banús es por los fondos “de procedencia delictiva” utilizados por el presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, “tanto lo que invierte como lo que obtiene” del negocio, mientras que la defensa de éste ha alegado “indefensión”, ya que ha existido “una inconcreción absoluta” en las acusaciones. Abogados y acusaciones han expuesto ante el Tribunal su resumen o informe de prueba sobre dicha operación, con lo que concluye este primer bloque del juicio, tras dos meses y 21 sesiones. El siguiente bloque, en el que hay una treintena de acusados por delitos de blanqueo de capitales, entre los que están Roca y supuestos testaferros de éste como letrados del despacho Sánchez Zubizarreta, Montserrat Corulla u Óscar Benavente, comenzará finalmente el día 1 de marzo.

La acusación pública ha especificado que esta operación “no es más que una de las manifestaciones de blanqueo que se imputa a Roca”. Ha señalado que éste, el exedil Pedro Román, el letrado Juan Hoffman y el excomisario Florencio San Agapito fueron los cuatro participantes y que estaban “al tanto” de todos los aspectos del negocio, con el que, ha dicho, obtuvieron “una importante plusvalía en poco tiempo”, cifrada en unos seis millones de euros.

Ha precisado que se utilizaron mecanismos de ocultación y ha indicado documentos y testimonios en los que apoya su acusación. En su escrito provisional, el ministerio fiscal señalaba que éstos se concertaron para adquirir una parcela en Marbella sobre la que se lograría, con un convenio, un incremento de edificabilidad, para revenderla “garantizándose un beneficio económico muy superior al que resultaría de la reventa en el mercado”. El perjuicio para el Ayuntamiento se cifra en casi cinco millones de euros.

Por contra, para la letrada de Roca, Rocío Amigo, las conclusiones del fiscal no definen el delito de blanqueo, reseñando que no fue hasta este mes “cuando rectificó su escrito y viene a decir de forma sorpresiva, ya concluida su prueba, que la imputación es el origen de los fondos, lo cual no se ha investigado”. Considera que hay “una absoluta indefensión” por esa “inconcreción” en todas las acusaciones en cuanto al blanqueo “porque no sabemos el delito antecedente, que tenía que ser grave, y no sabemos en cuanto se cuantifica”.

En este punto, el fiscal ha intervenido ante “las insinuaciones” de la abogada, asegurando que parece “que la señora letrada no entiende el escrito de acusación”. Tras la intervención del presidente de la Sala, José Godino, ésta ha pedido disculpas al ministerio público en el caso de que “le moleste mi informe”.

La defensa se ha referido también a las aportaciones de Roca y a un supuesto cuarto cheque que éste dijo en su declaración que aportó. “A mi cliente se le está acusando de muchas cosas, pero no se le puede acusar de mentir al Tribunal”, ha apostillado, al tiempo que ha señalado que la sociedad Lispag, con la que se desarrolló el negocio, “como Teruel, existe, está ahí, y si alguien tuvo que tributar era esta entidad y en Suiza”.

OTROS DELITOS

Por su parte, el abogado del Ayuntamiento, que acusa además por malversación, o alternativamente fraude, y por prevaricación, ha hecho referencia a un primer convenio con un empresario, rechazando los argumentos de que al interesarse Román por el negocio se pusieron condiciones “más gravosas”. Ha aludido a una posible “extorsión” a ese empresario, que “no pudo mover su propiedad porque el alcalde –Jesús Gil–, sus colaboradores y Roca impidieron que ese convenio llegara a comisión de Gobierno”.

El letrado Alberto Peláez ha indicado que el cuarto cheque supuestamente entregado por Roca “no aparece por ningún sitio” y que en los otros tres, que sí constan, está la “aportación ilícita” de éste. El letrado ha realizado cálculos con el dinero aportado para la operación y con los gastos abonados y ha apuntado a “una nueva dádiva que ahora hemos podido descubrir”.

El abogado de la Junta de Andalucía, que también acusa por otros delitos, ha señalado que el control de Roca sobre el urbanismo, y en concreto en materia de convenios, ha quedado acreditado en estos dos meses fundamentalmente por las testificales. El abogado José Manuel Delgado Utrera ha manifestado que hubo un fraude al Consistorio, ya que el precio no se fija de forma objetiva, sino según el entonces alcalde, y con una valoración que “no se ajusta a la realidad”.

