Notas de Prensa

SUR/Málaga* : El fiscal Anticorrupción Francisco Jiménez-Villarejo no ahorró calificativos ayer para explicar por qué pide al tribunal que juzga el ‘caso Minutas’ que condene a 30 años de cárcel al abogado y presidente del Sevilla FC, José María del Nido. El acusador público, en una extensa intervención en su informe final, reprendió con dureza al letrado sevillano por su actuación en el Ayuntamiento de Marbella entre 1999 y 2003, donde se realizaron encargos jurídicos supuestamente irregulares por más de seis millones de euros. Lejos de considerarle cooperador necesario, Jiménez-Villarejo colocó a Del Nido en una «posición de dominio», en el «núcleo duro de la toma de decisiones» del área jurídica desde la que, en su opinión, se pudo «descapitalizar» el Consistorio marbellí. El acusador público fue más lejos al afirmar que en Marbella se produjo «una perniciosa y promiscua confusión entre lo privado y lo público», que es el germen del desarrollo de la corrupción, porque «este proceso no es ni más ni menos que un proceso sobre un caso de corrupción pura y dura».

Tras recordar que ‘Minutas’ es un «caso atípico» porque no tuvo una investigación policial ni hubo escuchas telefónicas, sino que comenzó con un informe del Tribunal de Cuentas que provocó una querella de la Fiscalía Anticorrupción, el fiscal dijo que «este proceso judicial hay que contextualizarlo en el marco social en el que se produjeron los hechos, en el único ayuntamiento que ha sido disuelto por corrupción en la etapa democrática».
El papel de Del Nido, según el fiscal, fue el de «abogado de confianza» del fallecido Jesús Gil, con el que tenía una relación directa, «de tú a tú», quien lo contrató para el Ayuntamiento obviando los más elementales sistemas legales de la contratación administrativa. Y para ello puso un ejemplo muy gráfico: «Una cena en Puerto Banús entre Gil y Del Nido. Ese fue el expediente de contratación», espetó.
Para Jiménez-Villarejo, el ingreso en prisión en 1999 de Gil por el ‘caso Camisetas’ marcó un punto de inflexión en su forma de actuar. «En esos tres días en la cárcel -agregó- Gil sacó sus conclusiones: primera, que no iba a figurar ya más en papel alguno, delegando luego en Julián Muñoz, y segunda, sustituir a su abogado de confianza que entonces era José Luis Sierra, con el que se había peleado, por José María del Nido».
La confusión entre lo público y lo privado en Marbella, la comparó el fiscal con las formas del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi: «Él dirige el país desde un palacio que no es la sede de la presidencia del gobierno y Gil dirigía el Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades desde un anejo (el Club Financiero) de su mansión ‘Villa Ángeles’ en la avenida Ricardo Soriano».
«Todo se decidía allí con un desprecio absoluto a la legalidad», añadió el acusador, quien aseguró que existía una asesoría jurídica municipal perfectamente organizada, pero fuera del Ayuntamiento, en el Club Financiero, que fue montada por José Luis Sierra y en la que luego, a partir de 1999, se instaló Del Nido, que «no era un asesor jurídico externo, sino interno».
Luego el fiscal se dirigió a los trece acusados en este proceso, entre ellos Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, para advertirles: «Todo el mundo le echa la culpa al muerto (Jesús Gil), pero eso no sirve en el ámbito penal. Las personas que firmaban y daban apoyo a este ‘sistema’ paralelo a la legalidad, son responsables y están sentadas en esta sala».

* SUR – 16.04.11
Foto: Marbella, imputado Del Nido (archivo) – elmundo

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ELPAÍS* : Los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, se tiran a la cabeza todos los días los casos de corrupción del contrario. Pero ambos -y, en menor medida, otros partidos- llevarán previsiblemente imputados en sus listas el 22 de mayo. Mientras el PP incluirá a imputados e implicados en algunos de los más graves casos de corrupción -Gürtel y Brugal-, los imputados del PSOE lo son fundamentalmente por casos menores de pequeñas y medianas localidades. EL PAÍS ha hecho un rastreo de las candidaturas en siete comunidades autónomas -las que reúnen la mayor parte de las corruptelas que investigan los tribunales y que más escándalo han desencadenado-, señalando solo las causas judiciales relacionadas con corrupción, prevaricación urbanística y delitos contra la ordenación del territorio en los que se puede suponer algún tipo de trato de favor o tráfico de influencias. Si se tienen en cuenta otros delitos, el resultado es que más de 80 candidatos -más del 50% del PP y cerca del 35% del PSOE- están implicados en casos que investiga la justicia. Con todas las comunidades, superan el centenar.

Algunos son de gran dimensión, como la red Gürtel; otros tienen que ver con cuestiones aparentemente menores. Pero todos afectan al ejercicio público del poder.

Aunque las listas del PP valenciano fueron confirmadas el pasado viernes con 11 implicados en causas de corrupción, las listas electorales aún no son definitivas, así que esta situación podría cambiar antes de los comicios. En los de 2007, la conclusión fue que el electorado no castiga la corrupción: muchos de los políticos imputados no solo no perdieron votos sino que los ganaron.

