Notas de Prensa

Después de las elecciones el 20 de Noviembre, España tiene un nuevo gobierno del PP cuyo líder es Mariano Rajoy.
En la intervención de, María Dolores de Cospedal anunció en la rueda para periodistas, al finalizar el meeting de la dirección Partido Popular, cuáles serían los siguientes acontentecimientos del PP:
- El 13 -12-11 se armaran las nuevas cámaras: Congreso y Senado, a razón de la votación del pasado 20-N.
- El 20 y 21 de diciembre se celebrará en la cámara alta la proclamación de Rajoy como presidente de España.
- El 22 -12-11: Publicará la organización de su nuevo gobierno: qué personas ocuparán qué cargos
- El 23 de diciembre: Se producirá la primera convocatoria del Consejo de representantes
Como vemos, la agenda del Partido Popular estará a tope de acontecimientos, lo que es lógico cuando se da una sucesión de gobierno. Ha explicado que va llevar a cabo estos procedimientos en el plazo más pequeño posible, y de este modo formar los partidos nuevos cuanto antes.
Bastantes españoles están esperando sus medidas económicas, cómo serán las relaciones con la canciller alemana Angela Merkel o con el jefe de estado francés Nicolás Sarkozy, dos columnas cruciales en lo que a la situación de la economía europea se alude. Todo ello es porque la economía española no está teniendo su mejor momento, la cantidad de parados hacen que exista estrés ante las soluciones del nuevo presidente, si llegará an un acuerdo con la banca internacional, qué recortes en servicios al ciudadano (como educación o pensiones) les afectará a los españoles y qué .hará con las empresas para mejorar la creación de empleo que tanto ha originado en la oposición. Ahora estamos esperando a ver qué sucede con las elecciones Andalucía.

La vida en las ciudades satura en muchas ocasiones. Tener que estar sometidos a un horario de trabajo muy extenso, sin casi tiempo para relajarnos ni descansar y tampoco para disfrutar del ocio. Caminar por calles llenas de tráfico y de gente que la transita, el transporte público satura, los atascos en las autovías, todo esto genera ansiedad y quita relajación para muchas personas.
Es por eso que mucha población decide irse a vivir al campo, ya que con una gran conexión de adsl rural o internet via satélite estás igual de conectado a la vida y puedes estar en un lugar más relajado.
Actualmente, muchos trabajos puedes desarrollarlos online en su totalidad. La inclusión de internet en las organizaciones es tal, que muchas rutinas no sólo estan informatizadas, sino que también se puede acceder a las mismas a través de internet (en este caso Internet rural).
El concepto de comercio electrónico ya no es nuevo, casi todas las sucursales tienen una plataforma que puede gestionar la venta desde la página web.
Otra cosa que no te puede faltar en un trabajo desde la casita del campo es una centralita ip, para poder gestionar todas las llamadas, como si siguieras en la empresa de la ciudad, llaman a la sede principal y te pasan la llamada a tu casa a través de la centralita. Si no tienes teléfono puedes contratar internet sin línea telefónica.
De esta manera podrás combinar las caminatas por el campo, el trabajo del huerto con tu trabajo habitual. Incluso, puedes hacer una asociación de productos ecológica y sacarla por Internet, aunque para ello te haga conseguir otras familias interesada en ello, ahora en las capitales está muy de moda consumir productos organicos, y cosas ecológicas, que no contengan nada de transgénicos y así llevar una vida sana.

La temática del blog que he elegido es como se puede tener constancia al leerlos es el futbol club barcelona (FCB). he elegido este tema por que considero que actualmente todo el mundo tiene que conocer que es el futbol y como se puede y se debe jugar  de una forma q vistosa y elegante. En cuanto a la información sobre mí, soi un fanatico del barcelona desde que considero q tengo el uso de razon considerable. cirto es que me hice segudor del todo poderoso barcelona a…

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La historia que se presenta en la película Sin identidad es muy atrapante para todas las personas. El comienzo esa marcado por un hecho muy duro y abrupto como es un accidente automovilístico. Allí, aparece en acción el doctor Martín Harris, Liam Neeson, que cuando se despierta después del fuerte impacto, descubre que su mujer, January Jones, no lo puede reconocer. Este no es el único problema que se le presenta a Martín, sino que también hay otro hombre, Aidan Quinn. El mismo le roba la…

