Notas de Prensa

LAVOZ/Cádiz* : Un mes después de que el Tribunal Supremo ratificara la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ordena la demolición de este macrocomplejo turístico y deportivo, todo sigue igual en Las Beatillas. La Junta, que tendría que asumir la responsabilidad subsidiaria, se encuentra por el momento a la espera de que el Grupo Jale responda al mandato judicial y derribe su propiedad. El Ayuntamiento portuense, por su parte, carece de competencias en este asunto y se muestra presto a la colaboración en el caso de que la Administración regional lo solicitara. Fuentes cercanas al Grupo Jale confirmaron que en Las Beatillas solo se encuentran los guardas de seguridad. Ante los rumores de que la entidad podría haber solicitado una prórroga al disponer de reservas para celebrar bodas y comuniones, estas fuentes descartaron tal posibilidad e informaron que el complejo, inaugurado en 2001 para la celebración de congresos, fiestas y actividades deportivas, entre otros, redujo drásticamente su actividad en enero, y de forma total a partir del nueve de marzo. Solo unos días antes de que el Supremo dictara una sentencia firme, y contra la que no cabe recurso alguno.

Sin licencia de obras

Construido en suelo calificado como no urbanizable de sistemas generales de espacios libres, el Grupo Jale solo necesitó una licencia de obras del área de Urbanismo del Consistorio portuense, que permitía la ampliación del antiguo cortijo con el fin de desarrollar actividades de hostelería. Nada que ver con lo que se hizo. La empresa levantó un palacio de congresos de planta baja más subterráneo, un restaurante de 285 metros cuadrados, cinco pistas de pádel, un parque infantil, una carpa, una urbanización de 11.684 metros cuadrados y aparcamientos. Todo tiene que desaparecer en virtud de la sentencia del Supremo, que tras ocho años de trámites, desestimó los recursos de casación interpuestos por Jale Construcciones S.A. y Las Beatillas S.L. para darle la razón al TSJA en torno a la ilegalidad de esta construcción, donde tendría que existir un parque periurbano de uso público.
Desde la Junta se puso de manifiesto que ya existe un proyecto para el derribo del complejo en el caso de que el Grupo Jale no ejecute la orden. Pero la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, señaló en declaraciones recientes durante una visita a El Puerto, que por el momento se encontraban a la espera de que el propio grupo asumiera su responsabilidad. Fuentes del área de Urbanismo del Ayuntamiento explicaron que la Junta le retiró las competencias en este ámbito pero que en todo caso podría solicitar su colaboración en el caso de la ejecución del derribo. Algo que por el momento no ha sucedido. Como tampoco ha recibido el Consistorio una petición del Juzgado para que vigile si el Grupo Jale inicia las obras de demolición. Estas fueron decretadas en 2003 por la DirecciónGeneral de Urbanismo de la Junta de Andalucía y recurridas por las citadas empresas. Pero desde el Supremo consideran que la sentencia «no se puede tachar de desproporcionada, sino más bien de ejemplar». El escrito añade que «resulta de una claridad incontestable que las obras, cuya demolición se ha ordenado, fueron realizadas sin licencia y que no está permitido que, sin ellas, un antiguo cortijo se convierta en un complejo turístico deportivo. Por lo que las construcciones son ilegales e ilegalizables». Con respecto al permiso que el Grupo Jale obtuvo del Ayuntamiento, en aquel tiempo gobernado por Independientes Portuenses, el Supremo lo considera una forma de ocultar y dar cobertura legal a algo que no la tiene.

* La Voz Digital – 22.04.11
Foto: El Puerto (Cádiz), complejo Las Beatillas a demoler – lavozdigital

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ELPAÍS/China* : “¿Qué estarías dispuesto a hacer para conseguir el piso de tus sueños?”. Es la pregunta que lanza el director Pang Ho Cheung (Hong Kong, 1973). La respuesta más bestia la proporciona Cheng Li-Sheung, la dulce mileurista que protagoniza su película Dream home. El personaje que encarna la actriz Josie Ho se empeña en desinflar a puñaladas la burbuja inmobiliaria. “La idea surgió en una cena con unos amigos”, recuerda Pang. “Nos quejábamos del continuo aumento del precio de la vivienda en Hong Kong y nos preguntábamos quiénes y cómo pueden, con lo precios actuales, hacerse con una. Sin duda, nosotros, no. La conversación fue derivando hacia lo que seríamos capaces de hacer por tener una en propiedad. Se nos ocurrieron unas cuantas posibilidades, todas ilegales, y luego pensé que quizá haya quien pueda ir más allá y no dude en matar para conseguirlo”.

Así nació la joven teleoperadora Cheng, que urde un sangriento plan para combatir a los especuladores que, a su lado, parecen monjas de la caridad. Todo porque, tras sufrir la demolición del viejo bloque de viviendas que habitaba su familia para erigir en su lugar una de las muchas urbanizaciones de lujo que demandan los nuevos ricos chinos, su situación económica le impide acceder a la vivienda que ansía. Ni siquiera endeudando a sus biznietos.