COMUNIDAD VALENCIANA Gürtel en pleno

La rama política del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana concurre en pleno el 22-M en las listas del PP. La candidatura autonómica la encabezará Francisco Camps, imputado por recibir presuntamente trajes gratis de un empresario -Álvaro Pérez, El Bigotes- al que el Gobierno valenciano adjudicó decenas de contratos a dedo. Mariano Rajoy ha confirmado esta semana que aunque Camps vaya a juicio durante la campaña seguirá siendo el cabeza de lista.

Y con Camps irán otros implicados -no todos imputados- en el caso (en el que se investiga también la presunta financiación ilegal del PP): Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano; Vicente Rambla, vicepresidente primero del Gobierno; Milagrosa Martínez, presidenta del Parlamento regional; el diputado David Serra, y la tesorera del partido, Yolanda García. También aspiran a repetir como diputados del PP el ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi -señalado por el fiscal en el caso Brugal (trato de favor a un promotor en Alicante)- y Pedro Ángel Hernández, imputado por tráfico de influencias.

A las municipales concurren 11 candidatos del PP implicados en distintas causas; siete de ellos en la provincia de Alicante, escenario del caso Brugal -que salpica al actual presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y a las alcaldesas de Orihuela y Alicante-. Hay también cuatro candidatos del PSOE señalados por la justicia, incluido el cabeza de lista en Benidorm, Agustín Navarro, que fue expulsado del partido por tránsfuga pero ahora vuelve a liderar la candidatura, con la aquiescencia de la dirección federal del PSOE. Navarro está imputado por una querella del PP al quitar una concesión a una empresa por incumplir supuestamente el contrato. Y hay también un ex alcalde del PP que ya no está en el partido.

ANDALUCÍA De mociones de censura y licencias ilegales

Es, con la valenciana, la comunidad con más investigados en las listas: 26 en total -11 del PSOE, nueve del PP, dos de IU y cuatro de otros partidos-. Todos en candidaturas municipales. Solo una capital de provincia: Granada, donde el aspirante socialista a alcalde, Francisco Cuenca, está imputado por cohecho por su presunta participación en una moción de censura en Morelábor. Otros políticos del PSOE y del PP están también bajo la lupa del juzgado por esa moción de censura.

En Quesada (Jaén) concurre un socialista -el actual alcalde, Manuel Vallejo- que no es que esté imputado, es que fue condenado en octubre a seis años de inhabilitación por omisión del deber de perseguir delitos urbanísticos; tiene recurrida la sentencia, y entretanto se presenta. Y hay, por ejemplo, un pueblo de Granada, Gójar, donde están imputados por delitos contra la ordenación del territorio los dos aspirantes, el del PSOE y el del PP.

De mayor gravedad es el caso de Alhaurín el Grande (Málaga): la fiscalía pide cuatro años de cárcel para el alcalde, Juan Martín Serón (PP), por cobrar presuntamente de promotores a cambio de licencias urbanísticas. En Córdoba, un imputado en el caso Malaya, el joyero y constructor Rafael Gómez Sandokán, ha creado su propio partido y espera conseguir sillón en el Ayuntamiento.

A IU, las imputaciones le han sorprendido en Sevilla -donde el pasado jueves fue imputado el aspirante a alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, por el caso Mercasevilla- y en Manilva (Málaga). Allí, el Ayuntamiento, que es la principal empresa del pueblo, ha contratado a los 17 miembros de la lista de IU y a 57 familiares de estos; incluidos presuntamente varios familiares de la propia alcaldesa, Antonia Muñoz (IU), que está imputada.

MADRID Sin rastro de la red

El PP madrileño ha sacado de sus listas a todos los implicados en el caso Gürtel, que en esta legislatura habían sido alcaldes o diputados (todos dimitieron a raíz del escándalo). Y el PSOE no llevará en su candidatura a Trinidad Rollán, número dos de Tomás Gómez y condenada por prevaricación. Pero, al margen de esos dos casos sonados, hay otros que sí se han colado en las listas municipales. El PP de Esperanza Aguirre lleva a seis candidatos a alcalde imputados: en Coslada, Pinto, Guadarrama, Las Rozas, Torres de la Alameda y Alcobendas (estos dos últimos candidatos son, además, los actuales alcaldes). Juntos suman una población de 350.000 habitantes.

En Getafe, el segundo municipio en población de Madrid, el PSOE lleva de número seis a Cristina González, concejal de Obras e imputada por prevaricación.

GALICIA Comisiones ilegales en la Costa da Morte

Tres alcaldes -que aspiran a la reelección- en la provincia de A Coruña están imputados por cobrar presuntamente comisiones ilegales a cambio de adjudicar contratos en la Costa da Morte: son los regidores de Fisterra, José Manuel Traba (PP); Mazaricos, José Manuel Santos (PP) y Cee, Ramón Vigo (independiente). Al ex alcalde de Ares y candidato del PP allí, José Manuel Cendán, el juez le imputa un delito electoral por inflar presuntamente el censo para las elecciones de 2003. Y también en A Coruña está imputado por prevaricación el alcalde y candidato del PP en O Pino, Manuel Taboada, que autorizó un polígono industrial paralizado por la Xunta.