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LAOPINIÓN/Málaga* : El fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ha solicitado este martes para la Fiscalía de Málaga más medios personales, en concreto personal auxiliar; y materiales, sobre todo técnicos; aunque ha incidido en las necesidades “urgentes” de los fiscales Anticorrupción, que en su opinión realizan una labor “admirable y muy rigurosa”. García Calderón, que ha acudido a una inspección ordinaria de la Fiscalía malagueña, ha indicado que las tareas de los fiscales Anticorrupción están “avaladas por el trabajo desarrollado durante años, junto a funcionarios policiales, de Hacienda o de Inspección urbanística”, aunque ha apuntado que “necesitan contar con medios suficientes a nivel telemático, espacios y personal técnico cualificado”. “Sólo su capacidad de trabajo y su esfuerzo están permitiendo que sostengamos las peticiones en los juicios orales, porque creo que necesitan urgentemente un apoyo que vamos a pedir a distintos organismos”, ha indicado el fiscal andaluz, entre los que ha citado la Junta de Andalucía, “en lo que respecta a las necesidades personales y materiales”.

Ha manifestado que “no sería descabellado una unidad policial propia, adscrita a Policía Judicial” y ha afirmado que “podemos instar el que puedan contar con apoyo de la Agencia Tributaria”. En este sentido, ha explicado que el modelo de la Fiscalía Anticorrupción cuenta con adscripciones permanentes “y podríamos buscar una solución parecida, sobre todo personas que conozcan la contratación pública y la cuestión fiscal”.

García Calderón ha recordado que la Fiscalía Anticorrupción “es también contra el crimen organizado”, materia en la que ha dicho “habría mucho trabajo que desarrollar”. Además, ha asegurado que se vincula a otros servicios de la Fiscalía, como el de la Cooperación Jurídica Internacional, que, en su opinión es también “completamente deficitario” en cuanto a medios materiales y personales.

Ha asegurado que “no es cierto” que las grandes operaciones en la Costa del Sol ya hayan pasado, sino que “se pueden estar gestando”. Cuestionado por la sentencia del caso ‘Ballena Blanca’, ha dicho no compartir las críticas a la Fiscalía y a la instrucción y ha indicado que la labor del fiscal Anticorrupción fue “suficientemente rigurosa” y “existían…

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ELPAÍS/Guipúzcoa* : Las autoridades medioambientales no se encuentran nada conformes con el proyecto de construir un puerto exterior adosado al monte Jaizkibel, como pretende la Autoridad Portuaria de Pasaia. El Ministerio de Medio Ambiente ha elaborado un documento de alegaciones muy crítico con esta infraestructura. Los reparos que plantea a la futura dársena cobran especial relevancia al ser Medio Ambiente quien, en última instancia, debe aceptar la ejecución de dicha infraestructura o impedirla, como hizo recientemente al denegar la ampliación del puerto de Tarifa. El informe ministerial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, concluye que el puerto exterior altera “significativa e irreversiblemente” los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC, un ecosistema protegido) de Jaizkibel y Ulía y que la operación resulta “insostenible” desde el punto de vista económico. Y avisa de que, si se libera el puerto interior, estos terrenos “no pueden patrimonializarse, ni incorporarse a un proceso urbanizador”.

Como colofón, el informe del departamento que encabeza Rosa Aguilar considera conveniente profundizar en la llamada “Alternativa 2″: mantener el puerto actual, crear la plataforma logística Lezo-Gaintxurizketa y regenerar el área de La Herrera. Apuesta por esta solución porque “permite mantener inalteradas las condiciones del litoral exterior, incide favorablemente en la regeneración de la bahía y propicia alcanzar un volumen de tráfico compatible con el desarrollo de la actividad portuaria”.

Medio Ambiente deja claro que “el tráfico portuario no parece justificar en modo alguno la operación” de construir un puerto exterior. Basa esta afirmación valiéndose precisamente de las previsiones que realiza el Puerto de Pasaia. Expresa su extrañeza por la pretensión de invertir 765 millones de euros en la dársena exterior para lograr “un incremento inferior a los dos millones de toneladas anuales”. Con el puerto actual y una plataforma logística, en 2030 se moverían 7,6 millones de toneladas, mientras que con el puerto exterior, 9,39 millones de toneladas.

Ante el propósito de la central térmica a la futura dársena, el ministerio advierte de que la Ley de Costas fija que “no puede haber rellenos para usos no portuarios” y que quedan denegadas las actividades energéticas, industriales y similares, “para cuya ubicación pueden existir alternativas fuera del relleno propuesto”.