“Supe que tenía que utilizar violencia extrema para criticar el secuestro de la sociedad a manos de los especuladores y mostrar que los exorbitados precios actuales pueden llevar a una persona normal a la locura”. ¿Gore como vehículo de denuncia social? “Sí. Quizá muchos espectadores busquen solo una estimulación sensorial, pero espero que, cuando salgan del cine, la historia les haga pensar sobre el mundo en que vivimos. Con que lo hagan durante un minuto, me conformo”, explica Pang.

Será cuando se les haya pasado el shock, claro. Porque los 96 minutos del filme, que pudo verse en la pasada edición del Festival de Sitges y permanece sin distribución en España, son un catálogo de barbarie. Cheng eviscera, degüella, acuchilla, martillea y hasta rebana un miembro viril para conseguir una eyaculación muy particular. No tiene piedad, ni siquiera con embarazadas. Así, no es de extrañar que a los censores chinos se les haya atragantado la cinta de Pang, que nunca cruzará la frontera que divide el país en dos sistemas.

Aunque el director no la considera políticamente incorrecta, Dream home pone el dedo en la llaga del Gran Dragón. Y podría dar ideas poco deseables a la “tribu de las hormigas”, que amenaza su estabilidad y que suma ya un millón largo. Son los universitarios chinos, a los que el sector inmobiliario ha condenado a vivir hacinados en los sótanos de las grandes ciudades.

Wang Liawei vive y trabaja en Pekín. Gana 1.700 yuanes (180 euros) al mes y se gasta 600 (65 euros) en la desvencijada habitación que alquila en el sótano de un horrible bloque de viviendas que perfectamente podría competir con las colmenas de Hong Kong. Este joven licenciado en Historia se ha desternillado con los chispazos de humor negro de la peli de Pang, cuyo DVD pirata ha visto en su portátil. No obstante, el mensaje le ha entristecido. “La película es una exageración, pero la realidad está ahí. En nuestro país se trata a la gente como a perros. Si hay que echarla de sus casas, se la echa. La mayoría no puede tener una vivienda digna. No digo que lo que hace la protagonista sea lo correcto, pero sí que deberíamos movilizarnos”. Y eso es, exactamente, lo que el Gobierno chino quiere impedir a toda costa.

Pero Hong Kong es otra historia. Aunque desde 1997 pertenece a la República Popular, el centro financiero del sudeste asiático disfruta de una libertad de creación que le proporciona un plus frente a las creaciones que llegan desde la China continental. “Nuestra industria cinematográfica es muy peculiar. Juega siempre con el extremo -algo que el propio Pang personifica con su ecléctica filmografía, que incluye Isabella, una cinta intimista con la que ganó hace un lustro el Oso de Plata de Berlín-, y ha hecho de ello una característica reconocible a nivel mundial. Podemos cooperar con China, pero no debemos perder esa locura que impregna nuestras películas”, concluye el director.

* El País – ZIGOR ALDAMA (SHANGHÁI) – 22.04.11
Foto: Hong Kong (China), rascacielos – clarin

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LEVANTE/Valencia* : El alcalde de Chella, Pablo Seguí, del PSPV, deberá comparecer el próximo miércoles en un juzgado de Xàtiva. Lo hará en calidad de representante municipal como imputado por las presuntas irregularidades detectadas en las obras del PAI Carlos Fabra. Se le atribuyen presuntos delitos contra la ordenación del territorio, el medio ambiente y el patrimonio histórico de la localidad.
Once son las familias que se consideran agraviadas por unas actuaciones urbanísticas que comenzaron en 2008. Desde entonces, los afectados han interpuesto varios contenciosos, aunque ninguno había prosperado hasta ahora. Su inclusión en el PAI -pese a estar ya residiendo en la zona y disponer de las cédulas de habitabilidad pertinentes- les supuso volver a desembolsar unos costes de urbanización ya abonados en su momento, denuncian.

Tal como indica un informe de la policía judicial, el consistorio podría haber cobrado esos costes a riesgo de incurrir en un posible delito. También se dictan irregularidades en la consignación de las facturas de obra, efectuadas por Segogar. Los vecinos acusan a la mercantil de incluir partidas de material inexistentes en los trabajos efectuados hasta ahora.

Otro de los aspectos que aborda la investigación judicial es la posibilidad de que Segogar comenzara las obras sin contar con los permisos oportunos. Los trabajos deberían haber sido ejecutados definitivamente a finales de 2009. Sin embargo, el incumplimiento de plazos y la posterior reanudación de las obras habría provocado unos sobrecostes de 34.000 euros, que los vecinos han tenido que pagar de su bolsillo.
“Llevamos ya abonados más de 60.000 euros desde que comenzó el proceso”, lamenta uno de los afectados. “Y Lo peor es que no nos ha reportado ningún beneficio: tenemos los mismos servicios que antes de que empezaran las obras”, afirman. La justicia también investiga la legalidad del desmonte provocado por el PAI, que comportó la sustracción de 2.000 metros de la montaña situada al fondo de la urbanización. “Es un delito ecológico. Cuando compramos la casa había un paisaje inmejorable que nos han robado”, denuncian los vecinos. Las obras hoy aún continúan.