En Pontevedra hay un alcalde del PSOE imputado que también repite: el de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey, acusado de desobediencia por no derribar un edificio ilegal. Otro regidor de la provincia, el de Bayona, Jesús Vázquez (PP), que concurre a los comicios, está imputado por prevaricación.

El regidor de Castro de Rei (Lugo), el socialista Juan José Díaz Valiño, está imputado por supuesto trato de favor en la adjudicación de obras. Y en Barreiros (Lugo) el fiscal sostiene que Alfonso Puente, alcalde y candidato del PP, cometió prevaricación al conceder las licencias para 3.000 pisos con los informes técnicos negativos.

BALEARES El PP después de Matas hace limpieza total

Cuando el ex presidente de Baleares Jaume Matas (PP) dejó la política en 2007 y se fue a EE UU a trabajar para la empresa privada, dejó en las islas un reguero de causas judiciales por presunta corrupción que le afectan a él -está imputado por siete delitos- y a otros 40 ex cargos populares. Ninguno va ya en las listas electorales este año.

El PSOE sí lleva en sus candidaturas a dos imputados: el presidente del Consell de Ibiza, Xico Tarrés -secretario general de los socialistas ibicencos- está imputado en el caso Ibiza Centre (el presunto cobro de comisiones por la adjudicación del proyecto de remodelación del centro de la ciudad). Por el mismo caso está imputado el alcalde de Sant Josep, Josep Mari Agustinet, que fue gerente de la empresa pública Itusa.

CANARIAS La corrupción urbanística atasca los juzgados

Solo en 2010, un total de 200 personas entre políticos, empresarios y funcionarios fueron imputadas por delitos relacionados con la corrupción urbanística en Canarias. Y las imputaciones políticas son de todo signo.

En Tenerife, el actual alcalde de Arona y candidato por Coalición Canaria, José Alberto González Reverón, está imputado por la presunta concesión de licencias urbanísticas con informes técnicos en contra. También por prevaricación y por atentar contra el medio ambiente está imputado el candidato socialista en Icod de los Vinos, Juan José Dorta, quien presuntamente concedió licencias a varias empresas de extracción de áridos y desguaces de vehículos en la zona costera de El Riquel, protegida por su valor medioambiental. Y, en el municipio de El Rosario, el cabeza de lista del PSOE y actual alcalde, Macario Benítez, fue imputado tras aprobar el Plan Parcial de Varadero, también zona protegida.

Gran Canaria no es ajena a las candidaturas bajo sospecha. María del Carmen Castellano (PP), implicada en el caso Faycán, se presenta a la alcaldía de Telde. Igual que Francisco González (PP), imputado por prevaricación en el caso Góndola y cabeza de lista en Mogán.

CATALUÑA Pocos imputados

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Badalona, Ferran Falcó (CiU), está imputado por presunta malversación de fondos públicos durante su etapa como presidente de la empresa pública Adigsa, bajo gobierno de Jordi Pujol. Un juzgado investiga un presunto cobro de comisiones por la adjudicación de obras. Falcó volverá a ser candidato a la alcaldía de Badalona por CiU.

Miguel Uroz, alcalde de Querol, un pueblo de 570 habitantes de Tarragona, volverá a encabezar como independiente la lista del PSC en la localidad pese a estar imputado en caso de corrupción urbanística, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. El caso se remonta al 2003 y se centra en la revalorización de un terreno en el que se construía una urbanización: la finca, que se compró por 66.632 euros, acabó revendida mientras se aprobaban los planes de ordenación urbanística por 3,8 millones. Uroz era en ese momento concejal de Urbanismo y espera ahora conseguir mayoría absoluta en estos comicios. En los anteriores obtuvo el 43% de los votos.
¿Código ético o estético?

Ni PP ni PSOE, que se han dotado de códigos éticos internos para garantizar un ejercicio transparente del poder público, se comprometen tajantemente a no llevar imputados en sus listas. Los socialistas aseguran que están vetados aquellos candidatos señalados por un juez por haberse enriquecido “personalmente” en el ejercicio del cargo, pero son flexibles si la imputación es por otra cosa. Por ejemplo, si la prevaricación o el tráfico de influencias no han beneficiado directamente al cargo público aunque sí a un promotor privado. “No hay corrupción si no se mete la mano en la caja para llevarse el dinero al bolsillo”, ha explicado Antonio Hernando, responsable de Política Municipal del PSOE, aunque promete analizar “cada caso”.

El PP actualizó su código ético en 2009, tras estallar el escándalo Gürtel, y prohíbe “cualquier conducta, aun plenamente legal, que pueda dañar la imagen del partido”. También insta a sus candidatos a “comunicar” al partido la apertura de cualquier proceso judicial que les afecte, para que el partido decida qué ocurre entonces.