Los principales reproches contenidos en el informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar van dirigidos a los impactos que ocasiona la solución elegida por Pasaia. “La alternativa seleccionada altera significativa e irreversiblemente la naturalidad de la Zona de Especial Conservación (ZEC)” que forman los LIC Jaizkibel y Ulía “al introducir un elemento discordante, totalmente artificial, en la franja litoral: el denominado puerto exterior”. Afecta a los valores “más relevantes” del entorno: “paisaje, geomorfología y biodiversidad marina, dinámica y procesos litorales, sedimentos del fondo marino, vegetación y fauna marinas, entre otros”.

El informe critica que no se hayan tenido en cuenta las afecciones ambientales, ni la viabilidad técnica y económica de los accesos al puerto por carretera y ferrocarril mediante sendos túneles. Y echa en falta concreción sobre los dragados precisos para construir la infraestructura.

El ministerio aconseja “verificar” que el plan director no afecta a especies y hábitats protegidos por la legislación, y recuerda que la zona donde se pretende construir el puerto exterior “se incluye en el PSSA” (Áreas marítimas particularmente sensibles) de la OMI (Organización Marítima Internacional) de las Naciones Unidas, que califica el litoral del Jaizkibel como “un área que requiere una especial protección por sus valores ecológicos, socioeconómicos o científicos y que es especialmente vulnerable a las actividades marítimas”.

En su parte final, el documento concluye que el análisis económico financiero que el propio Puerto de Pasaia ha incluido en su plan director de infraestructuras “pone de manifiesto la insostenibilidad, sin aportaciones externas, de la operación”, incluso contabilizando los ingresos procedentes del negocio que generaría la regasificadora prevista. Es crítico porque Pasaia no ha contemplado siquiera el coste de las medidas preventivas y correctoras, ni de los accesos viarios a la dársena exterior.

Este informe se suma al entregado por la Dirección de Biodiversidad del Gobierno vasco, también muy crítico con el puerto exterior, y que, entre otras consideraciones negativas, subraya que la futura dársena afecta a elementos “clave” del ecosistema, por lo que su construcción en las faldas del Jaizkibel solo podría justificarse alegando raznes relacionadas con “la salud humana y la seguridad pública”, siempre “previa consulta a la Comisión Europea”.
La regeneración de la bahía es incompleta

Todos los informes de las autoridades medioambientales vienen a decir lo mismo. Coinciden en que la Autoridad Portuaria de Pasaia deja en un segundo plano la regeneración integral de la bahía y da prevalencia a su principal pretensión: construir el puerto exterior. Así lo expresa también el Ministerio de Medio Ambiente. Cuestiona a la dirección del puerto por dedicar tantos detalles a plasmar las nuevas instalaciones y, en cambio, ofrece un listado insuficiente de medidas para corregir los destrozos ambientales que provocaría el puerto exterior. Tampoco entiende las razones por las cuales no se han incluido las medidas correctoras en la bahía.

La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa llega a enumerar hasta un total de siete soluciones para mejorar el entorno portuario, las zonas que se encuentran más próximas a los vecinos. La primera tarea consistiría en “recuperar los espacios terrestres del frente litoral de la bahía”, con la “apertura al público y al tránsito peatonal de toda la ribera marítimo-terrestre de la bahía”. También propone la “recuperación ambiental de la lámina de agua”, mediante la retirada de rellenos, recuperación de fondos y regeneración de playas y marismas. En tercer lugar, plantea recuperar el entorno de la zona portuaria, como los tramos finales de la ría de Oiartzun o la regata de Molinao.

El ministerio dedica especial atención a que “no consta mención alguna” en el Informe de Sostenibilidad de Pasaia sobre la zona de transición entre el acabado del relleno de la nueva dársena y el LIC del Jaizkibel.

En este mismo apartado, Medio Ambiente amonesta a la Autoridad Portuaria por incluir en sus planes la posibilidad de utilizar arena de algunas playas para hacer el relleno de la futura infraestructura. “De producirse la ampliación, debe plantearse de manera que no se utilice la arena como material de relleno, sino que sea extraída y depositada, bien en tierra o en mar, para su posterior reutilización en la regeneración de playas o para las medidas correctoras o compensatorias que se determinen”, asegura el ministerio en esta parte el informe.