“No hemos cometido
ningún delito”
“Estoy muy tranquilo. Somos un ayuntamiento honrado y no hemos cometido ningún delito”. El alcalde de Chella, Pablo Seguí, realizaba ayer esas declaraciones tras conocer la noticia de su imputación por presuntos delitos urbanísticos. El primer edil socialista indica que “el PAI responde coma por coma a lo que dicta el PGOU aprobado en 2001 por el PP y ratificado por la Conselleria” y manifiesta que la ejecución de las obras “se ha hecho conforme al Plan General”, explicó ayer. El primer edil niega que las facturas de los trabajos incluyan partidas inexistentes, como denuncian los vecinos, e indica que “lo importante es la liquidación definitiva. Una vez acaben las obras se cobrará únicamente por los trabajos realizados”, señala. Seguí, además, asegura que existe un “trasfondo político” en su imputación, que se produce cuando falta poco más de un mes para las municipales.

* Levante – 21.04.11
Foto: Chella (Valencia) – forociudad

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LAOPINIÓN* : El precio de la vivienda libre en Málaga, tanto nueva como de segunda mano, continúa depreciándose a gran ritmo como consecuencia de la bajísima demanda, y ya ha vuelto a los niveles anteriores a 2005, es decir, antes de la burbuja inmobiliaria. Según las estadísticas del Ministerio de Fomento, el precio de los pisos al cierre del primer trimestre de 2011 se sitúa en 1.826 euros el metro cuadrado, un 22,3% menos que los 2.348 euros que se alcanzaron de máximo hace justo tres años, en el arranque de 2008. La diferencia, de más de 522 euros por metro, equivale a una reducción superior a los 41.000 euros en el caso de un piso medio de 80 metros. La caída, además, no se ha frenado en los últimos tiempos ya que, sólo en 2010, el descenso fue del 8%.

La bajada experimentada por los precios en Málaga desde 2008, además de superar con mucho la media española (15,4 %), es la más alta a nivel provincial de todo el país, incluso por encima del 21,5% de Madrid. Sin embargo, en la capital madrileña, el descenso real de precios sí fue mayor: de casi 644 euros por metro cuadrado, al pasar de 3.004 euros a 2.360.

Estepona y Marbella, en picado

Las bajadas máximas de la costa occidental se dan en Estepona, con casi un 40% de caída, y en Marbella, con un 28,6%. Destaca el caso esteponero, donde el metro, que llegó a registrar máximos de 2.939 euros ha caído a 1.767. Esos 1.200 euros de diferencia abaratan una vivienda media hasta en 96.000 euros. En Marbella, con una bajada del 28,6%, el metro también se deprecia en 800 euros y ahora se tasa en 2.023. El resto de municipios costeros, Málaga capital incluida, también presentan caídas de entre el 24% y el 29%. Los del interior, como Ronda, Antequera o Alhaurín de la Torre, por debajo del 20%.

El mayor desplome de precios desde 2008 lo experimentó la vivienda nueva –para Fomento, la que tiene menos de dos años de antigüedad–, que, de máximos de 2.545 euros, cotizaba a finales de 2010 a 1.933 euros (-24,1%). Esos 612 euros de diferencia suponen que una vivienda vale ahora casi 49.000 euros menos que en 2008.

Pero, ¿y el dato del primer trimestre de 2011? Según explicaba ayer el Ministerio, el número de tasaciones sobre nuevas viviendas durante el primer trimestre ha sido tan pequeño en Málaga (sólo 53) que resulta imposible actualizar el dato, aunque sí es presumiblemente a la baja. Únicamente Estepona, Málaga y Vélez presentan un mínimo de 10 tasaciones. Y en Rincón, Ronda o Antequera no hubo ninguna en estos tres meses. La Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) recuerda que hasta que no se venda el stock acumulado de viviendas sólo saldrá nuevo producto al mercado a cuentagotas.

En el segmento de segunda mano la tónica es parecida. Los pisos que en 2008 costaban casi 2.250 euros el metro ahora salen a 1.734 (en este caso, el dato sí es del primer trimestre de 2011), con una rebaja de casi el 23% y de 41.200 euros para un piso medio.

En España, el precio de la vivienda libre aceleró su caída en el primer trimestre de 2011 y se situó en 1.777 euros el metro, un dato que también retorna a antes de 2005.

¿Precios al nivel de 2002?

Los expertos coinciden en que el precio debe experimentar nuevas bajadas en 2011 para terminar de sacudirse el «inflado» de la burbuja inmobiliaria. En el caso de Málaga, esa rebaja añadida debería rondar entre un 5% y un 10%, para situarla globalmente por encima del 30% en relación a los máximos de 2008. Los constructores, sin embargo, niegan esa posibilidad y alegan que los precios han llegado ya a su descuento máximo y están a precio de hipoteca. Es más, hace unos días, señalaban incluso que si las ventas repuntan –algo muy improbable– los precios empezarían a subir.