IU presentó el pasado viernes su nuevo código ético, que exige la regulación por ley de los salarios de los concejales, declaraciones de intereses de los cargos implicados en cualquier adjudicación y la prohibición de recibir regalos. El acto de firma solemne del texto coincidió con la inesperada imputación del candidato de IU en Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, por el caso Mercasevilla. El código dice que en caso de “imputación y procesamiento” los candidatos deben dimitir; Cayo Lara, coordinador de IU, afirmó que esperaría a ver qué dice el auto para saber hasta dónde llega la imputación.

* Información de Santiago Navarro, Joaquín Ferrandis, María Fabra, Valme Cortés, Ginés Donaire, Marta Soler, Fernando J. Pérez, Manuel J. Albert, Pedro Espinosa, Guiomar del Ser, Jesús Sérvulo González, Sonia Vizoso, Andreu Manresa, Pedro Murillo, Miquel Noguer y Mercè Pérez.

* El País – 10.04.11
Foto: especulacion ladrón dinero, viñeta

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ELPAÍS* : Los casos de corrupción han entrado de lleno en las candidaturas autonómicas que el comité electoral del PP de la Comunidad Valenciana envió este viernes a la dirección nacional de ese partido, que preside Mariano Rajoy, y que la cúpula popular ratificó casi a las diez de la noche. Las listas, encabezadas por Francisco Camps, imputado por cohecho en el caso Gürtel, incluyen a otros tres políticos en idéntica situación: el ya diputado por Castellón Ricardo Costa, inmerso en el mismo caso de los trajes que Camps; el actual alcalde de Torrevieja, que ya era diputado autonómico, Pedro Ángel Hernández, imputado por tráfico de influencias a raíz de la compraventa de una finca que le generó una plusvalía de 5,3 millones de euros, y el concejal de Valencia Jorge Bellver, que se incorpora de nuevo a las listas autonómicas cuando está a punto de ser juzgado por prevaricación.

Bellver, un hombre del equipo de Rita Barberá, que aprobó un aparcamiento junto a un jardín declarado bien cultural sin el informe preceptivo de Patrimonio, podrá hacer valer su nueva condición de aforado para trasladar el caso al Tribunal Superior.

Además, en las candidaturas que lidera Camps repiten cuatro implicados en el caso Gürtel: el vicepresidente Vicente Rambla, por Castellón, y la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, y los diputados David Serra y Yolanda García, por Alicante. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que sean imputados. Y entra la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, mientras repite el anterior alcalde, Luis Díaz Alperi, ambos implicados en el caso Brugal, otro sonado escándalo de corrupción.

El Comité Electoral Nacional, órgano que preside el exministro Miguel Arias Cañete, dio esta noche el visto bueno a las candidaturas de 11 comunidades autónomas, de Ceuta y Melilla, a las Juntas Generales vascas y a los cabildos canarios, aunque durante gran parte del día se barajó la posibilidad de aplazar las papeletas de la Comunidad Valenciana hasta la próxima semana. También se aprobaron las listas municipales de 38 capitales y otras 5 ciudades.

El exsecretario regional del PP, Ricardo Costa, ha sido incluido en el número siete de la lista autonómica del PP de Castellón, que encabeza el actual alcalde, Alberto Fabra. Costa fue dado de baja del partido tras su imputación en el caso Gürtel por recibir regalos de la trama corrupta. No obstante, fue rehabilitado un año después.

Las candidaturas del PP valenciano ofrecen otras novedades llamativas. Uno de los tres presidentes de diputación, el de Valencia, Alfonso Rus -el único que no se ha visto salpicado por algún caso de corrupción-, se incorpora a la lista autonómica. Carlos Fabra va de retirada en Castellón y José Joaquín Ripoll, imputado en el caso Brugal, entra en la lista municipal de Alicante como número dos, candidatura que encabeza Sonia Castedo, para volver a la Corporación provincial. Queda excluida la hasta ahora diputada Gema Amor, que fue consejera y es el referente más claro que queda del zaplanismo.

* El País – 9.-04-11
Foto: Valencia, alcaldesa Rita Barberá y presidente Camps Abril2010 – elpais

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ELPAÍS* : El lema Contra la corrupción y por la transparencia ha reunido esta tarde en Valencia a miles depersonas en una marcha de protesta por el centro de la ciudad. Los organizadores, la plataforma Col.lectiu contra la Corrupció, ha cifrado en 60.000 los asistentes, que se han manifestado en rechazo de la situación política en la Comunidad Valenciana, con un presidente, Francisco Camps, y varios ex altos cargos del PP imputados por supuesto cohecho pasivo impropio en relación con los regalos de la trama Gürtel. Durante la marcha, que ha comenzado pasadas las 18.00, los participantes han mostrado pancartas con lemas como No a la corrupción, Camps dimisión o carteles con muñecos recortados en forma de chorizo con las figuras del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra; Alvaro Pérez El Bigotes; la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; el coordinador de Economía en las Cortes, Ricardo Costa, y el propio jefe del Consell.