Las cinco soluciones planteadas

- “Alternativa 0″. También denominada “No intervención”. Se mantiene la configuración operativa del puerto actual y se construye una plataforma logística portuaria en el corredor logístico Lezo-Gaintxurizketa.
- “Alternativa 1″. Colaboración con otros puertos. Se desvían los tráficos de chatarra y productos siderúrgicos a instalaciones cercanas (Bilbao o Bayona), al tiempo que se complementa con una plataforma logística (puerto seco) en el corredor Lezo-Gaintxurizketa.
- “Alternativa 2″. El puerto actual se mantiene y se crea una infraestructura logística en la zona de Lezo-Gaintxurizketa. La Herrera se desafecta del ámbito portuari0 y se regenera tanto ambiental como urbanísticamente.
- “Alternativa 3″. Nuevo puerto con una superficie terestre de 172 hectáreas en el litoral del Jaizkibel y al que se trasladan todos los tráficos comerciales actuales.
- “Alternativa 4″.Configuración optimizada del nuevo puerto con una superficie terrestre establecida en 100 hectáreas. Recibe toda la actividad portuaria de las actuales instalaciones.

* El País – 26.04.11
Foto: Pasaia – wikipedia

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LASPROVINCIAS/Alicante* : La investigación de la Guardia Civil sobre el crimen de Alejandro Ponsoda sigue deparando sorpresas. Primero fue la apertura de una nueva causa relacionada con una supuesta trama urbanística en Polop, por la que están imputados uno de los presuntos inductores del asesinato, Juan Cano, que sucedió a Ponsoda como alcalde, el ingeniero José Vicente Martí y el exedil Jaime Narbó. Ahora, la magistrada María Antonia Raedo, titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción 2 de La Vila, ha ordenado abrir otro procedimiento por un delito de cohecho contra el propio Cano y quien fuera su mano derecha en el Ayuntamiento y el PP local, Joaquín Montiel. Así se desprende de una providencia dictada por la juez instructora el pasado 8 de octubre a la que ha tenido acceso este diario. En ella, Raedo incorpora a la causa un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO), el grupo de élite de la Benemérita que continúa al frente de las pesquisas. Los agentes han obtenido una conversación grabada que apunta a que los todavía concejales podrían haber exigido dinero a un constructor a cambio de algún trato de favor desde sus respectivos cargos públicos. El CD con esa grabación ha sido incluido ya en las diligencias previas 2793/2007, las del crimen, aunque Raedo ha ordenado que se deduzca testimonio de la misma como paso previo a incoar un procedimiento distinto por soborno.

Esa providencia fue recurrida por el abogado de Juan Cano, Carlos Ruiz Manero, y la de Robert Franek, uno de los dos presuntos sicarios checos acusados de liquidar a Ponsoda. Ambos letrados sostenían que la UCO estaba actuando de forma irregular al realizar indagaciones sin mandato expreso de la juez.
Sin embargo, la Audiencia, en un auto fechado el pasado 5 de abril y publicado también por este periódico, avala ese proceder, aunque no se pronuncia sobre la validez de la grabación incorporada al sumario. «La resolución judicial trata de incorporar al proceso el resultado de la investigación policial, que es donde debe estar, para proceder a la oportuna contradicción», precisan los magistrados de la Sección Primera.
En la providencia recurrida no se hace mención alguna al contenido de la conversación. Raedo se limita a ordenar su incorporación a la causa y a requerir a los investigadores que aporten la «transcripción» de la misma para «la oportuna adveración por la secretaria del juzgado», previo paso a «deducir testimonio por la posible existencia de un delito de cohecho presuntamente cometido por Juan Cano y Joaquín Montiel».
Fuentes jurídicas consultadas por este diario confirmaron que la grabación es la misma a la que se hace referencia al principio del sumario y que dejaron fuera del Ayuntamiento a ambos regidores en las elecciones municipales de 2003.
El exconcejal Juan Andrés Llorens, enfrentado a Cano, a quien sucedió en la Concejalía de Urbanismo durante la legislatura 2003-2007, declaró a la Guardia Civil que fue el entonces presidente de la Diputación de Alicante y del PP provincial, Julio de España, quien tomó la decisión de apartarles.
Según su versión, el dirigente popular convocó a una reunión a Ponsoda, él mismo y otros tres concejales para pedirles que sacaran de la lista del PP para las municipales a Cano y Ximo Montiel. «Nos dijo que si no lo hacíamos, se presentarían otras listas. Todos protestamos porque no sabíamos qué pasaba. La explicación que nos dieron es que estaban afectados por una trama urbanística y que habían sido grabados mientras pedían dinero a un constructor».
Esa grabación no ha visto la luz hasta ahora. La dirección provincial del PP decidió echar tierra sobre este asunto ante la proximidad de los comicios. «Nos dijeron que no querían dar publicidad a las cintas debido a que afectaban a las próximas elecciones», relató Llorens a los agentes.
Los representantes del PP de Polop llamaron a Cano y Montiel para que diesen su versión de los hechos, «pero se negaron rotundamente, dando a entender la veracidad de los hechos», prosigue el testigo. «Negociamos la salida de estas personas y se les posicionó en los puestos 10 y 11, en los que realmente no tenían posibilidad de salir elegidos».
Este presunto delito de cohecho podría haber ya prescrito. La misma sombra de prescripción planea también sobre otra de las causas judiciales abiertas a raíz del crimen por una supuesta trama urbanística.