Por su parte, la letrada del principal acusado ha pedido la absolución por todos los delitos y ha considerado que la mayoría de las sesiones se han dedicado a rebatir “unos delitos que no existen en ningún caso”. Ha señalado que se ha acreditado que no hubo perjuicio al Consistorio, apoyándose en las declaraciones de testigos de cargo del propio Ayuntamiento; así como que no se utilizó información privilegiada sobre el plan en revisión, porque “no existía”.

“Las motivaciones que mueven a la Junta y al Ayuntamiento hay que encontrarlas bien lejos de los tribunales de justicia y mucho más cerca de ciertos despachos oficiales”, ha dicho la letrada, quien ha instado a estas acusaciones a que “purgaran” sus escritos, al señalar que la Administración andaluza “no puede pedir que mucha gente vaya a prisión cuando la propia Junta dice que el convenio no es impugnable”. El caso del Ayuntamiento, ha dicho, es “más llamativo”, ya que “podía haber iniciado un expediente de revisión” si había un perjuicio.

Amigo ha señalado que ni Roca ni los demás acusados “tenían a su disposición caudales públicos” y sobre todo ha precisado que el dinero que los promotores ingresaban en concepto de convenios “era privado y no se puede malversar dinero privado”.

OTRAS DEFENSAS

Las defensas de los demás acusados han rechazado las acusaciones. En el caso del abogado de Hoffman, José Manuel Vázquez, ha indicado que los informes acusatorios son “conjeturas” y que las acusaciones “no tienen pruebas” y no se ha acreditado el conocimiento del origen ilícito de los fondos. Su afirmación de que el fiscal “quiere que este bloque se una al resto porque quiere confundir a la Sala”, ha provocado la respuesta del representante de la acusación pública. Asimismo, ha manifestado que en las 21 sesiones se ha hablado “de pelotazo urbanístico sin que eso tenga consecuencia penal”.

Los letrados del resto de acusados, como son San Agapito, Román, la hija de éste, el exalcalde Julián Muñoz, el tasador José Mora y el empresario José Ávila Rojas –los tres últimos acusados en esta parte sólo por el Ayuntamiento y la Junta– han considerado que no existen pruebas de cargo contra sus clientes. En el caso del exregidor, su defensa ha precisado que no intervino en el convenio y que en la comisión de gobierno participaron otros cargos públicos que no están acusados en este bloque.

* La Opinión Málaga – 14.02.11
Foto: MARBELLA – JOSELELANZA – SUR

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DIARIODEMALLORCA* : El contrato para construir una Ópera en la bahía de Palma no fue, según denuncia la Fiscalía, más que “un montaje” urdido y ordenado por el expresidente balear Jaume Matas y ejecutado por su conseller de Educación, el diputado Francesc Fiol, para beneficiar al arquitecto Santiago Calatrava y sacar rédito político. Tal como recalca el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación relativa a la pieza nº3 del caso Palma Arena, ninguno de los diferentes informes emitidos por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma avala que la contratación tuviera o pudiera hacerse “por adjudicación directa”. A lo largo de 27 páginas, la Fiscalía aporta fechas y datos que apuntan a que las bases del contrato se pactaron mucho antes de lo que pretendió hacerse ver. Por ello, califica de “montaje” todo el expediente de contratación de la Ópera.

El Ministerio Fiscal subraya asimismo que no existe estudio económico del proyecto ni sobre su ubicación ni tampoco hay un “mínimo” análisis sobre la viabilidad física del mismo, en una zona que “ni siquiera es titularidad de la Comunidad Autónoma”.

Por ello, considera que fue el expresidente del Govern el que, a principios de 2007, decidió “de forma unilateral” que durante la campaña electoral de ese año presentaría un gran proyecto para Palma “con la única y exclusiva finalidad de favorecer sus intereses propios como candidato a la Presidencia” balear.

El objetivo de Matas era dar “un golpe de efecto” que le beneficiase en las urnas pero el coste del mismo decidió “repercutirlos a la Comunidad Autónoma” siendo, a juicio de la Fiscalía, “plenamente consciente de la práctica imposibilidad material e inmaterial económica del proyecto”.

Matas habría contactado para ello, en febrero de 2007, con el arquitecto valenciano Santiago Calatrava, con el que, en un encuentro en Roma, habría fijado un acuerdo “verbal” para que fuera él el que pusiera firma al proyecto del palacio de la ópera.