Asimismo, un estandarte al frente de la marcha mostraba un lazo negro en señal de duelo por las víctimas de la corrupción. También se han escuchado eslóganes como “Camps dimisión”, “Te quiero un huevo, quiero un traje nuevo”, “No nos mires, a ti también te roban” o “El president a Picassent”.

Al inicio de la protesta se ha registrado un incidente, cuando un pequeño grupo de una decena de personas ha enarbolado pancartas contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lo que ha provocado las protestas de los asistentes, que les han acusado de “provocar”.

Entre los manifestantes se encontraban dirigentes políticos socialistas, como el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, acompañado de la secretaria provincial del partido en Valencia, Carmen Martínez, o el portavoz socialista en la cámara autonómica, Ángel Luna. Asimismo, también han estado presentes en la marcha el portavoz de Compromís en las Corts, Enric Morera, y las diputadas del grupo Mònica Oltra y Mireia Mollà.

La portavoz del colectivo organizador, Reyes Matamales, ha señalado que su organización denunciará la corrupción “sea del partido que sea”, aunque ha admitido que en este caso “es del PP y de Camps”. “Queremos unas instituciones transparentes y que el PP dé explicaciones a los ciudadanos y a la oposición de la -presunta-financiación ilegal y de dónde están nuestros impuestos”, ha agregado.

Alarte ha indicado ante los medios que, independientemente del número de ciudadanos congregados hoy en Valencia, está seguro de que “en sus casas hay miles”de valencianos que “tampoco les gusta lo que ven”. Por ello, ha pedido que las instituciones “vuelvan a funcionar bajo criterios de honestidad y honradez”. Por su parte, Enric Morera ha señalado que el objetivo de la marcha es “pedir la regeneración democrática” de las instituciones valencianas, por lo que, ha insistido, “los partidos no deberían llevar en sus listas imputados y tránsfugas”.

La manifestación, convocada a las 18.00 horas en la plaza de San Agustín de Valencia, se ha dirigido hasta el Palacio de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por la calle de San Vicente, hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento, desde donde la marcha ha girado hacia la calle de las Barcas para desembocar en el Parterre y en la plaza de Alfonso el Magnánimo, sede del máximo órgano judicial de la región, donde se ha procedido a la lectura del manifiesto titulado No a la corrupción. Camps dimisión.

Fuentes policiales han confirmado que mientras la cabecera de la marcha se situaba frente al TSJCV, la cola de la misma permanecía todavía en la calle de las Barcas, aunque no han precisado cifras.

El manifiesto, con referencias al caso Gürtel, proclama la “defensa de la democracia” en la Comunidad Valenciana y advierte de que está “acosada por el cáncer de la corrupción y el abuso de poder”. En este sentido, insiste en que la corrupción, “lejos de ser un hecho aislado, se ha convertido, con los sucesivos gobiernos del PP, en una práctica sistemática”. Tambiéndenuncia la supuesta “connivencia de la Generalitat con la mayor trama de corrupción conocida en la era democrática” de España. Esta situación, han lamentado los organizadores, está “colapsando la vida pública, los recursos financieros y el patrimonio natural y cultural” de la Comunidad y “amenaza” el futuro.

El PP valenciano intentó parar la protesta en los juzgado, donde denunció que tenía “fines delictivos” y el único propósito de “injuriar” a Camps. Por ello, solicitó la suspensión cautelar de la manifestación, lo que el juzgado desestimó por considerar que era “urgente”, dado que la convocatoria circulaba desde febrero en las redes sociales.

En un comunicado emitiro hoy, el vicesecretario de Organización del Partido Popular valenciano Valenciana, David Serra, ha asegurado que la manifestación ha sido “catalanista e independentista, y en contra de la Comunidad Valenciana”. Serra ha criticado que el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, y los partidos de la oposición se hayan “querido exhibir con orgullo al lado de aquellos que siempre están en contra de esta tierra, de sus ciudadanos y de sus intereses”.

A su juicio, la oposición demuestra una vez más que “no están preparados para velar por los intereses de los valencianos”, ya que para ellos “lo más importante es la salir en la foto abanderando una campaña de insultos e injurias para hacerse de notar”.

* El País – 26.03.11
Foto: Asistentes a la manifestación contra la corrupción durante la marcha por el centro de Valencia – elpais

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Una breve explicación de como la corrupción se esta adueñando de nuestra vida politica en España. Asi es como se esta tomando ejemplo en muchas zonas de España para hacer buenas politicas pensando en el enriquecimiento personal en vez del beneficio de las personas. Muchos politicos españoles, han visto este video para entrar en politica.

* You Tube – centristas ’08

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LAVOZ/Lugo/Entrevista* : Jose Luis Fiuza Diego (Lugo, 1954) es un abogado de larga y reconocida trayectoria en Lugo que hace poco más de un año impulsó la creación de la Asociación por la legalidad del plan urbanístico de Lugo, Alpul, en la que no tiene cargos, pero es su asesor legal y uno de sus miembros más activos. Las denuncias iniciales en la prensa han pasado ahora al juzgado, que ya imputó a algunos empresarios y responsables políticos. Además, en esta última semana tuvieron que declarar el alcalde y la delegada de urbanismo por una denuncia por injurias.