* Las Provincias – 25.04.11
Foto: Polop (Alicante) – flickr.com

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CINCODÍAS* : El 76% del patrimonio de los españoles está en ladrillo, y los depósitos son el principal destino de la riqueza financiera de las familias. El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, animaba la pasada semana a los ciudadanos a procurar a sus descendientes una herencia diferente a la vivienda. España necesita “lograr que las familias crean que lo mejor para sus hijos no es dejarles un piso”, decía en unas jornadas organizadas por el IESE. Las palabras de Campa contradicen, no obstante, la política tributaria y social instaurada en el país desde la democracia, principal acicate de la inversión en ladrillo de los particulares. Según el planteamiento de Campa, el cambio del modelo económico español exige que la vivienda pierda terreno frente a otras alternativas de ahorro e inversión, más líquidas y productivas. Con un parque de viviendas cercano a los 27 millones de casas y algo más de 17 millones de familias registradas por la EPA, España es uno de los países con mayor riqueza de los hogares concentrada en el inmobiliario. De hecho, ésta representa un valor del 530% sobre el PIB, frente al aproximadamente 600% que supone el patrimonio total de las familias.

Pero, ¿qué ocurre con el dinero que no está en el ladrillo? ¿Cómo distribuyen los españoles ese capital?

Atendiendo a la disección por productos de los activos financieros, puede observarse que los españoles optan por los vehículos de inversión y ahorro más conservadores. Casi la mitad de la riqueza de las familias no asociada al inmobiliario (859.913 millones de euros de 1,7 billones) corresponde a efectivo y depósitos, según la información del Banco de España. De esta cantidad, un 53% son depósitos a plazo o estructurados, mientras que el 35% son depósitos transferibles, es decir que pueden ser movilizados o convertibles en efectivo ipso facto sin restricciones o grandes penalizaciones.

A continuación, se sitúan las acciones en empresas cotizadas o no, así como otras participaciones por ejemplo en sociedades de responsabilidad limitada, en cooperativas, etc. También aquí se engloban las aportaciones en fondos de inversión, así como las cuotas participativas que emiten las cajas de ahorros. En conjunto, la cuantía absorbida por esta categoría asciende a 520.678 millones de euros, de los que la inversión en Bolsa alcanza un 20%.

El tercer puesto del ranking lo ocupan las reservas técnicas en seguros, en la que los españoles tienen alojados algo más de 268.600 millones de euros. Dentro de éstos, los seguros de vida -habitualmente asociados a la contratación de una hipoteca- son los de mayor consistencia. De cerca le siguen los fondos de pensiones y más marginales resultan los relacionados con primas y siniestros, que apenas superan el 11%.

Cerrando la clasificación, y con poca diferencia entre sí, están los valores distintos de acciones y las cuentas pendientes de cobro, que representan poco más del 3%, cada uno. Los primeros hacen referencia a aquellos instrumentos financieros al portador, normalmente negociables, pero que no confieren derechos de propiedad sobre la institución que los emite, los derivados y las permutas de los tipos de interés. Por otra parte, las cuentas pendientes de cobro recogen los créditos concedidos a los hogares por sociedades no financieras -por ejemplo, los grandes almacenes- cuando éstas financian la venta de un bien o servicio, así como los derechos que se producen por desfases temporales entre el momento de la operación y la fecha del pago correspondiente.

De cada 100 euros de patrimonio…

Dejando aparte la deuda generada por los activos, cada familia española tiene de media 329.223 euros de patrimonio inmobiliario y 104.275 euros de riqueza financiera -50.500 euros serían efectivo y depósitos; casi 30.700, acciones y participaciones, y 15.800 euros, seguros-. Es decir, por cada euro de riqueza inmobiliaria, los hogares poseen 30 céntimos de financiera.

En términos prácticos, esto significa que de 100 euros de patrimonio familiar, 76 corresponden a bienes residenciales y solamente 24 euros a otros productos: casi 12 euros, a efectivo y depósitos; poco más de 7 euros, a acciones y participaciones, y cerca de 4 euros, a seguros. Estos cálculos evidencian ese desequilibrio en la cartera de ahorro e inversión de los españoles que tanto disgusta al secretario de Estado de Economía.