Otros expertos, como el jefe de estudios del portal inmobiliario idealista.com, Fernando Encinar, se suman a la teoría de los descensos y señalan que el valor del metro podría bajar a niveles de 2002 en Madrid, Barcelona y las zonas costeras, caso de Málaga. Por su parte, el codirector del máster de Empresas Inmobiliarias de la UNED, Julio Gil, ve necesario «recuperar» estímulos para la demanda como las desgravaciones fiscales a la compra de vivienda habitual, que el Ejecutivo suprimió el pasado 31 de diciembre para las rentas superiores a 24.000 euros.
Por el contrario, el profesor del Instituto de Práctica Empresarial (IPE), José Antonio Pérez, afirmó que los datos demuestran que se ha completado el ajuste de precios, y que incluso habrían comenzado a repuntar en zonas turísticas.

* La Opinión Málaga – 19.04.11
Foto: Clientes en el salón inmobiliario SIMed Oportunidades celebrado hace dos semanas en Málaga.- laopinion

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NOTICIAS+* : En la actualidad, existen unas 800 millones de bicicletas en el mundo y son utilizadas como medio de transporte principal o como vehículo de ocio. De cara al cuidado de las personas representa un completo ejercicio físico mientras que para el medio ambiente, su uso significa una disminución de las emisiones de CO2 a la atmósfera y una contribución para frenar el cambio climático. El Día Mundial de la Bicicleta se celebra hoy con circuitos en la calle, desfiles de bicicletas, conciertos verdes, competencias de ensayos, carteles en las escuelas y plantaciones de árboles. Alicante, Murcia, Barcelona, Madrid, Córdoba, Sevilla, Logroño, San Sebastián, Burgos y Santiago de Compostela son algunas de las ciudades que promueven el uso de bicicletas dentro de la Red de Ciudades por la Bicicleta.

En concreto, en Cartagena se han lanzado una serie de iniciativas entre las cuales destaca la Calculadora de CO2 que determina la cantidad de CO2 que se puede dejar de emitir a la atmósfera, en un determinado trayecto, si sustituye el coche o la moto por la bicicleta.

Durante la jornada, se realizarán actividades en distintos ayuntamientos para promocionar su utilización, como el caso de Madrid, donde los ciclistas arrancarán en la Plaza Castilla y en el Retiro a las 20 con el objetivo de realizar un paseo lúdico hasta llegar al Templo de Debod y comer un bocata bajo las estrellas.

En Gijón, se llevará adelante la operación Ring-Ring que consiste en obsequiar un timbre y desayuno a las personas que se mueven en bicicleta por la ciudad asturiana. Los puntos de encuentro son en Acerona (c/ Palacio Valdés, frente al Humedal) y en el Paseo del Muro (c/ Rufo García Rendueles) a la altura de la calle Marqués de Urquijo. También se realizarán itinerarios ciclourbanos con guías.

En Oviedo, a las 19:30 saldrá una marcha ciclista urbana de la Plaza de la Catedral que recorrerá distintas calles de la ciudad y en Zaragoza, comenzará una ruta urbana a las 18 en la calle Puente de la Almozara.

* Noticias Positivas – 19.04.11
Foto: Bicicletas en metro París – N+

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EUROPAPRESS* : Más de mil viviendas de edificios y urbanizaciones de la ciudad de Vigo están afectadas por sentencia de derribo debido a irregularidades urbanísticas que tienen que ver con falta de licencia o con licencia para otras actividades, planeamientos anulados por los tribunales o problemas con alturas y edificabilidades. El caso donde se concentra un mayor número de afectados es el de la calle Rosalía de Castro -unas 500 familias-, donde varios inmuebles, así como una gasolinera y un aparcamiento subterráneo, han sido declarados ilegales por los tribunales por el uso que se dio a los entresuelos, o por estar bajo la vía pública -en caso del parking-. No obstante, y tras la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), dos de los inmuebles afectados, ya han conseguido legalizar su situación.

No será tan fácil para los propietarios de viviendas en las dos torres de Finca do Conde –unos 230–. En este caso, tanto esas torres como el gran centro comercial que hay en ese ámbito, han sido declarados ilegales por el Tribunal Supremo y, según ha reiterado el alcalde, Abel Caballero, esas actuaciones “no son legalizables”.

En lo que respecta a Finca do Conde, Caballero ha responsabilizado directamente a Corina Porro que, siendo alcaldesa, dio las licencias en contra de los informes técnicos, alegando que no había una sentencia firma de ilegalización y, por tanto, como procedimiento reglado dentro de los trámites administrativos, debía dar esos permisos.

Tras suspender las licencias en ese ámbito durante un año, el Ayuntamiento ha iniciado los trámites de modificación del PGOM para ajustar el planeamiento a la construcción de un túnel para el acceso a la futura nueva autovía Vigo-Porriño. En todo caso, si se tuviera que hacer efectiva la indemnización a los afectados por la situación de Finca do Conde, las arcas municipales tendrían que afrontar el pago de unos 300 millones de euros.