-Yo no llevo a nadie al banquillo, eso es misión de la fiscalía y de los jueces. Alpul, simplemente, denuncia hechos y comportamientos que entiende que pueden ser constitutivos de delitos. La Presidenta de la Audiencia Provincial de Lugo, ya en el 2006, declaró a un diario nacional que «la mayor corrupción es el urbanismo», añadiendo que «la situación es preocupante y ningún ciudadano puede permanecer impasible al fenómeno de la corrupción en el urbanismo». Ahora, los políticos nos atacan por seguir las directrices de la magistrada.

-Ahí los políticos se han metido en un callejón sin salida. Las oposiciones se paralizaron porque no aprobaron los que quería el mandamás, se ocultaron documentos al juzgado…

* josé luis fiuza diego abogado y asesor legal de alpul

* La Voz de Galicia – 13.02.11

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ELPAÍS/A Coruña* : “Si están ahí fuera todo el día es porque chupan del bote con los que están dentro”, lanzaba el martes una vecina de Corcubión al pasar furtivamente ante las decenas de personas que se arremolinaban a las puertas del juzgado de esta pequeña localidad de la Costa da Morte. Una comarca sacudida por la Operación Orquesta contra la corrupción en la que están imputadas 11 personas, seis de ellas cargos públicos de Cee, Fisterra y Mazaricos. Predominan los ánimos encontrados ante el destape, a golpe de registros policiales y detenciones, de una presunta trama de sobornos entre políticos y empresarios que ha desatado los lamentos por la mala imagen. “Cuando no es el chapapote, son las prebendas, menuda propaganda”, resumía un joven. Pero también se impuso la ley del silencio. Nadie, en aras de la presunción de inocencia, elevada estos días casi a mandamiento sagrado, se atreve a decir en alto el más mínimo reproche contra los ediles acusados de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho.

Dentro del juzgado, aquel martes, estaban, tras pasar la noche en los calabozos de la Policía, los alcaldes de Mazaricos y Fisterra, dos tenientes de alcalde de este municipio y otros empresarios de la construcción, padre e hijo. Fuera, además de la nube de periodistas y cámaras, acampaban vecinos de ambos pueblos deseosos de exhibir su entusiasta apoyo a sus mandatarios. En el caso de Fisterra, una localidad de 4.995 habitantes gobernada por el PP con mayoría absoluta, para vitorear a su regidor, José Manuel Traba, de 44 años y 11 en el cargo, y sus dos tenientes de alcalde, los tres imputados por cohecho, acudieron al juzgado: el jefe de la Policía local; su hija, secretaria de la alcaldía y de la ejecutiva local del partido; el juez de paz y ex edil del PP ante quien deberán ahora comparecer, cada 15 días, los tres ediles imputados; o el encargado del polideportivo municipal, también vocal del partido.

Más de seis de cada diez euros de los presupuestos municipales (3,6 millones en total) son para gastos de personal. No hay familia que no tenga alguien empleado en el Ayuntamiento o vínculo con un PP cuya ejecutiva local integra a un socio de la empresa de electricidad que más factura del municipio, al secretario de la cofradía de pescadores, y al presidente de la agrupación de mariscadoras y directivo del club de fútbol local.

No hay guardería pública, el centro de salud es un vetusto edificio de otra época y la crisis puso freno demasiado tarde a una presión urbanística desaforada (la edificación se disparó un 444%) que dejó hileras de grandes urbanizaciones vacías a pie del mar. Pero con o sin la fanfarria de la corrupción, todos dan por seguro que el PP arrasará en las elecciones locales de mayo. “Mientras gane el Barça o el Madrid, en Fisterra no hay problema”, dice, sarcástico, un empresario.

Más compleja, socialmente, es la situación de Cee, cuyo alcalde, el independiente Ramón Vigo, y el responsable de Obras, Juan Bautista Areas, son los principales implicados en la operación Orquesta. La localidad de 7.500 habitantes es el centro neurálgico y comercial de la comarca, además de sede de su hospital. Está dividida ante lo ocurrido.

Los socialistas, socios de gobierno de los dos independientes imputados, mantienen, de momento, el pacto. Pero no con el mismo entusiasmo ni “la confianza ciega” que dijo tener la “vicealcaldesa”, la socialista Amancia Trillo. El PP, que gobernó con apoyo de Vigo durante el bienio 2002-2003, está en la retaguardia y guarda silencio. “En Cee, la gente no perdona a los políticos deshonestos”, comentan en el pueblo. Su anterior alcalde y aún portavoz local del PP, Antonio Domínguez, perdió las elecciones de 2007 tras difundirse los negocios inmobiliarios de su familia, creados tras llegar a la Alcaldía.

Vigo, que compagina su cargo de alcalde con una consulta privada de medicina, proclamó salir del juzgado, donde pagó 29.000 euros de fianza para evitar su ingreso en prisión, acusado de seis delitos, más reforzado que nunca para ganar las elecciones. Adhesiones recibió, y muchas, estos días. Pero muchos, en Cee, dudan que sean suficientes. “Aquí no es como en Fisterra, aquí se pasa factura en las urnas”.