Menos inversión productiva

El mapa de reparto del dinero no ha variado demasiado en la última década, según se extrae del histórico del Banco de España. Las familias no han cambiado su pauta de ahorro en años, y depósitos, acciones en empresas y seguros han configurado, por este orden, las preferencias. Eso sí, cabe algún matiz significativo.

Comparando las estadísticas de 2002 y las de 2010, se observa que el capital destinado a la adquisición de acciones y participaciones ha caído en favor de los depósitos. Es decir, la crisis ha vuelto a los españoles aún más reacios al riesgo. Así, del 36% que representaban los derechos de propiedad en sociedades en 2002 se ha pasado al 29% actual. Por el contrario, las cuentas bancarias que suponían un 42% del total de activos financieros superan ahora el 48%. La apuesta segura de estos productos, en detrimento de la inversión que incentiva la actividad empresarial, pone trabas al tan codiciado cambio de modelo productivo.

Otra nota destacada es el estancamiento de la inversión en Bolsa. Pese a que algunos análisis evidencian que en un periodo medio-largo la renta variable es una de las fórmulas de ahorro más rentable, los españoles no acaban de entrar en el mercado. Durante los últimos diez años su peso ha caído. En 2002, el importe en acciones cotizadas representaba un 7,27% del total de activos financieros. Al cierre del cuarto trimestre de 2010, era más de un punto inferior, del 5,95%.

Llama la atención, asimismo, todo el dinero al que los españoles no dan utilidad: 93.000 millones de euros -algo menos del que los particulares tienen en Bolsa- son líquido y cuentas corrientes, y como tal, no reportan ningún beneficio a los propietarios más allá del estar ahí.
Evolución cronológica de la deducción en vivienda

- El incentivo a la inversión en vivienda está presente en el Impuesto sobre el IRPF desde 1978, cuando se introdujo una deducción del 15%.

- En 1987 llegó el primer cambio: el tipo aplicado sobre los inmuebles de nueva construcción ascendía hasta el 17%. Duró poco y solo un año después la legislación lo recortaba hasta el 10%.

- El ministro de Economía y Hacienda Carlos Solchaga eliminó a principios de los noventa la deducción por vivienda distinta a la habitual.

- Durante 1998 se establecieron los tipos incrementados, es decir, la deducción pasaba a ser del 25% aplicable a la mitad de la base de deducción durante los dos primeros años después de la compra y del 20%, a partir del segundo año.

- En 2006 se produce una nueva modificación y se fija una deducción del 15%.

- La última revisión es de este mismo año. A partir de 2011, las rentas inferiores a 17.100 euros podrán deducirse un 15%. Para las rentas inferiores a 24.000 euros cabe el mismo porcentaje pero cayendo según el nivel de ingresos. Por encima de este umbral, desaparece el incentivo fiscal asociado a la adquisición de vivienda.

* Cinco Días – Mamen Ponce de León – 20.04.11
Foto: Vivienda Digna, manifa ladrillo y presos (archivo)

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ÁVILADIGITAL* : El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ávila, ante la “patente” y “palpable” vulneración del procedimiento. Igualmente, se confirma la orden de desmantelar las instalaciones y obras realizadas, devolviendo la zona al estado original y se apunta al alcalde de la localidad, José Martín Llorente, como “autor material de la ilegalidad”. Para Juan Carlos Atienza, coordinador del Área de Conservación de la organización ecologista SEO / BirdLife, “ahora toca conseguir la restauración del pinar” y “exigir responsabilidades a los culpables de este atropello”, pues este caso “tiene que servir de ejemplo para todos los promotores que piensen que pueden enriquecerse a costa de la destrucción de zonas de alto valor ambiental”.

En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Consistorio de Villanueva de Gómez, contra la sentencia del Contencioso-Administrativo de Ávila de julio de 2010, de manera que se revoca la sentencia sólo en el punto 4 del fallo, referido a la modificación puntual número 4 de las Normas Subsidiarias Municipales que aprobó la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila el 29 de marzo de 2001. El resto del fallo se mantiene.

Así, la sentencia del TSJ, contra la que no cabe recurso y que está fechada el pasado 15 de abril, señala que el Ayuntamiento de Villanueva de Gómez “omitió completamente los trámites y procedimientos propios para poder aprobar” el proyecto de obras, de manera que “no es suficiente con localizar en el planeamiento los sistemas generales”, sino que “resulta imprescindible, además, aprobar un planeamiento más específico que desarrolle, de forma detallada y pormenorizada, la ordenación contenida en los planes generales”.