OTROS CASOS

Los propietarios de los cien pisos de la urbanización conocida como ‘Colina de Castrelos’ o ‘Piricoto’ no lo tendrán fácil para regularizar su situación. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declaró ilegal este inmueble porque, entre otras irregularidades, supone un gran impacto paisajístico al encontrarse muy próximo al Pazo Quiñones de León.

Los técnicos del Ayuntamiento tienen de plazo hasta finales de abril para presentar ante el tribunal un proyecto de demolición parcial del inmueble, con el fin de adecuarlo a la ley.

También se encuentra en trámite el proceso de legalización del edificio de A Pastora, donde los dueños de 56 pisos esperan obtener una licencia en el marco del nuevo planeamiento urbanístico, que admite las alturas construidas.

En pleno proceso judicial está el caso de dos de los edificios de aparthoteles de Samil, declarados ilegales porque la licencia que se les concedió en su día era para la actividad hotelera y acabaron por convertirse en unas 200 viviendas. Los propietarios han conseguido que el tribunal aplace la orden de demolición en tanto no se resuelva un recurso que habían presentado y, mientras, intentan conseguir una licencia municipal mediante la creación de una sociedad a la que ceden la gestión de sus apartamentos.

Los propietarios de los 50 apartamentos de la urbanización ‘Gran Lar’ de Navia se enfrentan a la posible demolición de los edificios, después de que el TSXG ratificase una sentencia anterior de derribo. Al igual que en el caso de Samil, el problema aquí está en el uso que se ha dado a los apartamentos, ya que la licencia otorgada era para residencia de estudiantes.

A estos casos, se suman los de otros edificios que están en situación de ilegalidad por diversos motivos, como una docena de chalets en Canido, un edificio de diez alturas en la zona de Churruca, otro edificio de más de cien viviendas en A Florida y otros ejemplos en Fragoso o A Seara.

LEGALIZADOS

En la otra cara de la moneda, están los casos de las torres Ifer de García Barbón, y el edificio de Jacinto Benavente próximo a la tienda Toys ‘r Us. En el primer caso, el TSXG aceptó la pretensión del Ayuntamiento de que se declarase inejecutable la sentencia, en tanto que las torres –con unas 170 viviendas– habían obtenido licencia municipal por estar ajustadas al nuevo PGOM.

Esas torres, en cuyos bajos está instalada la sede del Círculo de Empresarios de Galicia-Club Financiero Vigo, tenían una sentencia de demolición desde 1996 y se consideraban ilegales porque estaban anulados el estudio de detalle de ese ámbito y las licencias concedidas.

También los 180 propietarios de los pisos de Jacinto Benavente respiran más tranquilos desde que, en julio de 2009, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Vigo aprobó su licencia, en el marco del nuevo PGOM.

PLAN GENERAL DE 1993

La mayoría de los edificios declarados ilegales por los juzgados se construyeron al amparo de un planeamiento que fue, asimismo, anulado por los tribunales: el Plan General de 1993, aprobado por unanimidad por 26 concejales –uno del PP estuvo ausente en la votación–. Esa corporación estaba presidida por el alcalde socialista Carlos Príncipe y era concejal de Urbanismo Dolores Villarino, además, también eran concejales los actuales ediles José Manuel Figueroa (PP) y Xulio Calviño (PSOE).

En la ciudad olívica, prácticamente todas las denuncias por irregularidades tienen en común al denunciante, Eduardo Canabal, un técnico proyectista especializado en asesorar sobre cuestiones urbanísticas. Desde hace 15 años, este asesor mantiene en jaque a los servicios jurídicos del Ayuntamiento, ya que ha llegado a denunciar hasta 25 actuaciones del plan del 93.

* Europa Press – 21.04.11
Foto: Vigo, torres Finca do Conde -cope.es

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TELDEACTUALIDAD/Gran Canaria* : La asesora de Estrategia Turística y una de las profesionales más cualificadas de Canarias en esta materia, Cristina del Río, ha advertido de que Telde atesora numerosos recursos turísticos “paralizados”, lo que condiciona su desarrollo económico. En el encuentro que mantuvo en abril con el grupo Diálogos en Telde, la experta destacó que “todo lo que sea bueno para los residentes en Canarias será bueno para el turista que visita las islas”, según informa a través de un comunicado de la organización del encuentro. En su opinión, el municipio teldense necesita “recuperar todos los recursos turísticos de los que dispone para atraer a los visitantes que se interesan por los valores culturales, históricos o etnográficos durante su estancia en Gran Canaria”.

“Ello será no sólo bueno para el sector del que dependemos en el archipiélago, sino también para las personas que residen en la isla, por lo que conlleva de creación de actividad económica en su entorno”, apostilló.