Fiestas patronales y obras públicas

Situada en el interior de la provincia coruñesa, “allá en la montaña”, dicen los de A Costa da Morte, Mazaricos, un municipio del rural y muy agrario que, al igual que Fisterra, también por debajo de los 5.000 habitantes, se ha visto de repente involucrada de lleno por la trama de presunta corrupción que investiga el juez de Corcubión. Ni siquiera pertenece a este partido judicial, sino al de Muros.

Pero ahora son varios los vínculos que comparte, pese a la distancia geográfica, Mazaricos con Cee y Fisterra: la adjudicación de numerosas obras públicas al constructor de Muxía Daniel Ogando, imputado por cohecho junto a su hijo, el supuesto pago de sobornos y la financiación irregular de las fiestas.

El alcalde de esta localidad rural -también diputado provincial del PP como el de Fisterra-, la secretaria-interventora del Ayuntamiento y el aguacil, responsable de las fiestas anuales de A Fervenza, forman parte de los once imputados. “Y tiemblan los alcaldes pero también tiemblan comisiones de fiestas de toda Galicia”, repiten en bares y plazas de las tres localidades afectadas. La recaudación de dinero para pagar verbenas y atracciones está en entredicho después de que el constructor de Muxía admitiese haber hecho pagos en metálico al alcalde de Cee o al aguacil de Mazaricos.

“Hay cosas de las fiestas gallegas que son difíciles de regularizar, como los chiringuitos. Y no se le puede exigir a los que voluntariamente colaboran en la organización la misma formalidad que a un Ayuntamiento”, se quejaba esta semana el alcalde de Mazaricos, José Manuel Santos. Que un empresario haga “un donativo” para las fiestas, aunque sea importante, es normal. En A Fervenza, “no colaborara una sino 200 empresas”, destacó Santos.

* El País – 6.02.11
Foto: La policía detiene a Ramón Vigo, alcalde independiente de Cee, en la Operación Orquesta – elpais

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ELPAÍS* : Una investigación de la Guardia Civil ha desvelado que la red de corrupción urbanística del caso Pretoria, destapada en 2009, presuntamente cobró también comisiones ilegales por una recalificación urbanística vinculada a una masía modernista de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme). El informe de la Guardia Civil, que se ha enviado a la Audiencia Nacional para que se una al caso Pretoria, implica en las supuestas comisiones al ex coordinador del Plan Metropolitano de Barcelona Genís Carbó y al presunto cerebro de la trama, el ex diputado socialista Luis García. El nuevo informe es resultado de una denuncia que presentó ante la fiscalía el grupo municipal SOS Llavaneres por el convenio urbanístico de la masía modernista La Bodega, con el que la empresa Cortijosa supuestamente consiguió pingües beneficios gracias a una reordenación territorial aprobada por el Consistorio.

La operación urbanística parte de la compra de la finca que ocupa la citada masía, que la empresa local Promoelit adquirió en 2004 por 1,4 millones de euros y un año después vendió a Cortijosa por 3,6 millones. Esa empresa, según consta en la denuncia, comparte administradores con Niesma Corporación, la sociedad liderada por Luis García que está detrás de una de las principales operaciones investigadas por Pretoria.

Posteriormente, el Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres, gobernado por una coalición del PP y el PSC, firmó un convenio urbanístico con Cortijosa por el que le compraba el edificio modernista a cambio de cederle 6.700 metros cuadrados para la construcción de viviendas, lo que obligó al Consistorio a aprobar una reordenación territorial. Gracias a esa permuta, Cortijosa pudo conseguir unos terrenos que tenían un valor de mercado ocho veces superior al de la masía modernista, según la valoración de los denunciantes.

El rastro de unos cheques relacionados con las transacciones económicas de la operación de compraventa ha puesto al descubierto que Carbó cobró supuestamente comisiones de la empresa Cortijosa, presumiblemente por haber influido para favorecer las recalificaciones urbanísticas que permitieron esa permuta. El informe apunta que esas comisiones fueron cobradas por el imputado, arquitecto de profesión y entre 1996 y 2004 jefe de Planificación Territorial del Departamento de Política Territorial de la Generalitat, a través de unas empresas de su propiedad que no tenían ninguna actividad real, excepto los presuntos cobros ilegales.