Y añade: “en suelo urbanizable, la actividad de ejecución exige siempre la aprobación de un plan parcial”, a lo que hay que sumar la consideración de que “el Proyecto de Sistemas Generales de Infraestructuras vulnera las Normas Subsidiarias de Villanueva de Gómez”, ya que se desarrolló “sin respetar el trazado de los viales definidos de forma estructural y esquemática en la modificación número 4”.

“La importancia y envergadura de los cambios introducidos en la modificación, así como en la enorme superficie afectada, supone que debía haberse tramitado una revisión de las normas urbanísticas, y no una simple modificación, tal y como declara la sentencia” que ahora ha ratificado el TSJ, cuyo fallo, al igual que la sentencia del Contencioso Administrativo, considera también acreditado que dicha modificación número 4 planteó “un desarrollo intensivo urbanístico con pequeñas islas de bosque”, lo que “suponía un cambio radical en la ordenación”.

Quedó, igualmente, acreditada la “realidad fáctica de importantes valores ambientales, naturales y ecológicos en las 412,4 hectáreas de pinos de la ribera del río Adaja”, de manera que “los importantes cambios de parámetros del uso del suelo que introdujo la modificación número 4 no sólo no se justificaron en la documentación del plan, ni se basaban en el interés general, sino que eran incompatibles con la riqueza natural y rústica de la zona, y con la normativa urbanística y de protección del medio ambiente vigente en el año 2001 para proteger dichos valores, por lo que hubiese procedido reclasificar el suelo en la modificación o en la revisión de las normas urbanísticas como suelo no urbanizable de protección natural”.

Así, en este supuesto, “la vulneración del procedimiento, la causa de nulidad, es tan patente y palpable que evidentemente concurre”, al igual que “lo evidencia” el hecho de que el expediente administrativo “sólo lo constituye una mera publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de difusión provincial, abriendo un periodo de información pública, a efecto de alegaciones, por plazo de 15 días, y dictando posteriormente el alcalde, previo informe de la Diputación Provincial, la correspondiente resolución, que es precisamente la objeto de revisión en este procedimiento”.

“El procedimiento que se debió seguir es el de aprobación de los planes de desarrollo urbanístico previstos en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León”, por lo que “la causa de nulidad es total y absoluta, faltando todo el trámite procedimental establecido”, por lo que “la declaración de nulidad es estimable”.

Concesiones de agua
Tras conocer el fallo del TSJ de Castilla y León, según ha recordado SEO / BirdLife, aún falta conocer el pronunciamiento de este tribunal sobre las concesiones de agua a los promotores y el resultado del procedimiento penal en el que se encuentran imputados tanto el alcalde como el promotor.

Así, hasta la fecha, se han llevado a cabo las obras de los viales que han supuesto la tala de “miles” de árboles y el asfaltado de las calles, aunque la sentencia, que ya es firma, anula la posibilidad de construir 7.500 viviendas y tres campos de golf que se proyectaban para este espacio y que “supondría la destrucción de gran parte de la superficie forestal de esta zona tan valiosa”.

* Ávila Digital – 25.04.11
Foto: Villanueva de Gómez (Ávila), pinos talados – HENAR SASTRE (nortecastilla.es)

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ABC/Sevilla* : La Consejería de Obras Públicas y Vivienda trabaja en la elaboración de un decreto que dará amparo legal al proceso de normalización de los miles de inmuebles que se encuentran en situación ilegal o irregular al haberse construido en suelo no urbanizable, y en algunos casos en terrenos de especial protección medioambiental. Un porcentaje de ellos se verá inevitablemente abocado a desaparecer por derribo, y en primera línea se sitúan las casas construidas en zonas inundables. El coste de la regularización de la viviendas que cambien de estatus administrativo y los nuevos servicios a los que podrán acceder correrá por cuenta de los propietarios. Gloria Vega, secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo desde el pasado mes de noviembre, ha sido encomendada por la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, para llevar a cabo la ardua tarea de poner orden en un capítulo de su departamento, como es sacar de la opacidad administrativa a las miles de viviendas, tanto aisladas como en formato de parcelaciones, que desde hace años incumplen la normativas urbanística. Dos comarcas, la Axarquía malagueña y el Valle del Almanzora, en Almería, han sido las elegidas para iniciar las actuaciones.