En este acuerdo ya se habría hablado del coste (1,2 millones de euros) por el anteproyecto, un trabajo que no se presentó nunca ante el Govern y que el pasado 9 de febrero Calatrava entregó en los juzgados.

A continuación, según la Fiscalía, el expresidente balear habría iniciado una serie de actuaciones para “dar apariencia” de legalidad a su decisión y al acuerdo con Calatrava, para “ocultar” su participación en los hechos y para “simular” la existencia de interés público en la contratación del arquitecto.

La vía elegida por Matas para hacerlo fue el entonces conseller de Educación, Francesc Fiol, según señala la Fiscalía en su escrito, y es efectivamente el segundo el que presenta al Consell de Govern el 30 de marzo de 2007 la propuesta de contratar un anteproyecto para una potencial ordenación de la bahía de Palma.

Los acuerdos aprobados ese día en el Consell “ofrecen ya los perfiles de un arquitecto determinado” y garantiza los 1,2 millones de euros prometidos. Todo ello muestra que el proyecto y el contrato “no es más que una pura simulación por orden de Jaume Matas”, escribe el Ministerio Fiscal.

Para la Fiscalía, tanto Matas como Fiol y el gerente del Ibisec (empresa pública a través de la cual se gestionó la contratación), Andreu Obrador, eran entonces conscientes de que se iba a beneficiar con fondos públicos y “de manera arbitraria” a Calatrava y para taparlo encargaron varios informes, ninguno de los cuales justifica la adjudicación directa que se realizó.

Cuando Calatrava recibió la invitación para participar en una negociación para encargarse del proyecto (propuesta a la que nunca respondió el arquitecto), la Fiscalía señala que ya se le envió un borrador del contrato dejando entrever que “no se produce negociación alguna” pues todo estaba acordado de antemano.

* Diario de Mallorca – 12.02.11
Foto: Palma – maqueta Ópera Calatrava – diariodemallorca

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LAVOZDIGITAL/Cádiz* : Malas noticias para el exalcalde de la Línea, Juan Carlos Juárez (PP). La Fiscalía ha mantenido la acusación por prevaricación y cohecho para el ex regidor y para el ex concejal de Urbanismo, Carlos Ruiz Calama, en el juicio por el caso Roseworld. Ayer mismo quedó visto para sentencia en la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial y pronto habrá noticias sobre las penas que se le imponen. Según han indicado a Europa Press fuentes cercanas al caso, la Fiscalía también ha mantenido los cargos para el administrador de la empresa Roseworld, Anil Takhurdas, para el que solicita cuatro años de prisión por un delito de corrupción. Además, para Ruiz Calama solicita también condena por un delito contra la Hacienda Pública.

Las cosas han ido mucho mejor para el resto de imputados en el caso. Han sido retiradas las acusaciones contra el representante del Grupo Lábaro, el exsecretario del Ayuntamiento linense y contra el exinterventor municipal. Igualmente, la Fiscalía ha retirado las acusaciones contra los concejales Mari Cruz Atienza, Juan Montero y Francisco Muñiz.
El juicio ha quedado visto para sentencia y dada la complejidad del caso, los letrados de las partes implicadas calculan que la decisión del juez de la Audiencia Provincial podría darse a conocer en un plazo de un mes.
Declaración polémica
El exalcalde de La Línea, Juan Carlos Juárez, declaró el día 18 de enero, y aseguró a la fiscal Anticorrupción que «no estaba ni en la mesa de contratación ni en el Pleno» que adjudicó las parcelas municipales a la empresa y en cuyo proceso se cometieron, presuntamente, delitos de al menos cohecho y prevaricación.
Juárez no quiso contestar a las acusaciones particulares y manifestó que sí «concedió plazos a Roseworld para el abono de las cantidades correspondientes por las parcelas» e incluso abrió la posibilidad de «resolver el contrato si no se aprobaba el Plan General de Urbanismo».
Asimismo, aseguró que todo lo hizo porque nadie le decía que no. Así de tajante se mostró, aunque luego lo suavizó al alegar que «seguía las recomendaciones de los técnicos municipales».
El popular Carlos Juárez negó además que su intención fuese beneficiar a la empresa Roseworld en perjuicio de otras que aspiraban a la concesión de las parcelas municipales en el año 2005. «En todo caso lo que hice era lo que me decían los técnicos municipales de la Mesa de Contratación», declaró.
El ex alcalde linense se enfrenta a cuatro años de prisión por prevaricación y cohecho y una multa de 500.000 euros, así como una pena de inhabilitación especial para el empleo de cargo público durante ocho años y medio.