* El País – EFE – 7.02.11
Foto: Sant Andreu de Llavaneres Barcelona), vista – infomet.am.ub

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ALFONSO VILLAGÓMEZ* : En una esquina del norte de la costa gallega, tres alcaldes son detenidos y la noticia abre las páginas de los periódicos y los informativos audiovisuales. Sin embargo, la corrupción vinculada a presuntas prácticas delictivas en materia de ordenación del territorio y urbanismo han adquirido en los últimos años en España unas dimensiones desproporcionadas. Los expertos afirman que lo que sale a la luz es un porcentaje ínfimo del total de casos que se estarían dando en toda la geografía española. Solo hay que analizar por encima todas aquellas recalificaciones o proyectos urbanísticos que hayan adquirido una cierta dimensión para identificar condiciones en las que los privilegios, favoritismos, tráficos de influencias, comisiones, etc…se perciben para explicar posturas políticas que no casan con la coherencia de una ordenación racionsl o la defensa de los intereses generales de los ciudadanos. Hace unos años el diario británico The Guardian alarmaba a toda Europa con detalles sobre la entidad que la corrupción urbanística estaba alcanzando en nuestro país, en especial a lo largo de la extensa franja costera. No hace falta recordar los casos de Marbella, en los que llegó a extenderse de tal forma que prácticamente implicó a casi todos los estamentos del poder local. Pueblos con millares de viviendas construidas ilegalmente, facturas falsas en grandes proyectos para el esparcimiento colectivo construidos con el dinero y el aval público, y privilegios y tratos de favor investigados en manos de los jueces o de la fiscalía anticorrupción. El poder local se ha convertido en un apetitoso plato de intereses urbanísticos.

Más adelante, y con el sosiego y el estudio necesarios, habría que replantearse el esquema competencial en materia urbanística, en el sentido claro y decidido de sustraer dicha materia del ámbito de los poderes locales para depositarla en manos firmes de las comunidades autónomas y del propio Estado. No siempre, como este caso paradigmáticamente demuestra, la proximidad del ejercicio de la competencia al poder es lo más adecuado para la salud de nuestra democracia.
* Alfonso Villagómez, magistrado del TSXG

* Faro de Vigo – 1.02.11

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LAVOZDEGALICIA* : Hacia las nueve de la mañana de ayer, cerca de un centenar de agentes de la Policía Nacional, repartidos en tres grupos, entraban simultáneamente en los ayuntamientos de Cee, Mazaricos y Fisterra dentro de un operativo de lucha contra la corrupción dirigido por el titular del Juzgado nº2 de Corcubión, Andrés Lago Louro. Los agentes entraron también en la vivienda de tres empresarios de la zona, Daniel Ogando y un hijo del mismo nombre, y Jorge López Lago. Lo hicieron también en los domicilios de algunos de los alcaldes, que fueron trasladados después hasta los ayuntamientos en coches camuflados de la Policía Nacional. El alcalde de Cee, el independiente Ramón Vigo; el de Fisterra, José Manuel Traba, y el de Mazaricos, José Manuel Santos Maneiro -ambos del PP-, fueron detenidos y trasladados por la tarde a dependencias de la Policía Nacional en A Coruña, desde donde serán puestos a disposición judicial en las próximas horas. También fueron arrestados otros dos ediles populares de Fisterra, el de Urbanismo, Ramón Redonda, y el teniente de alcalde, Santiago Insua Esmorís-Recamán, así como los tres empresarios.

Daniel Ogando es un conocido constructor de obra pública, y su hijo, el titular de Palcos Senande, una empresa de alquiler de escenarios. López Lago es representante de orquestas y fue detenido hace unos años por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Abundantes documentos

Dentro de la denominada operación Orquesta se registraron los tres ayuntamientos, los domicilios de los empresarios y el del alcalde de Cee. El Volkswagen Touareg del regidor ceense también fue revisado por el secretario del Juzgado número 2 de Corcubión y por un agente.

La policía se marchó del Concello de Cee hacia las cuatro de la tarde con media docena de cajas con diversa documentación. Poco después, el alcalde abandonaba el edificio por la puerta de atrás cubriéndose con una carpeta. Fue introducido en un coche policial camuflado que partió con dirección a A Coruña.

En la casa consistorial de Mazaricos, en A Picota, los agentes permanecieron hasta las seis de la tarde revisando documentos en la alcaldía, la secretaría y la oficina del arquitecto municipal. De allí partieron con unas 20 cajas de documentación y con copias del disco duro y del correo electrónico del Ayuntamiento.

En Fisterra, el registro terminó hacia las cinco de la tarde. La Policía Nacional se llevó al alcalde y a los dos ediles, pero no documentos. Una hora después, los empresarios detenidos abandonaban el Juzgado de Corcubión en coches camuflados de la Policía Nacional.

A todos se les imputa la presunta comisión de delitos contra la Administración pública, entre ellos tráfico de influencias, prevaricación y cohecho y falsificación de documentos.

En Mazaricos, los agentes pidieron documentación sobre la contratación de obras municipales con la empresa de Ogando, específicamente la construcción de un campo de fútbol de hierba artificial, unas mejoras en la casa consistorial y una reforma del campo de la feria, todas ellas por un valor total de 800.000 euros.

En Cee y Fisterra los agentes buscaron además facturas relacionadas con la empresa constructora con sede en Muxía. En Cee también investigaron la contratación de atracciones en las fiestas.

Será el juez de Corcubión, Andrés Lago Louro, quien determine en las próximas horas el grado de implicación en el caso de cada uno de los detenidos y quien dictamine sobre su ingreso en prisión o su posible puesta en libertad.

* La Voz de Galicia – 1.02.11
Foto: Registro en el ayuntamiento de Cee – lavoz

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