Marco legal

«El decreto forma parte —explica Gloria Vega— de un proceso que la Consejería está impulsando para dar una solución a este problema que es sumamente complejo y diverso. Hace años comenzamos a trabajar con los ayuntamientos en la realización de un inventario de viviendas levantadas en zonas no urbanizables, y dada la problemática es muy difícil pensar que es posible en el marco de la legislación un proceso de legalización total». En decir que, en momento alguno se ha optado por «una amnistía generalizada».

Según la secretaria general, «en el actual marco legal hay barreras que marcan diferentes circunstancias», como son la viviendas aisladas y las que se encuentran agrupadas en parcelaciones urbanísticas. Pero incluso en el capítulo de las casas aisladas, modelo que predomina en la Axarquía, también se dan distintos casos. «Hay viviendas históricas que llevan casi toda la vida en suelo no urbanizable y que carecen de autorizaciones, pero que sin embargo son legalizables por su origen histórico. Se dan también las viviendas que se construyeron legalmente y que ahora no lo son, porque la normativa del momento permitía que se levantaran en suelo no urbanizable en determinadas circunstancias, que luego cambiaron con la aprobación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)». Con ello, las viviendas legales pasaron —y así se consideran en la actualidad— a irregulares.

Régimen distinto

El borrador de decreto que presentó días atrás Josefina Cruz al Consejo de Gobierno prevé dejar a esos inmuebles, indica Gloria Vega, «fuera de ordenación, y deberán tener un régimen distinto al de las viviendas que han surgido tras la LOUA, y que son ilegales desde el primer momento».

Existe, sin embargo, otra variante, es la de aquellas casas que se construyeron en zonas no autorizadas después de entrar en vigor la Ley, pero al haber pasado cuatro años desde que fueron finalizadas, en función de esta normativa no pueden ser objeto de medidas disciplinarias. «La solución es muy problemática. Las viviendas no son legales, no se pueden legalizar, pero tampoco se pueden tirar», asegura la secretaria general.

El decreto aborda todos estos «paquetes» y contemplará en el caso de las parcelaciones la idea es «desarrollar la LOUA, y en el de las viviendas aisladas se prevé el procedimiento específico, en el marco de esa ley, para diferenciar la vivienda que nació legal y se quedará fuera de ordenación, de la que nació ilegal y que no se puede legalizar porque han pasado cuatro años. A estas últimas se les va a reconocer su situación a través de un régimen específico».

Concretando aún más, las casas fuera de ordenación podrá acceder a «una licencia de ocupación», la aspiración de todos los propietarios, y las ilegales pero que han prescrito y no se pueden demoler, recibirán un reconocimiento que se denomina «asimilado a fuera de ordenación».

Término confuso

Reconoce Gloria Vega que el término es un tanto confuso, pero es el que figura en el reglamento de disciplina urbanística. «Suena como si fuera igual que fuera de ordenación, pero son regímenes diferentes, porque el primero tiene licencia de ocupación y puede acceder a los servicios (luz, agua, etc), y el segundo también dispondrá de servicios», pero con matices, con la fórmula del autoabastecimiento, y ofreciendo el propietario garantías al ayuntamiento en materia de habitabilidad, de seguridad o de vertidos que no afecten al medio ambiente.

«Las viviendas que no se podrán legalizar en ningún caso», subraya la secretaria general, «son la que están en suelos protegidos, las que no están finalizadas (la orden de paralización ha llegado cuando estaban en fase de estructura) y las que están afectadas por la LOUA y no han transcurrido cuatro años desde que fueron terminadas, periodo que marca la Ley para la prescripción. A ninguna de estas viviendas amparará el decreto, por lo que, llegado el momento, tendrán que desaparecer».

Advierte Gloria Vega que los trámites a seguir desde que se detecta una construcción irregular o ilegal hasta que se procede a su derribo son arduos. «Que no piense la gente que los mecanismos consisten en decir tú eres ilegal y mañana llega la grúa y procede a la demolición».

Puestos a priorizar, las primeras viviendas susceptibles de derribo son las que ocupan el dominio público hidráulico de zonas inundables. «Esas no tendrán arreglo —subraya la secretaria general— por el riesgo que tienen. Pero si por los estudios que se hagan se ve que los terrenos de dominio público no son inundables, las viviendas quedarán fuera de ordenación».

Hay otra excepción. Cuando por vía del planeamiento se puede llevar a cabo una actuación, una obra, «para evitar la inundabilidad», circunstancia que se puede dar en los núcleos considerados históricos y que eran legales en su origen.

* ABC – 22.04.11
Foto: Operación de derribo de una vivienda ilegal cercana a la capital cordobesa – abc

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