Sin accesos a los yacimientos
En un diagnóstico que realizó sobre la situación de la localidad, Del Río constató que el Ayuntamiento de Telde realiza una labor de promoción en Internet y en redes sociales a través de su página web “www.teldeturismo.es”, centrada en el casco histórico de San Juan, el barrio de San Francisco, la playa de Melenara y la zona comercial de San Gregorio.

Sin embargo, recordó que “no se puede promocionar esta localidad en las ferias mientras sigan existiendo recursos que hoy por hoy no se pueden visitar pese a su gran atractivo”. En este sentido, aludió a los yacimientos arqueológicos, que carecen de accesos adecuados.

Igualmente, comentó que la fábrica de Ron conocida como la Máquina de Azúcar es “un recurso paralizado en estos momentos”, del mismo modo que la Noria de Jinámar, transformada en un Museo del Agua, que requiere de “una correcta gestión para su apertura”. A su juicio, la señalización turística del municipio y de la de sus carreteras deben también mejorar.

En política turística, “es evidente que falta una mayor coordinación entre el Cabildo y los ayuntamientos”, subrayó Del Río.

Motor de la economía
Igualmente, señaló que la Casa de Los Sall, en San Francisco, es el recurso en el que se está trabajando en su rehabilitación y funcionará como centro de interpretación del barrio de San Francisco. Además, avanzó que la Iglesia de San Juan, uno de los espacios más visitados de Telde, contará con audioguías para los turistas y las personas con movilidad reducida.

Defendió, por otra parte, el planteamiento de que el turismo “debe seguir siendo el motor de la economía canaria como lo ha sido en las últimas décadas, aunque debe recibir más apoyo público”. De hecho, incidió en que en la actualidad otros sectores que no generan empleo en la medida que lo hace el turismo son los que se benefician de la mayor parte de las ayudas en forma de subvenciones.

Preservar el litoral
Durante el encuentro también participó el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y funcionario en la Autoridad Portuaria de Las Palmas, José Fernández, para quien Telde debe “seguir trabajando por la preservación de su litoral” y consideró que “es necesaria mucha inteligencia a la hora de abordar el desarrollo de la costa”.

“Frente a la crisis ambiental que sufre el planeta es necesario aprender a convivir y adaptarnos a los efectos que producen los cambios a los que nos enfrentamos”, indicó.

Quien fuera también máximo responsable de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente hizo hincapié en que “Telde dispone de recursos naturales muy valiosos que deben ser ante todo preservados para que tanto la población como los turistas puedan disfrutar de ellos en el futuro”.

El Consorcio del Sur
Al analizar la situación de “caos” administrativo y político que padece el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, institución que gobierna en la principal zona turística de Gran Canaria, tanto José Fernández como Cristina del Río se mostraron críticos con la negativa de los representantes municipales a ceder las competencias en materia de Urbanismo al Consorcio de Rehabilitación Turística, en el que intervienen Gobierno de España, Ejecutivo autónomo; Cabildo y el propio Consistorio.

Asimismo, advirtieron de que el futuro del sur de la isla “seguirá siendo incierto mientras siga dependiendo de munícipes como los actuales, de todos los colores políticos, que carecen de altura de miras y gobiernan de forma opaca y de espaldas al interés general”.

“Necesitamos líderes revolucionarios que sean capaces de movilizar a la población para acabar con el sistema caciquil que padecemos en Canarias desde hace varias décadas”, sentenció Fernández.

* Telde Actualidad – 21.04.11
Foto: Telde (Gran Canaria), yacimiento cuatropuertas – teldeactualidad

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HOY* : Era esperado y demandado desde hacía 7 años y cuando entró en vigor, el 31 de marzo de 2010, lo hizo ante la atonía general del sector de la construcción, fruto de la crisis del ladrillo y del cierre del grifo de la financiación. El Plan General Municipal (PGM) acaba de cumplir su primer año de vigencia y no se ha hecho ni una sola de las 33.000 viviendas que contempla en los nuevos suelos urbanizables de de la ciudad. Un año ha pasado y no se ha movido un ladrillo. Lo que se está construyendo es parte del cupo de viviendas que proceden del Plan de Urbanismo anterior o de actuaciones extraordinarias, el caso del PIR del Junquillo. No se ha comenzado ninguna urbanización ni construido ninguno de los pisos . Tan sólo hay una intervención en fase embrionaria, en tramitación técnica. Se trata de la operación del solar de las Carmelitas, que incluye el proyecto de El Corte Inglés.