* La Voz Digital – 2.02.11
Foto: La Línea de la Concepción (Cádiz), ayuntamiento – flickr.com

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LAVERDAD* : Son tantas y, en apariencia, tan burdas las supuestas irregularidades cometidas por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, en torno al proyecto de construcción del hotel de cinco estrellas Huerto del Emir, que, en un escrito remitido al Juzgado de Instrucción nº6 de Murcia, el fiscal anticorrupción acaba echando mano de innumerables signos de exclamación para expresar su estupor. En el escrito, redactado el mes pasado, el fiscal Juan Pablo Lozano desvela que los hechos que se están investigando en torno a ese proyecto hotelero, impulsado por la familia Koplowitz, podrían constituir presuntos delitos de prevaricación y falsedad en documento público, y pasa seguidamente a resumir las supuestas ilegalidad que se habrían cometido desde el Consistorio murciano.

La primera circunstancia llamativa, en opinión del fiscal anticorrupción, es que el Ayuntamiento expropió 520 metros de la parcela sobre la que se está levantando el hotel y, sin embargo, no inscribió ese terreno como propio -segregación registral-, por lo que continúa figurando como propiedad de los promotores del complejo.
Más aún, Urbanismo aceptó como bueno que la superficie de los terrenos era de 3.200 metros cuadrados, como aseguraron los impulsores del hotel en su proyecto técnico. Los redactores de ese documento advertían, «de forma sorprendente», según el fiscal, que «las dimensiones de la parcela no son definitivas al estar trabajando sobre un plano levantado con escasa precisión».
Una manifestación que lleva al representante del Ministerio Fiscal a preguntarse entre exclamaciones (¡¡¡¡) «¿para qué se supone que sirve un plano topográfico?», y también cómo es posible que, con los medios técnicos actuales, unos profesionales afirmen haber medido la parcela casi a ojo de buen cubero.
En realidad, la parcela tendría poco más de 3.000 m2, y ese incremento ‘ficticio’ de superficie aceptado por el Consistorio habría tenido una repercusión importante sobre el proyecto: teniendo en cuenta que la edificabilidad otorgada era de 2m2/m2, los 180 m2 de diferencia habrían permitido edificar otros 360 m2 , lo que en la práctica es casi una planta más entera.
El fiscal sostiene además que las supuestas irregularidades se extienden a la concesión de la licencia de obras, otorgada en 2005, ya que el proyecto presentado «incumple la normativa del Plan General de Ordenación (PGO)». En concreto, señala Lozano, basándose en las declaraciones de los propios técnicos, el hotel se tendría que haber retranqueado obligatoriamente en una distancia equivalente a la mitad de su altura, lo que habría sido obviado por el Consistorio.
Para eludir esa obligación, «el Ayuntamiento procedió a ‘trampear’ su propia normativa», según reseña el fiscal, de tal forma que antes de otorgar la licencia del hotel, la concedió para hacer sus tres sótanos, como si fueran un proyecto distinto. Algo que la propia Dirección General de Urbanismo de la Comunidad Autónoma ya consideró ilegal en su día.
Por último, relata el Ministerio Fiscal que cuando el Ayuntamiento comprobó que la parcela tenía menos metros que los afirmados por los promotores del hotel, en vez de sancionarlos «por su mala fe» y reducir la edificabilidad total, le aplicó retroactivamente una normativa que les favorecía y no le computó la edificabilidad de la planta destinada a los equipos técnicos del hotel. Con lo cual todo se quedó como estaba en origen.
Este hotel, que en un principio iba a tener quince plantas, finalmente se construyó con veinte, ya que los promotores se beneficiaron de una norma específica promulgada por el Ayuntamiento que prima la construcción de estos complejos. En la actualidad, las obras llevan varios años paradas a causa de la crisis.
La investigación que dirije el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, Andrés Carrillo, es consecuencia de la denuncia presentada contra el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, y el ex jefe de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, por parte de los dueños de un solar colindante, que se consideran perjudicados por estas decisiones administrativas.

* La Verdad – 23.12.10
Foto: Murcia, ayuntamiento – regmurcia

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