Este solar se puede desarrollar con los nuevos usos (residencial, docente y comercial) gracias a la aprobación del PGM, pero ha transcurrido un año y varios días y los promotores de la operación todavía están ultimando el plan de viabilidad que tienen que presentar en el Ayuntamiento para iniciar su estudio y poder aprobarlo. El Plan Parcial de las Carmelitas debe contemplar la ordenación de la parcela, con las edificaciones, viales y espacios que transformarán estos 12.000 metros cuadrados del centro de la ciudad. Los promotores tienen que construir primero el nuevo colegio de las Carmelitas antes de poder comenzar la obra del centro comercial y podrían adelantar la edificación de los 100 pisos que se autorizan.
Esta operación urbanística está en marcha y sus promotores consideran viable el proyecto, pero lo cierto es que llega seis años después de que presentaran la propuesta en el Ayuntamiento, en abril de 2005. Eran tiempos de bonanza económica y de ‘boom’ inmobiliario y de la construcción y sin el menor atisbo de cicatería bancaria en créditos.
Ahora, la operación de El Corte Inglés está desbloqueada y autorizada en tiempos de cierre del grifo financiero y de retroceso o cambio de tendencias en la demanda de viviendas. No parecen tiempos propicios para comprar pisos de lujo. En todo caso, la operación está a las puertas de poder ser actividad en la tramitación de los proyectos técnicos, aunque pasará un tiempo hasta que los cacereños puedan ver las máquinas en el solar.
También está en fase de proyecto técnico la ordenación de Charca Musia, como núcleo industrial y residencial. El plan de actuación urbanística lo abordarán los propietarios junto con el Ayuntamiento.
Ferial
Una de las prioridades que se marcó el Ayuntamiento y así fue recogida en el PGM es el nuevo sector urbanizable del antiguo campo de aviación, con más de 4.000 viviendas. Es un sector de prioridad 1 y además con ordenación detalladas, de tal manera que se podía comenzar de forma más o menos rápida, tras la aprobación del correspondiente Plan Parcial. Sin embargo, la crisis del sector hace evidente su dilatación en el tiempo y, de hecho, no se ha hecho ningún trámite, más allá de reuniones de los propietarios entre ellos y con el Ayuntamiento, y debido al interés de la ciudad por contar con un centro de ocio y el pabellón para ferias y muestras comerciales.
Al final, para adelantar tiempo, el Ayuntamiento ha optado por pro promover un Proyecto de Interés Regional (PIR) para levantar el pabellón de muestras junto al Hípico al margen del desarrollo de la urbanización, pero con una previsión de encajar esta pieza (el pabellón) en el futuro diseño del residencial. De momento, no se ha diseñado ni adelantado nada para ningún centro de ocio, aunque es otra previsión que se mantiene para este sector urbanizable, además de la reordenación del recinto para las atracciones y casetas de las ferias de San Fernando.
Matadero
Si este año de vigencia del PGM no ha servido para poner un solo ladrillo, sí sirve para poder hacer cambios en lo ya planificado. La normativa exige que tenga que transcurrir un año desde que se aprueba el planeamiento para poder autorizar cambios en el mismo. Y es lo que ya se ha hecho en la parcela del antiguo matadero, con el fin de permitir doblar el uso comercial en la misma y ofrecer así mayor rentabilidad a los promotores de un centro de ocio y comercial (ver HOY del pasado día 6 de marzo).
También se ha tenido que esperar un año para poder tramitar la modificación puntual del PGM en unos terrenos por donde construir el vial de conexión de Cáceres el Viejo con el residencial Gredos ya que es suelo calificado como verde y docente.
Asimismo se ha modificado el PGM para permitir la reforma de locales de hostelería a nuevos usos (como café-concierto) en lo relativo a superficies mínimas ya que el PGM exigía más de los 100 metros que autoriza la ordenanza municipal. Otra modificación puntual aprobada es para autorizar las casas unifamiliares en Antonio Canales, donde por error sólo se recogían en el PGM viviendas en bloques.

PROYECTOS Y CAMBIOS
EN SU CONTEXTO

33.000
Es el número de viviendas que contempla el nuevo PGM de Cáceres, distribuidas por los nuevos sectores de suelo urbanizable localizados en casi todas las entradas y salidas de la ciudad. Son tres plazos: 24.000 viviendas a cinco años; 7.000, a diez, y 1.500 a 15 años más las de Arroyo-Malpartida y Valdesalor.

2010
El nuevo Plan General Municipal (PGM) entró en vigor el 31 de marzo de 2010, al día siguiente de ser publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) tras ser aprobado por la Junta de Extremadura después de haber recibido el visto bueno de la comisión regional de Urbanismo el 29 de enero.

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Es la extensión aproximada de suelo que el Ayuntamiento obtiene en la Montaña como sistemas generales y cuyos propietarios obtienen derechos de edificación en los nuevos sectores urbanizables de la ciudad. El PGM también contempla la Charca Musia y las Capellanías como enclaves industriales.

* Hoy – 19.04.11
Foto: Cáceres, obras Plaza Mayor (archivo) – regiondigital.com

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ELPAÍS/Madrid* : El magistrado que instruye el caso Gürtel, A.Pedreira, ha citado a declarar como imputado al consejero delegado de la Sociedad de Fomento y Desarrollo de Arganda del Rey, J.Fernández Caballero, por su presunta participación en las adjudicaciones del Consistorio madrileño a las empresas relacionadas con esta trama de corrupción, la más importante ligada a un partido político: el PP. Con Fernández ya son 4 los imputados del PP en este municipio tras el exalcalde Ginés López, el diputado regional Benjamín Martín Vasco y el cargo Tomás Martín Morales. Entre las adjudicaciones investigadas en Arganda destaca el mayor pelotazo del cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, quien habría percibido 12 millones de euros, según la investigación judicial, tras lograr la adjudicación de la sociedad de fomento de Arganda del Rey de una parcela pública a la constructora Martinsa.

El juez ha tomado esta decisión después de que la acusación particular del PSM lo solicitara, al igual que ya lo hiciera la Fiscalía Anticorrupción al inicio del procedimiento. Así, Juan Fernández Caballero tendrá que declarar el 10 de mayo como presunto autor de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, sin perjuicio de que tras su testificación y la práctica de nuevas diligencias el magistrado Pedreira le impute nuevos delitos.

La petición de la acusación popular de los socialistas se fundamenta en un informe de la unidad de auxilio judicial de la Intervención General del Estado (IGAE), del 29 de mayo de 2009, en el que se pone de manifiesto que la Sociedad de Fomento y Desarrollo de Arganda del Rey, con Fernández Caballero como consejero delegado, incurrió en numerosas irregularidades en sus adjudicaciones a la red. Como por ejemplo el fraccionamiento intencionado del gasto en varios contratos y el uso de procedimientos de contratación sin publicidad.

Las conexiones de Juan Fernández Caballero con la trama resultan evidentes, según la acusación popular. David Luis Cerezo, uno de los trabajadores de Correa, aseguró al juez Pedreira que su contacto en el Ayuntamiento de Arganda era el responsable de la empresa de Fomento: “Yo me reunía con Juan Fernández. Le presentaba los proyectos y no sé lo que hacían. Me dijeron que tenía que ir a Arganda a ver a ese señor y ver si tenía alguna necesidad y presentar los proyectos…”. Preguntado por el juez sobre quién le había indicado que tenía que entrevistarse con Juan Fernández, este trabajador de Correa explicó que fue Pau Collado, vinculado al PP de las islas Baleares.

El escrito de los socialistas apunta también que Juan Fernández Caballero intervino activamente en dos polémicas adjudicaciones a la trama: el cubrimiento de la piscina de La Poveda y la circunvalación de la AR30, que fueron realizadas por dos empresas acusadas de pagar comisiones ilegales: Teconsa y Constructora Hispánica.

Pero la tercera de las adjudicaciones de suelo municipal en la que presuntamente habría participado Juan Fernández Caballero fue la adjudicación de una parcela a Martinsa en noviembre de 2004. El Ayuntamiento aprobó la venta en 77 millones, pese a que previamente la parcela había sido tasada en 100 millones. La decisión la tomó a cargo de Martín Vasco, ahora diputado del Grupo Mixto en la Asamblea tras ser expulsado del PP, cuando era consejero delegado de la empresa de fomento de Arganda.

Pese a que la adjudicación fue en 77 millones, Martinsa solo ha abonado 66 millones. El Ayuntamiento permitió a la empresa levantar más de 1.000 viviendas en esas parcelas, pero posteriormente le autorizó a construir otras 800 casas más. Martinsa no ha llegado a edificar en el solar.

En una de las grabaciones realizadas a Correa, el cerebro de la trama: “Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda. Tardó seis meses. En mayo, todo liquidado. Me debe aún un millón de euros”. A su vez, en otra grabación realizada a Isabel Jordán, una de las empleadas de la red corrupta, esta alude a la operación: ” le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no se lo daban”. La investigación de Pedreira ha constatado que Martín Vasco percibió 340.000 euros de la trama. Sobre este diputado pesa una fianza de 950.000 euros.

Al polémico concurso a Martinsa que Pedreira está investigando se presentaron tres empresas. El Consistorio, a la hora de valorar las ofertas, no se fio solo de las opiniones de sus técnicos, sino que delegó parte de la baremación en dos consultoras privadas: Aguirre Newman y Plarquin. Esta última había sido propiedad de Enrique Porto antes de ser nombrado director general de Urbanismo en 2003 (dimitió en 2006). Según fuentes del caso, el magistrado Pedreira, que el 5 de enero solicitó un informe de esta operación, tiene en su poder un documento que prueba que Juan Fernández Caballero fue el encargado de firmar el pago de los honorarios de Aguirre Newman, de 22.000 euros.

Los técnicos del Ayuntamiento de Arganda, la sociedad Aguirre Newman y Plarquin valoraron aspectos diferentes del polémico concurso. Y además entregaron sus puntuaciones sucesivamente. Primero entregó su parte Aguirre Newman, ganando Sacresa. Cuando los técnicos del Consistorio presentaron su baremación, también. El último en entregar su valoración fue Plarquin, que se encargaba de determinar la solución técnica y la propuesta estética. Y Martinsa ganó el concurso.

* El País – 20.04.11
Foto: Arganda del Rey (Madrid), adjudicación obra a Martinsa – elpais

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* YouTube – lampiweb – 26.03.11
Caceria de un concejal de urbanismo socialista en los bosques de Alcafran en la Peninsula Iberica por Jose Mota

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